Las críticas de dos diputados del ultraconservador Partido Republicano al presupuesto destinado por el presidente Gabriel Boric, en particular por su respaldo a las políticas de derechos humanos en Chile, reavivó en el país la polémica sobre la necesidad de sancionar o no los discursos que niegan crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet.
Los diputados Cristian Araya y Luis Sánchez provocaron un álgido debate parlamentario al cuestionar las partidas de recursos con ironías insultantes para los colectivos de derechos humanos al rebautizar el Museo de la Memoria como «el Museo de la Memoria de algunos» o «el Museo de la mala memoria».
También pusieron en duda a las miles de personas desaparecidas por la dictadura y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Sebastián Piñera durante las protestas del estallido social de fines de 2019, que han sido compiladas y denunciadas en informes nacionales e internacionales.
Araya incluso los denominó como «supuestas víctimas del estallido delictual», en tanto que su compañero de bancada sugirió que las verdaderas víctimas fueron los dueños de los negocios saqueados durante esas protestas.
Otras de sus críticas se centraron en las políticas de educación sexual y reproductiva basadas en el respeto a las diversidades sexuales.
«Es tanta la generosidad de este Gobierno que destinará 2.069 millones para fundaciones como la Salvador Allende (…) 900 millones para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos, 3.000 millones para la transversalización del género en educación», acusó Araya.
«Harta plata para los camaradas, compañeros, colegas, socios, correligionarios, adeptos, afiliados, primos, tíos, sobrinos y pololas, para los amigues; para eso abundan los millones, pero para los temas importantes no hay recursos», señaló mientras los diputados de otras bancadas repudiaban sus dichos a los gritos.
Sus posturas fueron reafirmadas enseguida por Sánchez.
Sin sanción
«Tristemente estamos viendo dónde están las prioridades del presidente y de su equipo: más plata para gasto del personal del ministerio Segpres (Secretaría General de la Presidencia), más plata para la subsecretaría de Derechos Humanos«, afirmó en medio de abucheos.
«Hay 6.000 millones más para pensiones de gracia a supuestas víctimas del estallido social, que sabemos que no son los pequeños y medianos comerciantes que perdieron todo; 2.000 millones más para ‘el museo de la mala memoria’ y 3.000 millones para el nuevo programa de transversalizacion de género», criticó.
La sesión fue interrumpida ante los reclamos de diputados de izquierda y centroizquierda que, más tarde, anunciaron que promoverían reformas para que el reglamento del Congreso penalice los discursos negacionistas.
«Referirse a una ‘supuesta búsqueda’ de detenidos desaparecidos constituye el principio de una conducta gravísima socialmente como es el negacionismo, debe ser fuertemente rechazada», lamentó la ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte.
«Seguir amparando un discurso negacionista, incitador al odio, creemos que no se debe admitir en el fuero. Por eso vamos a proponer modificaciones muy drásticas al reglamento cuando se le está faltando hoy el respeto a la convivencia democrática de la Cámara y a la memoria histórica de nuestro país», advirtió la diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista.
Los organismos de derechos humanos también lanzaron condenas en contra de las «miserias» de quienes niegan la existencia de desaparecidos.
Riesgos
El debate está abierto, ya que este mes la diputada Mercedes Bulnes ya había propuesto que se impongan multas de hasta el 30 % del salario mensual a las o los legisladores que realicen declaraciones «injuriosas o negacionistas» respecto de los delitos de lesa humanidad acreditados por sentencias judiciales o informes de Derechos Humanos.
Las iniciativas se han replicado en los últimos años, pero no han logrado prosperar porque el primer argumento es que se corre el riesgo de violar el derecho a la libertad de expresión.
«Sería establecer una censura previa, lo que es inconstitucional y éticamente reprochable», advirtió el diputado Gustavo Benavente al rechazar cualquier posibilidad de sancionar los discursos negacionistas.
El diputado Eric Aedo, por su parte, consideró que se debería condenar «todo negacionismo» porque se le suele adjudicar esa actitud solamente a la derecha, cuando la izquierda también niega violaciones a los derechos humanos según le convenga, y no solo en Chile, sino en el resto de América Latina.
«Eso también debe ser sancionado, porque si no, utilizas el reglamento como un arma política solo hacia un sector político», señaló.
Por Cecilia González
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Santiago de Chile, 18 de noviembre 2022
Crónica Digital/actualidad.rt.com
