Nacional

Parlamentarios PPD, PS y PR señalaron que existe una clara desigualdad y pidieron que se establezcan criterios comunes, que no estén basados en los resultados de las encuestas públicas.   Las diputadas, Marcela Hernando (PR) y Loreto Carvajal (PPD), junto al diputado Daniel Melo (PS), se refirieron a las dificultades expresadas por candidato presidencial del sector, Alejandro Guillier, para financiar la campaña presidencial. Los jefes de bancadas, coincidieron en que la banca privada tiene criterios diferentes a la hora de evaluar a los candidatos presidenciales, basándose en la posición que marcan en las encuestas.   En este sentido, la diputada Marcela Hernando, indicó que «se pone en evidencia una situación que es para todos muy clara, y es que hay una desigualdad de condiciones para aquellos que son millonarios y que en este país podrían solamente ellos acceder a un cargo de representación popular, nosotros hemos puesto condiciones de transparencia en el financiamiento de las campañas y eso hace que la única posibilidad que tengan los candidatos que no son millonarios es postular a créditos de los bancos, y si la banca no está disponible para aquello, eso limita  las posibilidades que tiene cualquier otro candidato, y así lo ha dicho, no solamente el candidato Guillier, también la candidata DC», indicó la diputada radical, Marcela Hernando.   Criterios   Por su parte, la Jefa de la Bancada de Diputados del PPD, Loreto Carvajal, indicó que “hoy día es indudable que la banca privada ha establecido criterios para otorgar créditos, que en nada se condice con la voluntad de que puedan incorporarse a la vida política ciudadanos y ciudadanas que no sean millonarios, que no tengan una billetera abultada”.   “Yo creo que eso no debe ser una limitante. Lo que la ciudadanía requiere es más democracia. Nadie está pidiendo, y en eso nuestro candidato presidencial ha sido sumamente claro, que se le otorgue facilidades excepcionales, sino que criterios comunes como a cualquier ciudadano, más aún cuando se trata de un candidato que representa al pueblo de Chile, no al estamento empresarial”, señaló la parlamentaria.   Carvajal agregó que “Guillier representa a una ciudadanía que espera que este país cambie, que todos estemos en igualdad de condiciones, y seamos capaces de acceder a un cargo de elección popular, y que quien defina la elección no sea la billetera sino que la ciudadanía a través de su voto”.   Actitud matonesca   El jefe de Bancada PS, Daniel Melo, afirmó que «con este tipo de situaciones ha quedado en evidencia q esta campaña presidencial será una lucha entre David y Goliat. Por una parte los grupos económicos apoyando a Sebastián Piñera y por el otros lado la ciudadanía, que a través del voto seguirá apoyando la idea de que Alejandro Guillier sea el próximo Presidente de Chile».   El diputado PS sostuvo que «sin duda q esperaríamos una respuesta distinta de parte de la banca privada, para que ejerciera un marco de igualdad y mejores condiciones para competir», afirmó Melo.   Por lo tanto, recalcó que «creemos que […]

El 1 de agosto de este año, la Gendarmería Nacional Argentina desarrolló un operativo en contra de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut al sur de la República Argentina, donde se produjo la desaparición del ciudadano argentino Santiago Maldonado (28). Los testigos del hecho indicaron que Santiago fue visto última vez mientras era golpeado y subido a una camioneta de Gendarmería. El diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, ingresó este jueves 24 de agosto un proyecto de acuerdo al Congreso Nacional, que tiene como objetivo que el Gobierno de Chile le pida información al Gobierno de Argentina sobre el paradero del joven Santiago Maldonado, quién fue detenido en un violento allanamiento a la comunidad mapuche Pu Lof por parte de la Gendarmería Nacional trasandina a comienzos de este mes. De esta manera, el parlamentario comunista indicó que “lo que le hemos pedimos a la Presidenta de República, Michelle Bachelet, es que por intermedio de la Cancillería pregunten e informen desde Argentina que es lo que sucede con este joven”. “Además, queremos que se plantee al gobierno argentino la necesidad de una preocupación exhaustiva sobre este caso porque todo esto nos recuerda a nosotros el tiempo de los detenidos desaparecidos y no queremos que esto se vuelva a repetir en ninguna parte”, concluyó el diputado Teillier. Santiago de Chile, 25 de agosto 2017 Crónica Digital

Rodrigo González y Cristina Girardi sostuvieron cita en el Congreso con representantes de la “Marcha de la Decencia”, quienes expresaron sus reparos al proyecto de desmunicipalización de la educación pública. Este jueves culminó la denominada «Marcha de la Decencia», en la que un grupo de representantes del Colegio de Profesores caminó por tres días desde Santiago hasta la sede del Congreso, en Valparaíso, con el objetivo de presentar sus demandas sobre el proyecto de desmunicipalización de la Educación Pública. Así, a su llegada fueron recibidos por los diputados miembros de la Comisión de Educación, Cristina Girardi y Rodrigo González. Este último, quien además es el presidente de dicho grupo parlamentario, comentó que «las demandas del Colegio de Profesores son absolutamente legítimas, como un nuevo sistema de financiamiento. Eso se lo hemos planteado no solamente a este Gobierno, sino que también a la administración de Sebastián Piñera, ya que este aspecto debe ser modificado». Rodrigo González explicó que «los municipios deben entregar la educación sin deuda; y si hay deuda por irresponsabilidad, tenemos que abordarlo y resolverlo, ya que lo que no puede ocurrir es que no haya desmunicipalización. De hecho, durante los últimos meses hemos visto que en San Fernando y otras comunas hay una crisis muy profunda, que genera que la administración municipal se vuelva insostenible”. En tanto, la diputada Cristina Girardi agregó que «aquí el Estado no se está haciendo plenamente responsable de la idea de volver a hacerse cargo de la Educación Pública de los niños de Chile, porque claramente con los recursos actuales, en comunas como Cerro Navia o zonas rurales, la subvención no va a alcanzar». «Creo que acá se va a generar una segunda deuda histórica, que tiene que ver con la deuda que tienen los municipios y que se calcula en $150 mil millones. Esto se ha generado bajo la observación pasiva del Estado, sabiendo que las municipalidades no estaban pagando las cotizaciones y otros compromisos que son financiados para los profesores, y pese a que existe un instrumento como el Administrador Provisional para intervenir», agregó Girardi. Finalmente, los diputados se refirieron a la manifestación del gremio, que durante tres días marchó por la Ruta que une Santiago y Valparaíso. Al respecto, Cristina Girardi expresó que «es una forma importante de llamar la atención y más efectiva que hacer paro, porque eso pone en jaque al sistema. Los profesores también están entendiendo que parar toda la educación pública lo único que provoca es que tengamos menos niños en el sistema, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Los felicito porque están poniendo sus puntos sobre temas que no han sido subsanados en el proyecto de ley y que esperamos sean revisados». Santiago de Chile, 25 de agosto 2017 Crónica Digital

Este miércoles 23 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó con 98 votos a favor el proyecto de ley que modifica el Código Penal, tipificando el delito de desaparición forzada de personas. El proyecto que pasa a su segundo trámite legislativo en el Senado, reemplaza el actual título tercero del libro segundo del Código Penal definiéndolo como «De la desaparición forzada de personas, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por los funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución”. Para el diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Hugo Gutiérrez, sostuvo que el tipificar el delito de desaparición forzada a todo evento y no sólo en situación de guerra sin duda es una avance significativo, “porque muchos de los casos que hoy están ocurriendo en nuestro país, incluidos un caso muy cercano para mí en Alto Hospicio, como lo es el caso de José Vergara, un joven que fue detenido por Carabineros y hasta el día de hoy está desaparecido”. El parlamentario por la región de Tarapacá explicó que “Hoy esos funcionarios están siendo procesados por el delito de secuestro y falsificación de instrumento público, pero con esta ley, hubieran sido formalizados por desaparición forzada”. “Es un gran paso que se ha dado en la Cámara de Diputado y espero que el Senado así también lo comprenda. Lamentablemente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado está la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que creo que va a ser comprensiva con este proyecto, muy por el contrario, seguirá amparando a los violadores de los Derechos Humanos, como lo ha hecho hasta el día de ho”, concluyó. Por su parte, el diputado por la región de Atacama, Lautaro Carmona, durante su intervención en Sala recordó algunos de los casos que han impactado a la sociedad chilena y que hasta el día de hoy siguen sin penas para los violadores de los Derechos Humanos. “Sancionar este delito que no prescribe y que tiene connotación de lesa humanidad, por lo tanto es inamnistiable y tampoco tiene derecho a beneficios carcelarios, como es el debate de hoy de quienes por edad piden contemplaciones que no tuvieron con otros de la misma edad que la que tiene ellos hoy día”, finalizó Carmona. Santiago de Chile, 25 de agosto 2017 Crónica Digital

Fundación Defendamos la Ciudad se refierió al fallo unánime del 21/08/17, rol 73.800-2016, de la 3ª Sala de la Corte Suprema, mediante el cual ordenó al Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia a iniciar el proceso de invalidación del permiso de edificación Nº 44/14 del 20/10/14 cursado a la Inmobiliaria Parque Tres S.A. filial del Fondo de Inversión Cimenta. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó al respecto : “todos sabíamos que en el sitio eriazo de 3.000 m2 localizado en la calle Constitución 241, comuna de Providencia, se podía construir solo un equipamiento comercial básico, debido a las restringidas características de esa vía definida como local en el Plan Regulador Comunal, pero los 3 arquitectos funcionarios que tramitaron el acto administrativo optaron por consentir voluntariamente que el titular del negocio construyera un equipamiento comercial de una mayor carga de ocupación, es decir, desatendieron las expresas disposiciones  normativas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Los vecinos afectados por esa abusiva ilegalidad recurrieron ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo, autoridad de superior jerarquía que instruyó al DOM de Providencia para que en su actuación municipal respetara la regulación urbana. El DOM de Providencia, en su oficio Nº 8344 del 08/10/15 dirigido a la inmobiliaria, astutamente no se ciñó a la Ley Nº 19.880 para dejar sin efecto el permiso mal otorgado, lo que dio pábulo a un reclamo del privado en la administración de Josefa Errázuriz, que se radicó en los tribunales de Justicia. En primera instancia la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó lo expresado por el Seremi en cuanto al vicio del permiso y en la administración de Evelyn Matthei, ya en la Corte Suprema, el abogado municipal defendió (sic) la validez del permiso ilícito, actuación imprudente que finalmente no prosperó, tal como se dice en el primer párrafo.      En el aludido fallo la Corte Suprema anuló el oficio municipal Nº 8344 y tan pronto se perfeccione la invalidez del permiso de edificación Nº 44 del 20/10/14, dándose así cumplimiento cabal a lo ordenado por la Corte Suprema a la misma Municipalidad de Providencia, Cimenta podrá solicitar un nuevo permiso ahora ateniéndose a la ley, lo que significa que su negocio inmobiliario será de bastante menor cuantía”. Santiago de Chile, 25 de agosto 2017 Crónica Digital

La iniciativa que deberá estar concretada antes de fin de año permitirá aportar al diseño de la Política Nacional de Montaña.  Durante el seminario “Chile País de Montañas”, organizado por la Comisión Especial de Zonas Extremas del Senado y la campaña “La Voz de la Montaña”, emprendida por organizaciones de la sociedad civil, la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, dio a conocer la visión sobre las políticas fiscales en torno a la protección, administración y conservación del territorio fiscal y las zonas de montañas en nuestro país. La secretaria de Estado informó que se trabajará en un Catastro Nacional de Montañas que deberá estar terminado antes de fin de año. “Si bien ya existe un trabajo avanzado a través de nuestro programa de Rutas Patrimoniales, CONAF, el propio Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), las municipalidades, el sector privado y la Sociedad Civil, tendremos antes de fin de año el Primer Catastro Nacional de Montañas que nos permitirá contar con la información pública disponible con la finalidad de poder caracterizar adecuadamente los senderos y los tramos de senderos, la propiedad, el control del acceso, niveles de dificultad, requerimientos de inversión, de señalización y seguridad entre otros para una adecuada Política Nacional de Montañas”, explicó la ministra Palma. En este marco, la titular de Bienes Nacionales también se refirió a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en relación a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible junto a 193 países miembros de Naciones Unidas. “Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, en el año 2007, suscribimos como país la Alianza para las Montañas en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible para fortalecer la cooperación, y nos hemos comprometido como primer paso dotar al país de una política pública en esta materia, lo que nos permitirá coordinar las acciones de Estado para la preservación y el resguardo de la montaña en Chile”, manifestó la ministra. La actividad, que contó con la participación de los senadores Antonio Horvath y Carolina Goic, se desarrolló en presencia de más de un centenar de especialistas, académicos y montañistas en las dependencias de la Biblioteca del Congreso, en donde se pudo profundizar en diversos temas como la Política Nacional para la Gestión Sustentable de las montañas; el Acceso y el uso consciente a espacios de montañas, y la Conservación del ecosistema de Montaña entro otros. Se hace necesario recordar que la cartera de Bienes Nacionales tiene entre sus responsabilidades administrar y proteger el 53, 57% del territorio nacional, del que un 34,24% corresponde a inmuebles fiscales y un 19,33% a Áreas Silvestres Protegidas que son administradas por la CONAF. Santiago de Chile, 25 de agosto 2017 Crónica Digital

El diputado PPD se manifestó a favor de revisar la situación de Héctor Orozco, quien con 92 años ingresó a cumplir su condena a Punta Peuco, sin embargo, expresó que «lo que siempre buscan los diputados de la UDI ha sido defender a criminales condenados por delitos de lesa humanidad». El diputado PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez, se refirió a la polémica suscitada tras el ingreso a la cárcel de Punta Peuco del general (R) Héctor Orozco, quien con 91 años padece de alzhéimer en una etapa avanzada.  Así, este miércoles diputados de la UDI solicitaron revisar la medida en contra del militar, quien debe cumplir una condena por dos homicidios calificados ocurridos en diciembre de 1973.  Al respecto, el diputado Jiménez comentó que «siempre llama la atención quiénes están detrás de estas peticiones, porque lo que buscan los diputados de la UDI ha sido siempre defender a los criminales condenados por delitos de lesa humanidad».  «La diferencia que tenemos con la derecha es que ellos nunca se van a preocupar de un reo común, sino que su preocupación está centrada en los criminales que puedan caer a Punta Peuco, porque ellos defienden lo que hizo la dictadura y la justificación de los crímenes que se cometieron. Eso me parece impresentable», agregó el parlamentario, quien de todas formas expresó que «no tiene sentido que una persona que posee alzhéimer cumpla una condena. Eso debe revisarse».  De esta forma, Tucapel Jiménez hizo un llamado para que se pueda revisar lo acontecido con el general Orozco y planteó que «no tiene sentido arrestar a enfermos de alzhéimer, pero la postura de la UDI le resta legitimidad al tema, ya que esto vale tanto para una persona que ingresa a Punta Peuco como para quien lo hace a cualquier otro recinto carcelario». Santiago de Chile, 24 de agosto 2017 Crónica Digital