Desde la presencia de observadores internacionales hasta cuartos oscuros adicionales y sobres inviolables para trasladar los resultados de mesas, las elecciones del domingo en Argentina para definir el nuevo presidente serán las más controladas de su historia.
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Incluso, se prevé una mayor participación de ciudadanos escogidos por cada fuerza política para fiscalizar la votación en los colegios, y estas personas ya comprometidas pueden hasta ser sancionadas con multas o a penas de prisión por ausentarse a su deber cívico.
Además, el Comando General Electoral, un mecanismo que estableció el Ministerio de Defensa en conjunto con el de Justicia (MinJus), lleva a cabo un abarcador operativo que incluye el seguimiento por GPS en tiempo real de camiones en el repliegue de urnas.
El viernes, el ministro de Justicia, Julio Alak, presentó una importante delegación internacional compuesta por magistrados, académicos y expertos en temas electorales que participarán como observadores este domingo, otra de las medidas consensuadas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) que dirige Santiago Corcuera.
Esas, y otras, son algunas de las regulaciones que se adoptan por primera vez para asegurar la transparencia y reafirmar la legitimidad de la elección presidencial ante las pretensiones de algunos políticos de la derecha argentina que ya iniciaron una campaña para denunciar fraude y así desacreditar los resultados.
Varias de las medidas fueron propuestas por las fuerzas opositoras, y recibieron el aval de la CNE.
No obstante, el viernes, por ejemplo, las autoridades electorales detectaron una irregularidad por parte de la alianza de derecha Cambiemos.
El titular de la Dirección Nacional Electoral (DNE), Alejandro Tullio, salió el viernes al cruce de lo que algunos medios describieron como nueva operación de Cambiemos que no repartió la cantidad suficiente de boletas en la provincia de Buenos Aires. «Nos llama poderosamente la atención que no puedan proveer boletas de votación», advirtió.
Desde la jefatura de esa fuerza admitieron la falta y Tullio ofreció colaboración. Cambiemos se excusó diciendo que no confían en el Correo Argentino.
Por ejemplo, medios y organizaciones que responden a los grupos opositores de poder han creado aplicaciones para celulares que presentan como herramientas para vigilar y cuidar la votación, pero igualmente sirven para desencadenar una campaña de descrédito en caso que así lo decidan sus punteros políticos.
El diario La Nación, uno de los grandes medios opositores, divulga hoy un artículo sobre seguridad electoral que menciona la creación de esos mecanismos que no están avalados por ni por la CNE ni la DNE.
«La aplicación «Ojo con el voto», desarrollada por Poder Ciudadano y Pol-It, con apoyo de LA NACION y Clarín, permitirá a los votantes difundir si detectan cualquier tipo de anomalía en los cuartos oscuros, las boletas o en el procedimiento general de la votación en la escuela que se les designó, con el relato de su experiencia», señala el periódico opositor.
Poder Ciudadano es una organización que responde al partido ultraconservador de la Ciudad de Buenos Aires, Propuesta Republicana, que tuvo entre sus dirigentes a la actual diputada nacional Laura Alonso que la utilizó incluso como plataforma electoral.
Esa organización fue denunciada anoche por el gobierno argentino como una de las que participó en una maniobra política-mediática en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, en abierta interferencia al proceso electoral en Argentina.
La CNE junto a la DNE, con respaldo del MinJus, quieren evitar la crisis que atentó contra la institución democrática que generó en la provincia de Tucumán la conmoción desatada en junio por las denuncias de la oposición sobre presuntas irregularidades para desacreditar el resultado electoral.
Para Tullio, serán las elecciones «más controladas de la historia» argentina, ya que en estos comicios «se tomarán mayores medidas de control y se pondrán elementos de seguridad a disposición de los partidos políticos que le darán transparencia al proceso electoral».
A manera de confirmación, el ministro Alak confirmó la víspera que más de 96 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales y provinciales custodiarán los 15 mil establecimientos en los que podrán votar más de 32 millones de electores.
«El acto electoral contará con el control de 190 mil presidentes de mesa y suplentes, elegidos por la Justicia Federal con competencia electoral, y la participación de unos 500 mil fiscales de los partidos políticos», agregó el funcionario que tiene bajo su órbita la realización del escrutinio provisorio.
Por Martin Hacthoun
Buenos Aires, 24 de octubre 2015
Crónica Digital / PL
