También emplazó al director de Aduanas a aclarar si tuvo conocimiento de los hechos. El diputado comunista Luis Cuello presentó este lunes ante la Contraloría General de la República una denuncia contra la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE) por la adquisición de rodamientos falsificados para uso militar adquiridos en Panamá en el año 2020. Según se consigna en la denuncia entregada a Contraloría, la empresa Advantage Logistic Corp, cuya sede se encuentra en la República de Panamá, habría vendido por la suma de USD 13.903,76 repuestos para material militar a FAMAE los cuales fueron en su momento denunciados como “falsificados” por personal de Aduanas en septiembre de ese año. Junto con esto, Cuello advirtió que la empresa Advantage Logistic Corp es una proveedora activa y además lobbista frente a FAMAE y el Ejército, lo cual dejaría dudas sobre otras ventas irregulares en una institución vital para la defensa nacional. Frente a estos hechos el diputado mencionó: “nos parece muy grave la compra de repuestos falsificados para vehículos militares porque es un peligro para la Defensa y para los funcionarios del Ejército. Nos preguntamos si esta compra es un hecho aislado, como otros tantos hechos aislados del último tiempo. Por eso pedimos a la Contraloría que investigue todas las importaciones de FAMAE durante el gobierno de Piñera”. Por otra parte, Cuello exigió además la aclaración de la situación por parte del Servicio Nacional de Aduanas: “también exigimos que el Director Nacional de Aduanas aclare si tuvo conocimiento de estos graves hechos y qué acciones adoptó”. A lo anterior el diputado añadió: “en este nuevo período histórico no vamos a tolerar que se juegue con la seguridad del país y los recursos de los chilenos y chilenas”.
luis cuello
El medicamento que Isapre Nueva Más Vida se negaba a cubrir tiene un valor cercano a los 5 millones de pesos mensuales. La Corte Suprema confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre un recurso de protección, que obliga a la Isapre Nueva Masvida a cubrir el cien por ciento del costoso medicamento Olaparib (Lynparza) en el caso de la paciente con cáncer de ovario Claudia Fadda. El recurso, que fue patrocinado por el abogado y diputado electo Luis Cuello, fue interpuesto debido a la Isapre rechazó cubrir el costo total del medicamento, necesario para detener la progresión del cáncer, el cual tiene un valor cercano a los cinco millones de pesos mensuales, mientras que la aseguradora se comprometía a pagar solamente cerca de dos millones. Refiriéndose al fallo, adoptado por unanimidad, Fadda destacó que la resolución de la Corte fue “mejor de lo que esperaban”, ya que según su visión “ni los privados, ni el Estado deberían poner trabas a los tratamientos de alto costo” añadiendo sobre esto: “La idea es que el Estado exija actualizar los protocolos de cobertura del GES y de los catastróficos para que se obligue a que los tratamientos de última generación, de alto y bajo costo, estén incluidos en las canastas de los planes y que la gente sepa que se puede hacer algo siempre, porque existe el derecho a la salud y el derecho a acceder a los tratamientos que me permitan tener salud”. Por su parte, el diputado electo Luis Cuello destacó que “este fallo es muy importante. Primero porque establece que la Isapre, no obstante ser una institución privada, debe alinearse con la política pública sobre el cáncer. Además, porque determina que el acto arbitrario de la Isapre constituye una amenaza a la vida de mi representada, es decir, puso en riesgo su vida amparándose en razones estrictamente económicas.”
El gobierno de Sebastián Piñera adjudicó a dos empresas la explotación de 400 mil toneladas de litio. Hasta las puertas del Ministerio de Minería llegaron dirigentes del Movimiento Litio para Chile, parlamentarios de oposición y un convencional constituyente para protestar por la reciente licitación del mineral por parte del Gobierno. En la instancia Gregorio Pérez, secretario del Movimiento “Litio para Chile”, saludando el apoyo a la defensa del litio en el parlamento por medio de proyectos de ley que frenan esta licitación, declaró: “es evidente la contradicción de esta licitación cuando se está ad portas de un cambio de Gobierno, por lo cual esto pasa a constituirse solo en un procedimiento al estilo de las leyes de amarre de la dictadura ya que, claramente, está destinada a obstruir al nuevo gobierno que asumirá en pocos días más y que contempla en su programa crear una Empresa Nacional del Litio”. Por su parte el constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza destacando que la explotación concesionada del litio comprometería el presupuesto nacional para cuatro futuros gobiernos, expresó que “la licitación mostraría el desprecio que tiene el Presidente por el proceso constituyente y la construcción de normas democráticas”, a lo cual agregó: “el debate sobre la nacionalización de los bienes públicos y estratégicos entre ellos el cobre y el litio es un debate abierto que está en deliberación en la Convención Constituyente. Por ello resulta complemente antidemocrático y autócrata, por parte del Presidente de la República, torcer la voluntad popular impulsando esta licitación y poniendo en riesgo la soberanía económica y democrática de nuestro país”. También presente en la manifestación, Luis Cuello (PC), diputado electo por la región de Valparaíso, dejando en claro que la ley que impulsa la bancada del Partido Comunista para detener esta licitación tendría un carácter retroactivo, mencionó: “Quiero advertir al Gobierno y a las empresas que no canten victoria, porque primero vamos a utilizar todos los instrumentos y todas las vías para evitar esta licitación. Y en segundo lugar hay que advertir que el proyecto de ley que ha presentado la bancada del Partido Comunista para suspender esta licitación en curso tiene efecto retroactivo y por lo tanto, de aprobarse en el Congreso Nacional, esto va a quedar en punto muerto. Entonces creo que esto debe ser un llamado de cautela tanto para el Gobierno como para las empresas para que miren con más atención lo que está sucediendo en el Congreso”. Finalmente, el subjefe de la bancada del PC, Boris Barrera, apuntó: “La decisión de este mal gobierno va en contra de la voluntad popular que eligió a un presidente con una mirada distinta del valor de los recursos naturales y el extractivismo que depreda nuestro país”.
El abogado y miembro de una serie de organizaciones sociales fue inscrito oficialmente como candidato a diputado por el distrito que agrupa a comunas como Valparaíso, Viña del mar y San Antonio, entre otras, en representación del Partido Comunista. En la noche de este lunes se inscribió oficialmente en el Servel la candidatura de Luis Cuello a diputado dentro del pacto Apruebo Dignidad por el distrito 7. El abogado de la Universidad de Valparaíso, Integrante del directorio del Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann y del movimiento territorial La Gómez Organizada de Viña del Mar, muestra una destacada trayectoria en torno a la defensa de diversas causas sociales como por ejemplo colaborar con visibilizar la huelga de hambre de presos políticos mapuches en el año 2010. Además, destacó por ayudar a frenar el toque de queda a menores de edad en Quilpué propuesto por el exalcalde Viñambres en el año 2019 y por presentar junto a distintos dirigentes sociales, la primera denuncia por fraude al fisco en contra de Virginia Reginato luego del informe de contraloría del año 2019 sobre la situación financiera del municipio Viñamarino. Consultado sobre los motivos que lo llevan a presentar su candidatura el abogado declaró: “he representado y defendido justas demandas ciudadanas frente a los poderosos. Derrotamos el toque de queda juvenil en Quilpué, acompañamos a los vecinos y vecinas en la lucha contra la instalación de los medidores inteligentes y encabecé el equipo jurídico redactor de la acusación constitucional contra Piñera”. Además el ahora candidato a diputado, destacando algunos ejes de su campaña, declaró: “Hoy el pueblo demanda más democracia, participación vinculante, protección del patrimonio ambiental, derecho a la salud. Nuestro anhelo es contribuir desde el Congreso a lograr estas demandas que surgen desde los territorios.”
El abogado Luis Cuello, junto a la concejala electa de Valparaíso, Alicia Zúñiga, los concejales electos de Viña del Mar, Pablo González y Nicolás López, y el concejal Maximiliano Miranda de San Antonio, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre el nombramiento como Comandante en Jefe de la Armada del Vicealmirante Juan Andrés de la Maza, quien estuvo a cargo de las fuerzas de orden y seguridad durante el estallido social, período en el cual se registraron una serie de violaciones a los derechos humanos en manifestaciones que se dieron en diversos puntos de la región de Valparaíso. Al respecto, el abogado Luis Cuello indicó que “creemos necesario advertir que el Vicealmirante fue Jefe de la Defensa Nacional durante el estallido social en la región de Valparaíso, período en que se produjeron numerosas violaciones a los derechos humanos. A esto debemos sumar la dura represión que sufrió la ciudadanía durante una marcha pacífica entre Viña y Valparaíso y al mismo tiempo, las declaraciones amenazantes que el entonces Jefe de la Defensa hizo al indicar que “las Fuerzas Armadas no tienen armamento de juguete, a buen entendedor pocas palabras.” El abogado Luis Cuello señaló que “nos parece inaceptable que se premie la represión ejercida durante el estallido social, por ello, hemos hecho llegar los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le solicitamos que exprese su preocupación al Estado de Chile por esta designación, pues el ex Jefe de la Defensa no garantizó el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas que estaban bajo su mando en la región de Valparaíso”. Por su parte, Alicia Zúñiga, concejala electa de Valparaíso y presidenta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso comentó que “nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos fuimos testigos de la violenta represión sufrida por quienes se movilizaban durante los días de la revuelta y que fueron reprimidos brutalmente por parte de personal de la armada de infantería de marina durante los primeros meses de este estado de excepción. Alicia Zúñiga agregó que “como organización constatamos la gravedad de las lesiones de alrededor de unas 250 personas producto del accionar perpetrado por los infantes de marina y todas las fuerzas policiales que dependía de quien ejercía las funciones de jefe de zona. Por ello, es que creemos que quienes tienen responsabilidades por lo hecho por sus líneas de mando no pueden ser designados comandantes en jefe de la Armada. Esto nos parece un despropósito y una afrenta para quienes creemos que se debe garantizar la protección plena de los derechos de los y las personas”. La presentación hecha a la CIDH refiere los diversos informes de organismos internacionales que acreditaron graves violaciones a los derechos humanos en Chile durante el estallido social. Al respecto, cita entre otros aspectos, que el Ministerio Público informó que durante el estado de emergencia la región de Valparaíso fue la tercera región con mayor cantidad de investigaciones abiertas por violaciones a los derechos […]
