El presupuesto 2017 de Educación Superior es inaceptable y el parlamento debería considerar rechazarlo de plano. Es muy restrictivo y vuelve a incrementar el subsidio a la demanda, especialmente el CAE a cuyo financiamiento destina la mayor partida. Revierte los avances logrados con la gratuidad impuesta por la Presidenta Bachelet el 2016, puesto que los incrementos en esta partida el 2017 son anulados por fuertes disminuciones en otros aportes a las instituciones, especialmente a las mejores agrupadas en el CRUCH y particularmente las estatales.
Todo ello beneficia exclusivamente a un puñado de grandes corporaciones privadas que lucran y hacen lobby de manera ilegal y descarada y por ello se resisten a los controles y normas que acompañan a la gratuidad.
Perjudica en cambio a la abrumadora mayoría de las instituciones de educación superior y quienes trabajan en ellas. Ellos han venido siendo forzados por el Estado a vender servicios educacionales y están cada vez más asfixiadas por la inestabilidad inherente a esta política extremista y muy especialmente por los avales del CAE. Asimismo condena a más de medio millón de estudiantes y sus familias a quienes se obligará nuevamente a endeudarse y humillarse demostrando que son pobres para recibir “ayudas estudiantiles” que, en caso de destinarse íntegramente a gratuidad, permitirían extenderla a más del 60 por ciento de todos los matriculados.
Todo ello resulta inmoral y peligroso, agravará la crisis educacional, el descontento ciudadano y la pérdida de confianza en instituciones políticas que se muestran incapaces de imponerse a los mezquinos intereses que se oponen a las reformas más indispensables y comprometidas solemnemente con los electores.
El presupuesto 2017 de Educación Superior incrementa el gasto en un 4,2 por ciento, que es la cifra más baja de la última década con excepción del último presupuesto de Piñera en que creció un poco menos. Al parecer el MINSEGPRES, que ha tenido influencia decisiva en esta materia, ha resuelto volver a sus días de Ministro de Hacienda, cuando el gasto en educación superior creció apenas un 2,1 por ciento anual, promedio que incluye una reducción de -2,8 por ciento el 2004, la única que se registra desde la dictadura.
La única partida que sigue creciendo a todo vapor es el mal llamado crédito con aval del Estado (CAE), que es financiado casi íntegramente con fondos públicos que representan el 42,2 por ciento del presupuesto 2017, más de 810 mil millones de pesos, unos mil doscientos millones de dólares, cifra que crece más de 25 por ciento respecto del 2016. Si se le suman las partidas de crédito solidario y becas —la llamada “beca bicentenario”, muy apetecida por un determinado lobby que representa un vociferante senador, crece ¡un 87 por ciento!—, los recursos destinados al así llamado “subsidio a la demanda” suman más de un billón de pesos, lo que representa más de la mitad del presupuesto de educación superior. Se revierte así su tendencia a la baja inaugurada con la gratuidad, cuando las partidas destinadas a solventar esta política se redujeron de tres cuartos del presupuesto total el 2015, a menos de la mitad del mismo el 2016.
Los créditos y becas representan más del 36 por ciento de todos los ingresos por docencia de todas las instituciones de educación superior (IES), incluyendo universidades, institutos profesionales (IP), centros de formación técnica (CFT), públicas y privadas, que existen en el país. Es decir, si estos recursos se entregan en forma de gratuidad, se puede extender este beneficio de inmediato a un porcentaje similar de los estudiantes, los que sumados a los ya considerados en este esquema para el 2017, sumarían más del 60 por ciento del total. Todo ello sin aumentar el presupuesto.
Los recursos destinados a gratuidad suben significativamente en el presupuesto 2017 hasta alcanzar una cifra de 726 mil millones de pesos, la segunda partida más importante después del CAE. Esta cifra representa un cuarto de todos los ingresos por docencia de todas las IES, lo que permite extender este beneficio a una proporción similar del estudiantado. Sin embargo, dicho incremento se logra contrayendo otros aportes fiscales a las IES, principalmente el aporte fiscal directo (AFD), que se reduce a menos de la mitad, eliminando el aporte fiscal indirecto (AFI), y reduciendo muy significativamente los aportes destinados a investigación, extensión, infraestructura y otros, los que bajan de un 8,3 por ciento del presupuesto el 2016 a sólo un 3,3 por ciento del mismo el 2017. De este modo, la proporción del presupuesto destinada a aportes a las IES, que incluyen todos los anteriores además de la gratuidad, retroceden nuevamente a menos de la mitad del presupuesto 2017 en circunstancias que el 2016 habían superado ese nivel.
¿Por qué el Ministro de Hacienda, con el beneplácito de sus colegas del MINEDUC y especialmente el MINSEGPRES que los supervisa a ambos, insisten tercamente en una política a todas luces fracasada que provoca un rechazo abrumador de la población y en alguna medida en todas las fuerzas políticas? ¿Por qué el gobierno no puso término inmediato al financiamiento público de créditos estudiantiles —al revés, aumentó fuertemente el infame CAE y también levemente el “crédito solidario— y becas, en lugar de destinar a gratuidad todas las “ayudas estudiantiles”?
¿Porqué se insiste en la inmoral política de pretender financiar la educación endeudando con fondos públicos a estudiantes que en su abrumadora mayoría provienen de familias modestas que viven de un salario, al igual que los actuales estudiantes cuando sean profesionales? ¿Porque sigue argumentando que no son personas sino “capitales humanos” supuestamente realizando rentables inversiones en su propia educación, cuando la teoría y evidencia demuestran que el promedio de sus salarios futuros con suerte reembolsarán lo gastado? ¿Porque se los continúa humillando, forzándolos a demostrar que son pobres para obtener “ayudas estudiantiles” que no se consideran un derecho sino una suerte de dádiva sujeta a infinidad de gabelas que no se exigen a los que tiene medios para pagar?
¿Acaso no se han enterado que en toda sociedad bien constituida es la élite quien tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación y calificar sucesivamente a la fuerza de trabajo y asegurar condiciones adecuadas para el cultivo de los asuntos del espíritu, las ciencias, las artes y la cultura? ¿Olvidan que ello constituye un deber moral esencial para legitimar su apropiación del excedente de la producción social? ¿Olvidan que en Chile el excedente apropiado por aquella equivale a más de la mitad del PIB, en circunstancias que los salarios apenas reciben una tercera parte del mismo; proporción inversa a la que muestran países desarrollados que si garantizan educación gratuita?
La respuesta a estas preguntas es compleja y nadie queda libre de culpa por así decirlo. Por cierto, la principal
responsabilidad es del gobierno y la Nueva Mayoría, que fueron elegidos porque se comprometieron a conducir esta reforma a buen puerto, responsabilidad que están abdicando con este presupuesto.
Desde luego, influye mucho el lobby no regulado del reducido grupo de consorcios educacionales que lucran de modo ilegal y son los únicos beneficiados con el actual estado de cosas. Hay que insistir en este punto. El actual esquema está en crisis general y ello afecta a todos los actores, incluidas todas las instituciones, públicas y privadas. Todas enfrentan una situación financiera más o menos complicada y muchas están al borde de la insolvencia. Los avales al CAE son uno de los elementos que más pesan sobre muchas de ellas, especialmente las privadas más grandes que han recibido más de la mitad del mismo. Requieren desesperadamente nuevas dosis CAE que en parte significativa y creciente deben destinar a pagar avales de los morosos.
Evidentemente, todas las instituciones necesitan un esquema de financiamiento público más estable, como la gratuidad, que no exija este tipo de avales. La condonación de deudas CAE resulta necesaria no sólo para los estudiantes sino asimismo y muy especialmente para las instituciones que los avalan.
¿Porque entonces el lobby de las que lucran resiste la gratuidad y se aferra al esquema de becas y créditos con dientes y muelas? Sencillamente porque al recibir los fondos mediante una supuesta “compraventa” con los estudiantes no deben rendir cuentas a nadie. Los que más se oponen a la gratuidad son precisamente las que más lucran ilegalmente mediante pagos exorbitantes, de arriendos a sus propias inmobiliarias, servicios a sus casas matrices y remuneraciones a sus altos directivos, entre otros subterfugios.
El lobby mismo lo ejercen de modo ilegal, pagando remuneraciones obcenas a rectores y otros directivos cuyos principales pergaminos son su estrecha connivencia con las autoridades gubernamentales que distribuyen los fondos públicos, de los que son correligionarios y amigos íntimos.
Todos ello se torna más difícil sino imposible, al recibir fondos públicos mediante contratos directos con el Estado con sus controles y auditorías respectivas, como es el caso del esquema de gratuidad. Esa es la madre del cordero.
Resulta indignante, por cierto, que por motivos tan mezquinos se mantenga una situación que agobia a un millón de familias y no resuelve la crisis del sistema en su conjunto. Sin embargo, el actual estado de cosas también se sostiene por concepciones ideológicas más o menos extendidas, que deben ser refutadas con decisión.
Desde luego, la equivocada visión de origen neoliberal antes aludida que supone que la propia educación es una suerte de negocio individual de quienes la reciben, que traducida en una politica pública de autofinanciamiento de las instituciones resulta en la inmoralidad de cargar el costo del sistema educacional sobre los salarios en lugar de financiarlo con el excedente apropiado por la élite.
Influye asimismo una concepción de rasgos elitistas y sectarios que pretende reducir el sistema educacional y su reforma sólo a las instituciones del Estado, olvidando que el 85 por ciento de los estudiantes y académicos superiores estudian y trabajan en instituciones no estatales que hoy se financian principalmente mediante dinero público entregado en forma de créditos y becas. Según esta idea, en lo posible la gratuidad debería restringirse exclusivamente a las instituciones estatales, manteniendo el esquema actual para el resto, acompañado de duras sanciones al lucro, esperando que gradualmente los estudiantes opten por trasladarse a las primeras. En una versión de este pensamiento, se acepta la gratuidad para algunas otras instituciones muy selectas, que demuestren un “espíritu público”. De este modo, según algunos proponentes la gratuidad podría alcanzar hasta un tercio del alumnado para el 2020. Para esta visión, que ha sido expuesta incluso por la propia Ministra y varios parlamentarios, resulta más importante establecer un “colador” que evite que instituciones sospechosas de lucro se “cuelen” a la gratuidad, que extender ésta rápidamente a todo el estudiantado.
La glosa presupuestaria de gratuidad, repleta de exigencias que la restringen a un puñado selecto de instituciones y estudiantes, refleja precisamente esta dañina concepción. Asimismo, Mantiene rasgos de subsidio a la demanda, puesto que pesar de que se dice ser aporte institucional, se parece, se comporta y se considera para efectos contables como una beca más. Así lo han entendido los auditores externos que auditan las universidades, catalogándola como una beca y no un aporte institucional. Los recursos se calculan por rut, según condición socioeconómica del estudiante, si éste abandona o congela estudios los recursos se devuelven, hay un valor arancelario calculado por el Mineduc (monto beneficio) distinto al valor del real de las carreras. Los recursos siguen al estudiante donde este decida matricularse, etc.
Esta concepción es equivocada porque supone que la crisis se origina en malos actores que lucran y no en la política del Estado que ha fomentado el autofinanciamiento en todo el sistema, incluidas las universidades del Estado. En los hechos termina restringiendo la gratuidad y manteniendo el esquema de créditos y becas, coincidiendo así con el lobby de las que efectivamente lucran.
Como han expuesto las instituciones, académicos y estudiantes de IES públicas, particulares y privadas firmantes del Manifiesto por un Nuevo Trato para reconstruir el Sistema Nacional de Educación Pública, la clave de la reforma consiste en que el Estado asuma su responsabilidad en la crisis y en lugar de insistir en el autofinanciamiento, ofrezca a todos los actores acreditados un auténtico esquema de gratuidad, que desde ahora mismo entregue financiamiento público estable y adecuado exclusivamente a las instituciones que voluntariamente acepten un esquema en que no cobren a sus estudiantes y en un plazo razonable se sometan a las exigencias que el Estado vaya estableciendo y auditando su debido cumplimiento y en el cual por cierto las instituciones del Estado —incluyendo una recuperada INACAP— constituyan la columna vertebral.
La reforma de la educación es la piedra de tope para el gobierno de la Presidenta Bachelet, que fue elegido precisamente para emprenderla y completarla con éxito. La ley de presupuesto 2017 está mostrando a las claras que el gobierno ha abandonado su intento en esta materia. Ha entregado la pala, por así decirlo, resignado a dejar las cosas como están, más o menos en el punto que han logrado alcanzar hasta el momento, quizás un poquito más allá de donde se encontraban al momento de asumir. Eso es equivocado y muy peligroso puesto que en las actuales circunstancias equivale a detener el motor y dejar a la deriva el barco en que todos estamos navegando en medio de una enorme ola de indignación popular. En esta materia, el parlamento y la Nueva Mayoría tienen ahora la palabra.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 13 de octubre 2016
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