Tal como lo defendió el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), representado por la Rectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri Amar, los argumentos utilizados por los parlamentarios –en su requerimiento- demostraban desinformación respecto de la educación no sexista. Con el pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por las/los Ministros Nancy Yáñez (Presidenta), José Vásquez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Daniela Marzi, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo y Alejandra Precht se dio por zanjada hoy martes de 2 abril la disputa que iniciaron un grupo de parlamentarios con el objetivo de impugnar el artículo 12 del proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, donde se plantea la educación no sexista para colegios e instituciones educacionales públicas como soporte para la prevención. La Rectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri Amar, había señalado frente al Pleno del Tribunal Constitucional, en representación del CUECH, que los argumentos utilizados demostraban una desinformación de lo que es la educación no sexista. “Ponen una carga valórica que no la tiene; al contrario, la educación no sexista promueve el desarrollo integral de las personas, independiente de su género, y fomenta en los establecimientos educativos acciones donde no se repliquen los estereotipos de género, para que no haya discriminación por razones de ese tipo, y los niños, niñas y jóvenes tengan igualdad de oportunidades”, puntualizó la autoridad universitaria. Luego del Pronunciamiento del Tribunal, la Rectora destacó la visión de los Ministros y espera que se retome lo que el pasado 6 de marzo fue interrumpido, luego que el Parlamento despachara la ley integral de protección contra la violencia de género, y un grupo de diputados decidiera presentar una impugnación al inciso 2 del artículo 12. Zanjada la disputa respecto de este punto, a la autoridad universitaria le parece pertinente seguir avanzando en un tema tan importante como es esta ley, permitiendo que muchas mujeres puedan contar con mayor resguardo frente a la violencia de género. “La decisión del Tribunal Constitucional es una excelente noticia, estamos muy contentos que primó el avance en equidad de género. Contar con un respaldo legal para implementar la educación no sexista es una gran noticia en todos los niveles educativos, porque nos da piso a nosotros las instituciones, pero también al Estado, para avanzar con pasos firmes en un tema tan relevante”, indicó la Rectora. Santiago de Chile, 2 de abril 2024 Crónica Digital/PL
tribunal constitucional
Un grupo transversal de parlamentarias y parlamentarios ingresó un “Téngase Presente” ante el Tribunal Constitucional solicitando que se rechace el requerimiento presentado por la derecha sobre el proyecto de ley integral que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Luego de su despacho en el Congreso, la derecha presentó un requerimiento que busca frenar la promulgación de esta histórica legislación, acusando un sesgo ideológico en la educación no sexista para niñas y niños. De acuerdo a las parlamentarias y parlamentarios oficialistas, este argumento es inválido y viene a desenmascarar a la derecha pues impide, entre otros puntos, una educación no sexista desde los colegios, libre de discriminaciones, estereotipos de género e ideas de superioridad entre sexos. La ex Ministra de la Mujer del gobierno de la Presidenta Bachelet, la senadora comunista Claudia Pascual sostuvo que “el requerimiento presentado por la derecha no da cuenta de la realidad que vivimos como país”. “Cuestionar la prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, en el capítulo de detección desde el mundo de la educación, y por lo tanto desde las entidades de educación del Estado, nos parece que no da cuenta de la realidad, puesto que se trata de educar, nadie quiere imponer una forma de vivir”, agregando que “ si nosotros transmitimos desde la más primera infancia que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, que tienen que ser iguales ante la ley, que tienen que tratarse bien, que tiene que haber una relación diferente entre los géneros y entre los sexos, no vamos a terminar con esta forma de mirar el mundo que hace que aquí haya hombres que se sientan dueños de las mujeres y llegan al femicidio o que se generen situaciones en las cuales se justifique cualquier tipo de violencia”, aseveró la senadora Pascual. Por su parte, la diputada y profesora Alejandra Placencia (PC), subjefa del Comité PC/FRVS/AH e independientes recalcó que «la ley aborda todos los tipos de violencia, y eso requiere también una mirada educativa. Debemos garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para protegerlos de vulneraciones y entregar herramientas para que distingan la violencia, es una forma de hacerlo. Educar en estos temas no choca contra el derecho preferente de los padres, como apuntan los sectores más reaccionarios de la derecha». En tanto, la diputada PC Carolina Tello rechazó los argumentos de la derecha contra esta legislación y los calificó como “injustificables y confiamos en que no será acogida finalmente esa mirada sobre una ley que es esencial para abordar de manera integral y preventiva las violencias a las que las mujeres de nuestro país se enfrentan”. Cabe señalar que en lo que va del 2024, ya se registran 11 femicidios consumados y 52 femicidios frustrados ante lo que la parlamentaria dijo esperar “que prontamente podamos celebrar la promulgación de esta ley que es algo esperado de forma transversal, especialmente atendidos los últimos hechos que hemos tenido que repudiar y lamentar sobre casos de violencia a […]
Esta tarde el senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que se encuentra juntando firmas de parlamentarios para realizar una presentación ante el Tribunal Constitucional, a propósito del decreto presidencial que estableció indicaciones para el funcionamiento de la primera sesión de la Convención Constitucional. De acuerdo al parlamentario, el decreto firmado por el presidente Piñera el pasado 20 de junio, “condiciona el funcionamiento de un poder constituyente y soberano como es el que delegó la ciudadanía a las y los 155 convencionales. Piñera se excedió en sus atribuciones, pues lo único que estaba establecido era que él debía fijar día y hora para la primera sesión de la Constituyente. Lo demás debe ser objetado”. Asimismo, el senador por la región del Biobío aseguró que “son varias las voces que han criticado este decreto, como el constituyente quechua, Wilfredo Bacian, o Malucha Pinto y Mauricio Daza, quienes estarán en la Convención y ya se encuentran con un intento de intervenir por parte de Piñera”. “Es ridículo que convencionales que escribirán una nueva Constitución deban jurar por la Constitución saliente. Es un manotazo de ahogado de Piñera que sigue sin soltar una Constitución moribunda”, indicó. “La manera en que las y los convencionales sean investidos no es asunto del presidente Piñera, ni menos la forma en que decidirán su presidencia. El decreto de Piñera solo debió llevar su primer artículo, todo lo demás es intromisión, y espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto”, insistió Navarro. En esa línea, de acuerdo con el artículo 93 número 16 de la Constitución, sólo un grupo de senadores o diputados puede presentar un requerimiento de esta naturaleza. “He instruido a mi equipo jurídico, e iniciado una ronda de conversaciones con parlamentarios de todos los colores, para conseguir el respaldo necesario en la presentación de este requerimiento. Los vicios de constitucionalidad son evidentes y por la defensa de nuestros procesos democráticos espero que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva”, manifestó Navarro. “El gobierno trata de pautear a la Convención. Necesitamos un gobierno que acompañe y respalde, no que entorpezca y cree conflictos. Si Piñera va a insistir en meter la mano a la Constituyente, es mejor que de un paso al costado”, cerró. Santiago de Chile, 28 de junio 2021 Crónica Digital
Tras una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Superintendencia de Salud entregar copias de los convenios que Isapre Banmédica hubiera suscrito con cadenas farmacéuticas tanto por garantías explícitas de salud (GES), excedentes y/o afinidad (Rol C2759-20 / C2788-20/ C2800-20), la Isapre solicitó declarar inaplicable las normas de la Ley de Transparencia ante el Tribunal Constitucional. La empresa estima que los preceptos impugnados “infringen el artículo 8 de la Constitución, toda vez que ordenan una publicidad prácticamente ilimitada y general, y expanden abusivamente la esfera de lo público”. Indicó que “vulneran además la igualdad ante la ley, por cuanto otorgan un privilegio injustificado a ciertos particulares, en perjuicio de la requirente, y de sus contrapartes en los convenios en cuestión”. En sus descargos, la entidad agregó que se trata de un contrato privado, suscrito por entes privados “que solo fue proporcionado a la Superintendencia de Salud con ocasión de una fiscalización extraordinaria llevada a cabo por la misma y que se le obliga a revelar”. La decisión unánime del CPLT en la materia acogió los amparos de una ciudadana en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de copia del convenio suscrito por ISAPRE Banmédica S.A. con Farmacias Salcobrand S.A. y Pharma Benefits, Administradora de Beneficios Farmacéuticos S.A., tanto por garantías explícitas de salud (GES), excedentes y/o afinidad, vigentes al 21 de septiembre de 2019 y 21 de marzo de 2020. El Consejo desestimó la afectación a los derechos comerciales y económicos alegados por los terceros involucrados, por lo que, en consecuencia, “las alegaciones de Isapre Banmédica S.A., en orden a que lo solicitado no constituye un antecedente o fundamento de un acto o resolución en los términos descritos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, debe desestimarse”. El CPLT recordó al respecto que “el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”. Será la Primera Sala del Tribunal Constitucional la que deberá pronunciarse sobre su admisibilidad. Santiago de Chile, 28 de junio 2021 Crónica Digital
