Pese a la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua a favor de Nicolás Bustamante, el fiscal Jorge Mena Ocares presentó un recurso de nulidad, insistiendo en su intención de encarcelar a un paciente que contaba con prescripción médica. Esto a pesar de que, después de tres años de un duro proceso, Nicolás Bustamante, usuario de cannabis medicinal, fue absuelto este mes de febrero por el TOP de Rancagua, luego de que resolviera por mayoría que su conducta se encuentra amparada por la causal de justificación que contempla el actual inciso segundo del artículo 8 de la Ley N° 20.000, incorporado por la Ley N°21.575 (conocida como Ley Antinarco, promulgada el 23 de mayo del 2023), en cuanto “el cultivo de especies vegetales del género cannabis se entenderá justificado cuando está destinado a la atención de un tratamiento médico.” «Los argumentos que esgrime el Ministerio Público resultan insólitos, y revelan una falta de voluntad absoluta para reconocer la vigencia de la nueva norma y sus alcances. El fiscal Mena, persecutor de la causa, señala que quienes cultivan cannabis enmarcados en un tratamiento médico solo están facultados para cultivar sus plantas de cannabis, pero no así para cosecharlas ni guardarlas, requisitos básicos para su posterior uso medicinal. Esta interpretación resulta absurda, y está absolutamente reñida con la historia de la ley y la intención de los legisladores que participamos en la tramitación de la nueva norma, que buscaba evitar la persecución que sufren los pacientes que cultivan cannabis con supervisión médica», sostuvo la diputada Ana María Gazmuri. Además, «el Fiscal insiste en no querer comprender, a pesar del despliegue de testigos y expertos, que no todo el material cosechado sirve para ser usado, sino solo las flores o cogollos. Ramas, tallos, hojas, no sirven, y las plantas recién cosechadas tienen el 60% de su peso en agua. Se equivoca el ministerio público al señalar que tres plantas son demasiado e insistir en perseguir a Nicolás por delitos que el tribunal ya desestimó tras escuchar a testigos y expertos y pesquisar todas las pruebas que se presentaron durante la investigación», agregó Gazmuri. Resulta incomprensible la inmensa energía, los cuantiosos recursos públicos derrochados en perseguir pacientes e insistir en su condena, desviando esfuerzos que debiesen estar concentrados en la persecución del crimen organizado que hoy asola nuestros territorios. Confiamos plenamente en el gran trabajo que realiza la Defensoría Penal Pública, la que defenderá este fallo en la Corte. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, manifiesto mi profunda preocupación por el daño causado a la salud física, mental y emocional de personas enfermas y de sus familias, con esta insensata persecución. El Estado de Chile debe dejar de perseguir ciudadanos inocentes. No Más Presos Por Plantar. Santiago de Chile, 28 de febrero 2024 Crónica Digital
MARIHUANA
Esta mañana la diputada Karol Cariola, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, junto a un grupo de pacientes, usuarios medicinales de cannabis y organizaciones sociales, se manifestaron en el frontis de la Fiscalía Nacional para exigir el fin de la criminalización y persecución que sufren por cultivar su medicina e hicieron entrega de una carta al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Según datos aportados por Fundación Daya, la comunidad de usuarios de cannabis en Chile asciende a 4.800.000 personas, de los cuales, más de 1.900.000 son pacientes y/o usuarios medicinales de esta planta. En los últimos meses la persecución de las policías y el Ministerio Público se ha intensificado, con detenciones, allanamientos y condenas injustas y arbitrarias. El 80% de las detenciones corresponden a usuarios y no traficantes, motivo por el cual se unieron para manifestar su repudio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott y exigir el fin de estas prácticas. La diputada Karol Cariola, autora del proyecto de ley Cultivo Seguro, recordó la reunión pendiente con Interior y exigió a la Fiscalía poner fin a la persecución de usuarios medicinales de cannabis: “nos parece necesario que se termine de manera definitiva con la persecución de los usuarios de la cannabis medicinal. Nosotros hemos sido sumamente proactivos y proactivas, hemos presentado propuestas, llevamos más de un año esperando la audiencia que se comprometió a tener con nosotros y nosotras el Ministro del Interior. Hasta ahora todavía no nos entregan la fecha para poder reunirnos, a pesar de que dijo que sí”, sostuvo la parlamentaria. Cariola, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, agregó que “lamentablemente la Ley 20.000 ha sido un flagelo permanente. Seguimos con el desafío de tener una nueva ley que establezca una política de drogas integral en Chile, pero mientras tanto, a lo menos, necesitamos sacar adelante la ley Cultivo Seguro, necesitamos que sea ley de la República para terminar con este flagelo de la criminalización de los usuarios”. En la misma línea, la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, responsabilizó directamente al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. “Manifestamos nuestra indignación, agotamiento y estupor por esta situación que no cambia, por esta constante y permanente vulneración a los Derechos Humanos de la inmensa comunidad cannábica. Son 4.8 millones de personas que se ven bajo amenaza de persecución por el Estado de Chile”, expresó. Y agregó: “Es una vergüenza en el contexto internacional y en la región, donde esto ya no está pasando, somos el país con mayores tasas de presos por plantar, de personas en prisión preventiva por cultivo personal de cannabis, a pesar de que nuestra Ley persigue el tráfico y pone como excepción los usos personales. No entendemos el ensañamiento de Fiscalía, responsabilizamos al fiscal Abbott quien dirige esta institución, quien a pesar de las múltiples cartas, oficios y manifestaciones no se ha allanado a mirar esta situación cómo corresponde. No es tolerable que sigamos sosteniendo esta crisis de DDHH», dijo Gazmuri. Cabe […]
Con preocupación e inquietud por los miles de pacientes a lo largo de Chile que han encontrado en el uso medicinal del cannabis alivio, mejor calidad de vida para sus familias y un renacer de la esperanza luego de que la medicina tradicional no lograra entregar una mejoría en sus patologías —varias de ellas muy severas—, nos hemos enterado de los dichos emitidos por el ex Presidente de la República y actual pre candidato presidencial, Sebastián Piñera, durante una entrevista televisiva. En dicha entrevista dada al programa Mentiras Verdaderas, el ex Presidente realizó afirmaciones tales como que “hay algunos que piensan que la marihuana tiene efectos medicinales, pero no está probado” o que “la verdad es que toda la evidencia que existe en Uruguay, en Colorado, en Holanda, es que eso (la regulación del cannabis) sólo hace aumentar el consumo”. Afirmaciones que sólo demuestran un gran nivel de desconocimiento y falta de rigurosidad, que resultan preocupantes proviniendo de una ex autoridad que intenta volver a estar a la cabeza de la nación. La evidencia científica, estadística y académica que contradice los dichos del actual candidato es tan vasta, que resulta inaceptable que una ex autoridad de tan alto rango, de quien podrían depender en un futuro próximo las políticas de salud, seguridad pública y de drogas, continúe repitiéndolas sin ningún nivel de investigación que respalde sus dichos. Con la amplia evidencia disponible no estamos hablando de estudios que provienen precisamente de organizaciones de activismo pro cannábico o que buscan defender intereses particulares. Estamos hablando de conocimiento académico e investigaciones científicas del más alto nivel, realizadas por estamentos gubernamentales de países como EE.UU., que no se destacan precisamente por alejarse de los enfoques prohibicionistas que tanto daño han generado al avance de la ciencia, los derechos de salud de los pacientes, el derecho a la seguridad pública y a la autonomía personal. Estamos hablando de investigaciones desarrolladas por la Academia de Ciencias de EE.UU, de estudios estadísticos basados en los resultados de encuestas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de informes publicados por instituciones como el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas del Gobierno de los EE.UU. (NIDA, en su sigla en inglés), símil institucional al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile (SENDA). A nuestro entender, el ex Presidente comete el error de disfrazar posturas ideológicas con la apariencia de ser información basada en evidencia científica irrefutable, la que en la mayor parte de sus dichos resulta inexistente. Y que cuando existe, es una opinión basada en estudios cuyos resultados han sido descartados por numerosas investigaciones posteriores o por el proceso de revisión por pares, al descubrirse que en la elaboración de dichos estudios se cometieron errores que invalidan sus resultados o porque simplemente establecen relaciones de causalidad que no han sido comprobadas. Francisca Florenzano, directora de SENDA durante el gobierno de Sebastián Piñera Quizás esa tendencia personal que el ex Presidente suele demostrar en muchos de sus dichos y acciones, explique que se haya negado a firmar el decreto […]
