El gobierno de Chile comunicó a las autoridades locales su intención de apoyar con el plan de cierre de Minera Panamá, destaca hoy un comunicado oficial. De acuerdo con el informe del Ministerio de Comercio e Industrias ( MICI), tras una reunión virtual con expertos de la sureña nación del titular de esa cartera, Jorge Rivera, se concertaron acciones para respaldar el plan de gestión segura de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón. En noviembre pasado, tras intensas protestas populares que paralizaron al país, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato suscrito por el Estado y la filial de la trasnacional canadiense Firts Quantum que obligaron al Gobierno a detener allí las operaciones. Rivera comentó que Chile está dispuesto a compartir toda su experiencia y conocimiento en lo referente a las normas legales y guías de cierre para pequeñas y grandes minas, así como también garantías; factores que han aprendido y ajustado en el tiempo, tras enfrentar experiencias similares por causas variadas. De acuerdo con el funcionario, el proceso de cierre se estima en 800 millones de dólares, y podría tardar cerca de ocho años, según evaluaciones internacionales, monto que en circunstancias normales lo pagaría la compañía. El pasado 2 de abril, el MICI anunció una segunda visita de control al cierre de Minera Panamá, tema controversial en el istmo. Este tipo de recorridos han sido cuestionados por la exclusión líderes de organizaciones sociales, ambientalistas y movimientos populares, que lideraron las manifestaciones en contra de la minería metálica a cielo abierto. La institución aseveró que la estadía servirá para verificar en el campo parte de la información que se ha documentado para proceder a la aprobación de un plan de cierre ordenado por la CSJ hace cinco meses, critican los activistas. Para el MICI es clave validar la estabilidad del sitio principalmente por lo que llaman temas químicos, en alusión a los concentrados de cobre que se mantienen en el enclave y los ambientalistas refieren violan las normas de preservación de la naturaleza. Ciudad de Panamá, 10 abril 2024 Crónica Digital/PL
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Los gobiernos de Panamá y Chile oficializaron hoy un convenio que permite a los profesionales del sector minero del Istmo optar por estudios de maestría en el país suramericano. El programa académico, suscrito por el ministro de Comercio e Industria (MICI), Ramón Martínez; y el embajador chileno en la nación canalera, Germán Becker, tiene como objetivo fortalecer la fiscalización aquí de las operaciones mineras. De acuerdo con un comunicado del MICI, al cual tuvo acceso Prensa Latina, el proyecto brinda oportunidades de formación en carreras de Ingeniería y Geología, impartidas por cinco prestigiosas universidades chilenas. Martínez afirmó que la preparación de los profesionales locales, a partir de la experiencia de Chile como primer país productor de cobre, permitirá fortalecer la Dirección Nacional de Recursos Minerales en su función específica para inspeccionar, vigilar y fiscalizar las obras en esa esfera. En septiembre de este año, el MICI ratificó la postura del Ejecutivo en defensa de la soberanía, acerca de negociaciones sobre un nuevo contrato para la explotación de cobre. «El cobre es panameño, así como lo es nuestra plena soberanía territorial», reiteró entonces el titular de esa cartera acerca de un nuevo contrato con la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la transnacional First Quantum Minerals LTD, en torno a la mayor mina de cobre de Centroamérica. El anterior contrato-ley de concesión con esa compañía fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Al anunciar en agosto último el inicio de las negociaciones, el presidente del país, Laurentino Cortizo, aseguró que se trata de garantizar los aspectos ambientales, laborales, fiscales, económicos y de desarrollo social para Panamá, especialmente la provincia de Colón y las comunicaciones de Donoso y Omar Torrijos y toda su zona de influencia. La entidad realizó una inversión valorada en seis mil 700 millones de dólares para explotar un filón en las serranías de Donoso, donde se extraen 320 mil toneladas métricas anuales de concentrado de cobre, con elementos de oro, plata y molibdeno. Panamá, 15 de diciembre 2021 Crónica Digital/PL
Por segundo día consecutivo la caribeña provincia de Colón en Panamá será escenario hoy de protestas populares como consecuencia de la falta de empleo, el deterioro en infraestructuras públicas y por la reactivación económica. La víspera, unidades antimotines de la Policía Nacional arremetieron contra los manifestantes, quienes mantuvieron cerrada la principal vía de acceso a la ciudad de Colón por casi seis horas, lo cual afectó la entrada a los puertos y la economía local. Como resultado de estas acciones fueron detenidas varias personas, entre ellas el líder social Edgardo Voitier, quien tras ser liberado aseguró que la huelga se mantendrá por 48 horas, por lo que la situación continúa tensa en esa provincia, azotada también por los altos índices de criminalidad. Tras los arrestos, el Consejo Nacional de Trabajadores repudió ‘la criminalización de las protestas sociales, las cuales no tienen ni tendrán excusa ni justificación alguna porque la falta de respuestas oficiales sigue dramatizando la vida del pueblo colonense’. Por su parte, el Consejo Empresarial Logístico exhortó a los actores de las manifestaciones a elevar sus demandas a través de otros mecanismos que no afecten a terceros. En declaraciones a la prensa, el dirigente colonense Diógenes Galván aseguró que las protestas son resultado de la falta de respuesta del Ejecutivo a los problemas de la ciudadanía, que en el caso de Colón se reflejan en la ausencia de proyectos encaminados a mejorar las calles, el empleo y la salud, entre otros sectores. ‘Aquí solo hay una especie de despilfarro y manejo perverso de los recursos en función del enriquecimiento de las autoridades, por tanto este es el inicio de un estallido social, porque no va a parar’, afirmó Galván, quien exhortó al Gobierno a dialogar con la gente y explicarle qué hará con el aumento del presupuesto nacional. El martes personal médico del hospital Manuel Amador Guerrero protagonizó una jornada de demandas ante las malas condiciones de este centro provincial, en tanto ayer los transportistas exigieron una disminución en el precio de los combustibles, lo cual generó un caos en varios puntos del país. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional del Transporte, Abel Obando, anunció un paro nacional para el venidero 8 de noviembre, pues el incremento en el costo de los carburantes es insostenible. Por lo pronto, este jueves el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares realizará un piqueteo a nivel nacional en solidaridad con el pueblo colonense, productores y transportistas, y por la defensa de los derechos humanos. Panama, 28 de octubre 2021 Crónica Digital/PL
Millones de niñas en el mundo son víctimas de la mutilación de genitales y otros daños físicos y emocionales, denuncia el informe Contra mi voluntad, que presentará hoy el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). En un adelanto para la prensa, la institución reveló que existen al menos 19 prácticas nocivas, desde ‘el planchado de los senos a las pruebas de virginidad’, pero el estudio se centró en ‘la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la preferencia por los hijos varones muy en detrimento de las hijas’. Este daño a las niñas y adolescentes es una discriminación, pero a la vez para esas víctimas resulta un trauma para toda la vida, dijo en conferencia de prensa virtual Harold Robinson, director de Unfpa para América Latina y el Caribe, quien agregó la gravedad de que todo ello ocurra con el acuerdo de los padres. ‘Al menos 84 millones de niñas en el mundo siguen recibiendo el impacto de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil’, denunció el informe Estado de la Población Mundial 2020, que en esta ocasión se publicó bajo el sugestivo título de Contra mi voluntad: desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y a las niñas e impiden la igualdad. La práctica nociva de mayor impacto en América Latina y el Caribe, es el matrimonio infantil, pues una de cada cuatro niñas se casa o establece unión informal antes de cumplir 18 años, mientras en algunos países de la región, la cifra es superior a una de cada tres, reveló la fuente. En muchos casos estas prácticas nocivas son realizadas por familiares o miembros de las comunidades étnicas o religiosas como manera de alcanzar la aceptación social, pero desconocen los riesgos físicos y psicológicos que conllevan, además de violar los derechos humanos de las víctimas, alertó el texto. Además de tradiciones, culturas y religiones, las raíces de dichas prácticas están en las inequidades de género y la discriminación contra mujeres y niñas, que se perpetúan a partir de falta de empoderamiento de las féminas y enseñanzas de que el cuerpo femenino existe principalmente para el placer de los hombres, concluyó el estudio. La relación de estos actos discriminatorios con la pobreza, en el caso de los matrimonios de menores de edad principalmente por hombres adultos, en ocasiones guardan relación al alivio de la carga familiar de alimentar a uno menos de sus miembros, dijo a una pregunta de Prensa Latina, la asesora regional de Unfpa, Neus Brnabeu. A veces detrás de tales uniones coexisten canjes con obtención de algunos beneficios, también mujeres vendidas para labores en otros países, incluso para la explotación sexual, señaló la experta, quien afirmó la ayuda técnica de la institución para crear los marcos legales que logren bloquear y sancionar tales prácticas. Panamá, 30 de junio 2020 Crónica Digital/PL
