Nacional

Mientras se desvanece la esperanza de lluvias para el otoño e invierno de Chile, los expertos aseguran hoy que la violenta sequía que sufre el país podría prolongarse hasta abril del próximo año.   Según reporta biobio.cl especialistas estiman que durante este año se presentarán fenómenos climáticos que podrían hacer escasear las lluvias tanto como en 2019, cuando la falta de precipitaciones provocó situaciones extremas cuyos efectos se mantienen, sobre todo en la zona central del país.Ese territorio, que concentra a la mayoría de la población del país e importantes zonas agrícolas mantiene niveles inusuales de falta de agua desde 2010, que puede agudizarse aún más en el presente año.Indica biobio.cl que según las estimaciones meteorológicas, las lluvias serán poco probables durante las próximas semanas, lo que se suma a la posibilidad de que este año se genere el fenómeno de La Niña, que hace más difícil la presencia de precipitaciones.Patricio González, especialista del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca, señaló que los efectos de ese fenómeno podrían generar un déficit cercano al 50 por ciento desde mayo próximo hasta agosto.En la misma línea, Raúl Cordero, climatólogo y experto en cambio climático de la Universidad de Santiago, considera que el mayor efecto para la población es que la sequía ponga en riesgo la seguridad alimentaria, con una escasez de productos y el consiguiente aumento de los precios.En ese sentido señaló que la crisis del agua se manifiesta mayormente en los sectores rurales, por lo que para paliar el problema a corto plazo se requiere una mejor gestión de las cuencas, con mayor equidad en el aprovechamiento del líquido.Agregó que a más largo plazo se presentan como alternativas la desalinización del agua de mar y la construcción de embalses, aún cuando ambas variantes tengan efectos ambientales negativos. Santiago de Chile, 22 de abril 2020 Crónica Digital/PL

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Iskia Siches, llamó hoy al gobierno a ser prudente en la aplicación de una serie de medidas tendentes a lograr una denominada ‘nueva normalidad’ en el país.   El presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich y otras figuras del ejecutivo han llamado en los últimos días cada vez con mayor insistencia a avanzar hacia lo que han denominado una ‘Nueva Normalidad’ que incluye el retorno paulatino al trabajo y la vuelta a clases en mayo.En el marco de una nueva sesión de la Mesa Social Covid-19, Siches dijo esperar prudencia del Gobierno sobre todo considerando que ya existen unidades de cuidados intensivos muy sobrecargadas y está por delante el invierno, cuando se disparan la influenza y otras enfermedades respiratorias.Asimismo llamó a fortalecer la estrategia comunicacional para que los ciudadanos tengan plena claridad de qué acciones pueden emprender y cuáles no y de la transitoriedad de las medidas.La presidenta del Colegio Médico lamentó que ese organismo se enterara por la prensa de medidas como el retorno a clases y de los funcionarios públicos a sus labores y pidió fortalecer el papel de la Mesa Social, para considerar la voz de otros actores sociales y políticos a la hora de tomar y de implementar estas determinaciones.La nueva normalidad estimulada por las autoridades chilenas, ha recibido críticas y generado dudas y preocupaciones en sectores académicos, científicos, sociales y políticos donde es calificada como un giro de 180 grados, pues hasta hace muy poco lo orientado era el aislamiento físico y la permanencia de la casa.Al respecto advierten que se pudiera estar enviado a la población un mensaje equivocado que contribuiría a relajar las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento físico que resultan básicas para evitar el contagio de Covid-19.Asimismo plantean que el retorno a las aulas y al trabajo en momentos en que todavía no se han llegado al denominado pico de la pandemia en el país, pudiera provocar un peligroso aumento de los casos de contagio.Desde sindicatos y partidos de oposición se señala que tras esa nueva normalidad se esconde también el interés del gobierno por priorizar la economía, en detrimento de la salud de la población y en especial de los trabajadores y familias más vulnerables. Santiago de Chile, 22 de abril 2020 Crónica Digital/PL

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, criticado por amplios sectores, es hoy centro de una nueva polémica tras declarar que la suspensión de clases por la Covid-19 fue un ‘grave error’.   La víspera, en una intervención virtual ante la Cámara de diputados, Mañalich dijo que ‘nunca compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas. Nunca. La evidencia que ahora tenemos acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, que dejó a los niños sin vacunas, sin educación, sin comida y sin protección’.Además arremetió contra los alcaldes, principales impulsores de esa medida, al señalar que ‘se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse a las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, y nada de eso ocurrió’.Las intempestivas expresiones llevaron al titular de Educación. Raúl Figueroa, a declarar a la prensa sobre el tema que en las crisis es complejo tomar decisiones y que el gobierno lo hizo ‘con todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores’ y fue así como el sistema educativo se adecuó a esa realidad.En tanto, la ministra portavoz del gobierno, Karla Rubilar, defendió la decisión de suspender las clases a causa de la crisis sanitaria, y aseguró a una televisora local que ‘por supuesto que no fue un error. Nosotros tomamos una buena decisión con los argumentos que habían en ese momento, con la evidencia científica, con lo que decía la comunidad’.Las declaraciones del ministro también causaron escozor en la Asociación de Municipalidades de Chile, cuyo vicepresidente, Germán Codina, calificó de errados los planteamientos de Mañalich y opinó que el gobierno ‘debería llamarlo al orden’.Añadió que ‘todos los días (el ministro) nos está sorprendiendo con nuevas frases y en vez de estar uniendo la energía y trabajando en equipo para ganarle a esta pandemia, lo único que hace es desunir y generar problemas’.Asimismo señaló que el titular mintió pues los niños no fueron vacunados contra la influenza por orientación del propio Ministerio de Salud, que recomendó esperar a que llegara un cargamento de vacunas al país a mediados de abril y aún no lo han recibido.El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó que ‘son tan burdas sus declaraciones que el esfuerzo de creatividad del gobierno para defenderlo debe ser grande en este momento’.Las declaraciones también fueron cuestionadas por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien las consideró ‘inauditas e insólitas’ y advirtió que, por el contrario, la suspensión de clases presenciales fue decisiva para evitar que la pandemia se expandiera mucho más. Santiago de Chile, 22 de abril 2020 Crónica Digital/PL

Al menos 68 reclusos y 81 funcionarios de Gendarmería están contagiados de Covid-19 en la cárcel de Puente Alto, en esta capital, denunció el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Tal situación ha provocado tensiones al interior del establecimiento penitenciario, donde el domingo último ocurrieron altercados por protestas de los reclusos en uno de los bloques del presidio, que reclaman mejor atención sanitaria. Según informes de prensa  Gendarmería dispuso la aplicación de 300 exámenes de Covid-19 para aplicarlos a presos y gendarmes de ese boque y otras dependencias de la cárcel, donde el INDH apreció la falta de elementos de protección necesarios tanto para los presos como para el personal médico.Micco denunció que en su visita al presidio apreciaron que el personal médico es mínimo, con solo una enfermera y tres paramédicos. Por su parte, Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH, confirmó que se están aplicando los exámenes para detectar el coronavirus SARS-Cov-2 y se han aplicado otras medidas, pero son «insuficientes ante la magnitud de la situación que se vive al interior del penal». Consideró preocupante que después de dos semanas de que el INDH denunciara la falta de personal médico en el penal, este aún no cuenta con un médico, y el equipo de salud es  muy pequeño para la cantidad de población penal y de funcionarios contagiados o con sospecha de estarlo. El INDH señaló además que fuera de esa y otras cárceles se producen aglomeraciones de familiares sin los resguardos ni el distanciamiento físico recomendado, y sin el control necesario para ingresar paquetes a sus familiares privados de libertad. La pasada semana causó gran impacto en medios sociales y políticos un informe de la Corte Suprema que califica como una bomba de tiempo la situación sanitaria y de hacinamiento de las cárceles del país, agudizada por la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 21 de abril 2020 Crónica Digital/PL

El presidente del Partido Progresista de Chile, Camilo Lagos, informó que seis partidos y organizaciones de izquierda y progresistas han suscrito una “convocatoria a la ciudadanía, y el mundo social y político” para establecer un “pacto por la vida y la dignidad”. Explicó que se trata de “una propuesta en común por la vida y dignidad en tiempos de crisis con sentido de supervivencia y humanidad”, enfatizando que “Sebastián Piñera enfrenta la crisis con lógicas mercantiles, ideologizadas y cortoplacistas, propias de su pensamiento derechista y empresarial”. El documento fue suscrito por las colectividades que integran la coalición “Unidad por el Cambio” (Partido Progresista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Comunista), junto a partidos y organizaciones que fueron parte del Frente Amplio (Partido Humanista, Izquierda Libertaria y Partido Igualdad). En su conjunto representan la segunda mayoría de congresistas en el actual Parlamento. A través de 13 puntos, los seis partidos de izquierda y progresistas presentan una serie de medidas para enfrentar “la mayor crisis sanitaria, económica y social que conozca nuestra democracia”. Al respecto, Camilo Lagos señaló que “cuando, en el mundo, la gran mayoría de gobiernos –incluso de centro–derecha– ponen al Estado en el rol central para cuidar a la ciudadanía y la economía en la crisis, este gobierno insiste en cuidar el bolsillo de los grandes empresarios y dejar a su suerte, a las grandes mayorías de trabajadores y Pymes”. Entre las iniciativas propuestas por los partidos opositores, destaca la implementación de un plan nacional de reforma al sistema de salud chileno, con medidas inmediatas como aumento de presupuesto y control estatal de todo el sistema de salud privado. Ello, “mientras dure la pandemia, con el objetivo de garantizar la democratización de la atención médica, sin tener que traspasar recursos públicos para el lucro de las empresas privadas de salud”. Como segundo punto, los partidos opositores instan a la creación de una facultad nacional de especialidades médicas que promueva la formación de los especialistas “que se requiere con urgencia en el país”. Asimismo, apuntan a la creación de un nuevo sistema nacional de organización frente a catástrofes sanitarias, conformado por académicos, instituciones especializadas y organizaciones sociales; y el fin las AFP, incluyendo el retorno de sus fondos en inversión extranjera para que se inviertan en el país. También proponen la creación de un fondo “para la nacionalización de todas las empresas estratégicas que entren en crisis, para que los servicios básicos de la vida de los chilenos y chilenas no queden expuestos nuevamente a la especulación de la bolsa y sean negocio de las empresas multinacionales, sino que sean una garantía de vida y tranquilidad de nuestro pueblo”. En la misma línea, los firmantes instan a la entrega de una renta pandémica asegurada de parte del Estado equivalente al sueldo mínimo para “garantizar que ningún trabajador ni su familia quede expuesto a caer bajo la línea de la pobreza por la pandemia y cuarentena”, incluyendo a las mujeres “que trabajan no remuneradamente en sus hogares, realizando las labores domésticas, […]

El Ministerio Público abrirá una investigación penal en contra del Tribunal Constitucional, luego de que la diputada Carmen Hertz presentó una denuncia con el propósito de que se indaguen irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos en el período de la presidencia de Iván Aróstica. El persecutor será elegido por la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La situación se origina en una entrevista que dio al diario “La Tercera” la actual presidenta del organismo, María Luisa Brahm Barril: “Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción”. Agregó que “esta excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios”. Frente a ello, Carmen Hertz manifestó que “las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, son extremadamente graves, ya que está señalando que las dilaciones en las causas de los derechos humanos, que son las causas que se han dilatado por meses, lindan con la corrupción”. Añadió que “he denunciado ante la Fiscalía Nacional, la necesidad de que se abra una investigación con los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, de los miembros del Tribunal Constitucional que componían ese tribunal cuando las causas se dilataron por meses y meses”. La situación se desencadenó en el contexto de la fractura al interior del Tribunal luego de la votación que terminó en el rechazo al requerimiento de parlamentarios de Chile Vamos que acusaron discriminación por no incluir a los genocidas presos de Punta Peuco en la ley de conmutación de penas enviada por La Moneda. María Luisa Brahm señaló que es explicable el desprestigio de la entidad ante la ciudadanía, por su falta del cumplimiento de su rol. “Yo creo que el desprestigio del Tribunal se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones”, dijo en la entrevista con “La Tercera”. Explicó: “Me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación de sentencias, en la suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple con sus funciones”. “Cuando llegué a la presidencia había causas que llevaban más de ocho meses en que no había pasado nada con ellas, estaban en una especie de limbo. Estaban listas y no se veían. Eso produjo mucho malestar no sólo entre las partes, sino que también en los tribunales, porque cuando un requerimiento entra al Tribunal Constitucional se produce la mayoría de las veces la suspensión de la causa de base”, señaló María Luisa Brahm agregando que una vez le tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente “por […]