Por Marcel Garcés Muñoz La Derecha política, empresarial y mediática se ha lanzado a la carga contra la Convención Constitucional, en un ataque total y desembozado que ha dejado de lado toda las hipócritas alegaciones sobre el diálogo, las buenas maneras y sobre todo el respeto por las formas propias de un debate democrático, declarando la guerra a la voluntad de redactar elaborar una nueva Constitución, generada en un acuerdo mayoritario que regule de manera moderna, justa, la institucionalidad de la sociedad común. Una atenta lectura del inusitadamente extenso editorial conocido como “La Semana Política” del domingo 11 de julio permite reconocer no solo el lenguaje agresivo y amenazante de una Derecha, que elige el camino de la confrontación alevosa y el desconocimiento de la voluntad del pueblo soberano. Claramente se trata de una declaración de guerra, y una incitación sediciosa, de la formulación de una estrategia de “guerra interna”, la puesta en marcha de una especie de “desobediencia civil”, anticipo de una rebelión de la derecha y los gremios empresariales, y de un complot contra la voluntad del Soberano, que por la vía del proceso constituyente busca la generación de una nueva Carta Magna, que represente sus demandas. Habla, la que no se puede definir sino como una proclama antidemocrática, una amenaza y un chantaje, de que la actividad legítima de la Convención, “de no rectificar, amenaza una deriva rupturista de imprevisibles consecuencias”. Agrega el editorial de El Mercurio, que “mientras perdure el estado de afiebrada desmesura, resulta difícil observar con demasiadas esperanzas el futuro de un proceso clave para el país”. Mas adelante el texto pretende que “la justificación abierta” de los indultos a las víctimas de la violencia represiva contra manifestantes desde octubre de 2019, se constituye en un mensaje de impunidad frente a acciones delictuales futuras y en una peligrosa señal a los otros poderes del Estado, incluídas las policías, sobre el control del orden público y la persecución de estos hechos delictivos”. Y sigue amenazando, “No queda así espacio para el diálogo o para el acercamiento de posiciones, que es precisamente lo que debiera buscar una Convención Constitucional”. Pero además el editorial. devenido en virtual declaración de guerra, apunta como “enemigos” en el sentido bélico del concepto, a la presidente de la instancia, la más democrática de la historia republicana del país, Elisa Lonco y a su vicepresidente, Jaime Bassa. El texto señala que ambas autoridades, elegidas por los constituyentes en amplia mayorías, ”parecen concebir su propia labor, dentro de un relato que justifica los hechos vividos por el país a partir de octubre de 2019 y romantiza la violencia. En este relato, la Convención vendría a ser la instancia para llevar finalmenter a cabo el “proceso de transformación social”, según el concepto usado por el mismo Bassa en su tuiter y en consonancia con el ánimo fundacional declarado por la presidenta de éste órgano”. El editorial señala como otros “enemigos” favorecidos por el refundacionismo y el neopopulismo, de que acusan a la Convención, a otros sectores sociales, […]
