Por Cecilia González La militarización de la frontera norte de Chile, que el presidente Gabriel Boric ordenó en un intento de frenar la migración irregular, desató una nueva polémica, ya que la oposición considera insuficiente la medida, mientras que organizaciones sociales temen que sea un nuevo pretexto para violar los derechos humanos de las personas migrantes. El decreto que Boric firmó la semana pasada establece el envío de las Fuerzas Armadas, durante 90 días, a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que integran la llamada «macrozona norte», y a donde diariamente llegan cientos de migrantes que cruzan por pasos fronterizos no habilitados. oLa decisión, que también prevé el auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, generó una controversia desde el principio ya que, antes de ser presidente, Boric criticaba las estrategias de militarización, pero la crisis migratoria que heredó del expresidente Sebastián Piñera ahora se convirtió en una presión para su Gobierno. En los últimos años, miles de personas llegaron de manera legal e irregular a Chile con la esperanza de tener una mejor calidad de vida que en sus países de origen, pero su presencia desató intensas campañas de racismo, xenofobia, discriminación y aporofobia. La discusión se centró en las dos colectividades que más crecieron durante la última década y que arribaron de forma simultánea: la venezolana y la haitiana; pero también se suele denostar de manera insistente a los migrantes bolivianos y peruanos. Tengan o no sus papeles regularizados, los migrantes son objeto permanente de ataques por parte de políticos de derecha y medios de comunicación que incentivan la estigmatización y que, al igual que en otros países, los vinculan con «la delincuencia». Desde que Boric asumió en la presidencia, en marzo del año pasado la situación se agravó, ya que miles de personas migrantes siguieron cruzando los pasos no habilitados con la meta de llegar a Santiago. Los reclamos de parte de la opinión pública y de los políticos de derecha se incrementaron. La respuesta fue confirmar y reforzar la militarización de la frontera que Piñera ya había puesto en marcha. El decreto La semana pasada, Boric emitió un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a solicitar los documentos de cualquier persona en la frontera norte y registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos. Solo basta que sospechen que podrían estar cometiendo un delito, desde atravesar la frontera de manera irregular hasta traficar drogas y armas o formar parte de redes de trata de personas. Si comprueban que una persona no tiene sus papeles migratorios en regla, de inmediato será entregada a la Policía. También establece que, antes de recurrir al uso de la fuerza o de armas de fuego, «se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión», en particular para evitar «daños colaterales». El protocolo señala que, antes de usar armas, los militares deben hacer advertencias y desplegar vehículos y personal alrededor de los sospechosos como una forma de disuasión. Si aun así las personas se resisten a la revisión, se […]
#Polémica
Las críticas de dos diputados del ultraconservador Partido Republicano al presupuesto destinado por el presidente Gabriel Boric, en particular por su respaldo a las políticas de derechos humanos en Chile, reavivó en el país la polémica sobre la necesidad de sancionar o no los discursos que niegan crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Los diputados Cristian Araya y Luis Sánchez provocaron un álgido debate parlamentario al cuestionar las partidas de recursos con ironías insultantes para los colectivos de derechos humanos al rebautizar el Museo de la Memoria como «el Museo de la Memoria de algunos» o «el Museo de la mala memoria». También pusieron en duda a las miles de personas desaparecidas por la dictadura y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Sebastián Piñera durante las protestas del estallido social de fines de 2019, que han sido compiladas y denunciadas en informes nacionales e internacionales. Araya incluso los denominó como «supuestas víctimas del estallido delictual», en tanto que su compañero de bancada sugirió que las verdaderas víctimas fueron los dueños de los negocios saqueados durante esas protestas. Otras de sus críticas se centraron en las políticas de educación sexual y reproductiva basadas en el respeto a las diversidades sexuales. «Es tanta la generosidad de este Gobierno que destinará 2.069 millones para fundaciones como la Salvador Allende (…) 900 millones para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos, 3.000 millones para la transversalización del género en educación», acusó Araya. «Harta plata para los camaradas, compañeros, colegas, socios, correligionarios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y pololas, para los amigues; para eso abundan los millones, pero para los temas importantes no hay recursos», señaló mientras los diputados de otras bancadas repudiaban sus dichos a los gritos. Sus posturas fueron reafirmadas enseguida por Sánchez. Sin sanción «Tristemente estamos viendo dónde están las prioridades del presidente y de su equipo: más plata para gasto del personal del ministerio Segpres (Secretaría General de la Presidencia), más plata para la subsecretaría de Derechos Humanos«, afirmó en medio de abucheos. «Hay 6.000 millones más para pensiones de gracia a supuestas víctimas del estallido social, que sabemos que no son los pequeños y medianos comerciantes que perdieron todo; 2.000 millones más para ‘el museo de la mala memoria’ y 3.000 millones para el nuevo programa de transversalizacion de género», criticó. La sesión fue interrumpida ante los reclamos de diputados de izquierda y centroizquierda que, más tarde, anunciaron que promoverían reformas para que el reglamento del Congreso penalice los discursos negacionistas. «Referirse a una ‘supuesta búsqueda’ de detenidos desaparecidos constituye el principio de una conducta gravísima socialmente como es el negacionismo, debe ser fuertemente rechazada», lamentó la ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte. «Seguir amparando un discurso negacionista, incitador al odio, creemos que no se debe admitir en el fuero. Por eso vamos a proponer modificaciones muy drásticas al reglamento cuando se le está faltando hoy el respeto a la convivencia democrática de la Cámara y a la memoria histórica de nuestro país», advirtió la diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista. Los organismos de derechos humanos también lanzaron […]
