Nacional

El diputado Daniel Núñez (PC) y la diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS) denunciaron que en el proyecto “Pro Inversión” del ministerio de Economía -que se votará este jueves en la Cámara de Diputados- se incorporan modificaciones al Código de Aguas que en la práctica significará la privatización de la labor fiscalizadora de la DGA. En la semana que la Cámara de Diputados vota en su tercer trámite el Presupuesto 2019, otro proyecto pone las alarmas en las bancadas de oposición por los efectos que podrían significar, entre ellos, la privatización de instituciones como la Dirección General de Aguas. La explicación se da por la urgencia de “discusión inmediata” que el Gobierno le dio al proyecto “Pro Inversión” del Ejecutivo, que tendrá que ser debatido y votado tras la discusión presupuestaria y antes del jueves 29 de noviembre, y que incluye modificaciones que establecen la privatización de las funciones fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas. Según detalló el diputado Daniel Núñez (PC) “se privatiza una función fiscalizadora que actualmente tiene la Dirección General de Aguas (DGA) y se le entrega a un perito privado que se va a inscribir en un registro y que va a hacer la fiscalización en terreno, pero va a ser pagada por el demandante del derecho al agua, es decir, generalmente grandes empresas agroindustriales o empresas mineras”. En la práctica, denuncia el diputado Núñez, es una abierta privatización de la labor fiscalizadora de la DGA, que beneficiará principalmente a las grandes empresas y a las mineras. “Deja en el total desamparo a los campesinos y a las comunidades. Esto va a legalizar el robo de agua que se ha denunciado en la provincia de Petorca, en la región de Coquimbo y que lamentablemente se ha extendido a todo Chile”, agregó Núñez. Por su parte, la jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS), hizo hincapié en su desacuerdo con que “la fiscalización se traslade a privados y que sean ellos mismo los que quieren la inversión, los que quieren hacerse dueños de esas aguas, los que hagan el informe para que esté ok desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista medioambiental. No corresponde, eso es entregarle al gato la carnicería”. Además, agregó “como parlamentarios lo que nos preocupa es la forma de tramitar, o sea, esta forma que está empujando el Gobierno que nos están diciendo discútanlo inmediatamente, vótenlo inmediatamente, cuando solo en esta pasada nos damos cuenta de una arista, cuántas otras más complicaciones podemos encontrar en este proyecto de ley que, entre comillas, se le dice de inversión”. En este sentido, Sepúlveda indicó que “acabamos de pedirle al presidente subrogante, diputado Jaime Mulet, la posibilidad de solicitar al Ejecutivo que le baje la urgencia, y que nosotros podamos en cada una de las comisiones, chequear las consecuencias de esta ‘ley de mejorar la inversión’, pero que en definitiva lo único que va a hacer es concentrar la inversión y a todos los agricultores más pequeños, a los pequeños mineros, […]

Con la firma de 68 diputados de todos los partidos de la Oposición, el diputado René Saffirio, ingresó la solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora, relativa a los acontecimientos que concluyeron con la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Al respecto, el parlamentario explicó que “son 8 puntos los que queremos investigar, que no solo están relacionados con las circunstancias en que se produjo la muerte del comunero mapuche, sino con el funcionamiento del Comando Jungla; el funcionamiento y adoctrinamiento de Carabineros; los perjuicios causados a niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche; y la formulación de un conjunto de propuestas que esperamos sean el resultado de un trabajo que vamos a realizar durante 120 días en el evento de que la Cámara apruebe, ojalá mañana, la constitución de esta comisión”. “Lo que esperamos es que al término de la comisión podamos tener conclusiones que nos permitan avanzar con propuestas para reconstruir relaciones de normalidad en el contexto de un conflicto que a juicio nuestro se prolonga demasiado y que tiene que ser visto con una mirada mucho más integral que la estrictamente judicial o policial”, señaló Saffirio. Por su parte, la diputada Mapuche-Huilliche Emilia Nuyado (PS), fue enfática en señalar que “todas la acciones que se puedan realizar desde el Congreso  y la Cámara de Diputados son importante para ayudar a esclarecer el asesinato de Camilo Catrillanca”. “Hemos visto como se han ido conociendo de a poco antecedentes sobre los acontecimientos del asesinato de Camilo, ayer no enteramos como se hizo desaparecer la cámara que grabó el asesinato de nuestro weichafe. Por estas cosas es que es necesario que como Cámara de Diputados investiguemos este tema y citemos a las víctimas y eventuales responsables de este caso”, dijo la diputada Nuyado. Para el Jefe de Bancada del PPD, diputado Ricardo Celis, la constitución de esta Comisión Investigadora es necesaria porque “han sido tantos los hechos poco establecidos en la muerte de Camilo Catrillanca, donde tenemos versiones de carabineros que han ido variando a medida que pasa el tiempo de la boca de su Director General, como así también las opiniones variables del ex intendente Mayol y del mismo Ministro Chadwick, que hace necesario e imprescindible tener una visión más objetivo y más clara de lo que sucedió y cuáles son los hechos que están circundando sobre la muerte lamentable del joven comunero”, comentó el parlamentario. Asimismo, la diputada del distrito donde sucedieron los hechos, Andrea Parra señaló “apoyamos esta iniciativa de convocar esta Comisión Investigadora, básicamente porque no solo está destinada a aclarar las circunstancias de la muerte del comunero Camilo Catrillanca, sino que también va abordar temas más profundos, como es la formación y preparación  de carabineros para intervenir en una región tan compleja como la Araucanía. Así también las propuestas legislativas, es decir, va a permitir que la Cámara de Diputados se haga cargo de un problema y podemos plantear iniciativas que mejoren la Región”. Finalmente, la jefa de la Bancada Regionalista e […]

El Presidente del Partido Comunista y diputado Guillermo Teillier se refirió a las conversaciones y diálogos que han sostenido con el Partido Progresista y el Federación Regionalista Verde Social. Este conjunto de colectividades se preparan para dar a conocer un manifiesto en los próximos días el que expresará objetivos y propuestas para la construcción de una unidad opositora con trabajo en el Parlamento y en el territorio. “Efectivamente se han realizado y se seguirán produciendo encuentros e intercambios de opinión entre los partidos PRO y Regionalista Verde Social, con un sentido claro: aportar a la construcción de la unidad de partidos de oposición, y queremos que sea una unidad muy amplia sin exclusiones  y al mismo tiempo vamos a seguir discutiendo  propuestas que puedan servir a un plataforma o programa  de acción común, tanto para el trabajo parlamentario, con la lucha social en las comunas”, afirmó Teillier.   Con respecto al carácter de este diálogo donde algunos medios lo llamaron erróneamente “bloque”, Guillermo Teillier aclaró que “expresamente no nos hemos constituido como bloque, no, no somos un bloque. Se trata de un diálogo abierto, no excluyente, somos respetuosos de nuestra diversidad. Tampoco hay un pacto electoral como han dicho algunos, aunque nosotros no negamos que es un tema abierto hacia el futuro, pero creemos que  ese tema no sólo va a incluir la conversación nuestra, sino que  al conjunto de la oposición”.   Finalmente sostuvo que esta semana lanzarán un documento que reúne los principales objetivos del diálogo entre el PC-PRO-FRVS: “En estos días se va a dar a conocer públicamente un manifiesto que hemos sacado y el cual lo estamos firmando los tres partidos y esperamos que alguno otro más también pueda hacerlo”, indicó el timonel del PC. Zona de los archivos adjuntos

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, lamentó que Carozzi, “gaste tiempo y recursos en tratar de cambiar la ley y no en hacer alimentos saludables” y criticó que la empresa “haga caso omiso a los muchos fundamentos científicos”, que respaldan la iniciativa. El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado y autor de la Ley de Etiquetado Nutricional, señaló que es “lamentable que mientras buena parte de la industria -como Colún y Soprole- usa tiempo y recursos para generar nuevas tecnologías y producir alimentos saludables y no tener que usar sellos, Carozzi dedica sus esfuerzos en tratar de cambiar la ley”. El parlamentario, quien se encuentra en Bangkok, participando en un encuentro de la FAO, afirmó que “ya el 20% de la industria reformuló sus producción y hay una conciencia cada vez mayor en las empresas que deben producir alimentos saludables y dejar de vender productos altos en sal, grasa y azúcar”. Girardi dijo que “Carozzi cuestiona una de las políticas públicas que cuenta con un alto consenso científico nacional e internacional. En Chile fue creada con el apoyo de las sociedades chilena de Pediatría y de Nutrición; de los colegios Médicos y de Nutricionistas, de los decanos de Medicina y rectores de diversas universidades, de los Premios Nacionales de Ciencia”. Y agregó, “además cuenta con un respaldo rotundo de la FAO que acaba de editar un libro que se está distribuyendo a parlamentarios de todo el mundo para promover la ley. Y la OMS la considera uno de los mayores aportes al combate contra las enfermedades crónicas no trasmisibles”. El senador recordó que “la ley acaba de tener una de las evaluaciones más serias que se pueden hacer en Chile, realizado por el INTA de la Universidad de Chile, la UDP y la Universidad de Carolina del Norte, que tiene una larga experiencia en la evaluación de programas alimentarios”. Y agregó que “esta evaluación señala que ha tenido un impacto altísimo a casi un año de su implementación -y que aún no concluye- marcando una importante reducción en el consumo de bebidas gaseosas dulces y de cereales, así como una disminución de productos con sal y, sobre todo, en la alta comprensión que tienen los consumidores respecto de la ley”. Para Girardi “nos parece una paradoja que una importante productora de alimentos haga caso omiso del fundamento científico.  Tal vez Carozzi cree que las leyes se tienen que adecuar a ellos y no ellos a las leyes”. Santiago de Chile, 27 de noviembre 2018 Crónica Digital

Las concejalas Irací Hassler y Rosario Carvajal, junto a Centros de Padres y Apoderados de los liceos Darío Salas e Internado Nacional Barros Arana, la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), el equipo del Diputado Gonzalo Winter y otros actores de comunidades educativas, sostuvieron una reunión con Beatriz Contreras, Jefa Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para abordar sus preocupaciones producto de la constante desproporción del actuar de Fuerzas Especiales en liceos de la comuna, Al respecto, la concejala Hassler, quien preside la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Santiago señaló que la iniciativa busca “proteger y visibilizar la situación que están viviendo las comunidades educativas de Santiago de una represión, una desproporcionalidad de la acción de Carabineros, en particular de Fuerzas Especiales y que nos preocupa tremendamente porque ya se han vivido situaciones de vulneración a los niños, niñas y adolescentes en la comuna” Por su parte, la concejala Carvajal agregó que les preocupa la situación que se vive en las comunidades porque “vemos de parte de la Administración Municipal una estrategia común donde se ha estigmatizado a los y las estudiantes. En el contexto de violencia en la Araucanía que hemos visto, nos preocupa que esto pueda pasar a mayores. Nos preocupa en definitiva la militarización de nuestros liceos y la fuerza desproporcionada con la cual está atendiendo Carabineros”. Santiago de Chile, 27 de noviembre 2018 Crónica Digital

“Bienes Nacionales recupera único inmueble que CEMA Chile mantenía en La Araucanía”, señalaba a comienzos de septiembre pasado una nota del portal digital de Radio Bío Bío. Añadía que “un acuerdo firmado entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y CEMA Chile puso fin a la controversia judicial entre el Fisco y la Fundación”. Todo ello en el contexto de una ceremonia encabezada por el actual Ministro Felipe Ward. En términos precisos, el Ministerio de Bienes Nacionales recuperó el referido inmueble en La Araucanía como producto del acuerdo que estableció el traspaso al Estado de un total de 108 inmuebles que se encontraban en poder de la entidad que presidía Lucía Hiriart de Pinochet, el cual fue rubricado en marzo por CEMA y el CDE en la 12º Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ello es producto de la labor que se realizó en esta materia en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y en el marco de nuestra gestión ministerial. Como se sabe, 10 de diciembre de 2015 solicitamos al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, que el organismo interpusiera acciones judiciales para la recuperación de los bienes inmuebles originalmente fiscales que entonces aún pudiesen estar en manos de la Fundación CEMA Chile. Para esos efectos, proporcionamos todos los antecedentes que habíamos logrado acreditar como resultado de amplia la investigación que realizamos en el Ministerio de Bienes Nacionales. En Bienes Nacionales había instruido la elaboración de un catastro oficial, con búsqueda acuciosa en los archivos históricos (Formulario H y Sistema Nacional de Catastro) y en el Sistema de Catastro del Ministerio. También se realizaron consultas en el Archivo Nacional y el Servicio de Impuestos Internos. Ello arrojó una lista de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Solicitamos además al Servicio de Impuestos Internos el envío de los Roles y los avalúos de los inmuebles, a fin de efectuar tasaciones comerciales y estimar el perjuicio económico posible con la enajenación de los inmuebles. Solamente con 118 casos, llegamos a determinar $ 80.849.812.342. También instruimos a todas las Seremis fiscalizar de los inmuebles transferidos y otorgados en concesión. Nuestro convencimiento era que la entidad presidida por Lucía Hiriart de Pinochet había incumplido gravemente el compromiso asumido en su momento con el Estado de Chile, en cuanto a destinar dichos bienes inmuebles fiscales a los fines sociales, consistentes con su objeto social. Ello fue la justificación del amplio uso del mecanismo excepcional de la transferencia gratuita para beneficiar a CEMA Chile. Las evidencias mostraban que parte significativa de los inmuebles fiscales transferidos gratuitamente habían sido enajenados. Así las cosas, el CDE solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que la Causa 1618–2004, más conocida como “caso Riggs”, se repusiera al estado de sumario en lo referido a CEMA, solicitando un conjunto de diligencias orientadas a “indagar a fondo” si los bienes […]

Daniel Núñez (PC) y Jaime Mulet (FRVS) ingresaron oficialmente la solicitud de remoción del excontralor Ramiro Mendoza, quien se desempeña como presidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado desde junio del 2018. Para los diputados, la salida de Mendoza es un “mínimo de transparencia” dada la investigación que se cursa por la anulación de un sumario de Contraloría que podría haber detectado con anticipación el mega fraude en Carabineros. Tal como lo habían adelantado la semana recién pasada, los diputados Daniel Núñez (PC) y Jaime Mulet (FRVS) llegaron hasta el Palacio de La Moneda para ingresar la solicitud de remoción del actual presidente del Consejo Asesor para la Modernización de Estado, el excontralor Ramiro Mendoza. La solicitud surge tras los antecedentes que revelaron que en el año 2010 el entonces Contralor de la República, Ramiro Mendoza, anuló un sumario realizado al Departamento de Remuneraciones de Carabineros. Dicho sumario podría haber alertado sobre las irregularidades antes de que estallara públicamente el denominado “Pacogate”. Sin embargo, no sólo fue anulado, sino que posteriormente se extravió, hechos que han promovido una investigación judicial a cago del fiscal Eugenio Campos. En ese marco, el diputado Daniel Núñez sostuvo que “hemos venido a pedirle al Presidente de la República, lo que consideramos es un mínimo acto de transparencia que se le puede pedir a un Presidente, que es que remueva al excontralor Ramiro Mendoza de este Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Los hechos que son de público conocimiento, donde hay una situación absolutamente comprobada, donde hay una anulación de un sumario que se estaba impartiendo en el 2010 y que podría haber detectado este fraude multimillonario, evidente que es un hecho extremadamente grave”. “Dada esta acción que es un acto de encubrimiento al fraude que se ha producido en Carabineros, Ramiro Mendoza queda inhabilitado para asumir un cargo en este Consejo Asesor. No podemos tener a una persona con este currículum y con estas faltas quien esté dirigiendo una entidad tan importante”, agregó Núñez. Por su parte, el diputado Jaime Mulet agregó que “si verdad queremos modernizar el Estado, es muy importante el término de un tipo de práctica que precisamente va en contra de eso. A Ramiro Mendoza le asiste la presunción de inocencia, pues no ha sido condenado en ninguna de las investigaciones, pero las prácticas que revelan las conversaciones que se han sabido y las declaraciones que se han hecho, son prácticas que debemos erradicar». “Las cuestiones de poca transparencia de entendimiento entre los poderosos, es algo que hay que erradicar absolutamente, y son temas que lleva este Consejo Asesor. Por eso es que creemos que él debe dar un paso al costado y si no, el Presidente de la República debe pedirle la renuncia”, concluyó Mulet. Santiago de Chile, 26 de noviembre 2018 Crónica Digital

Poniendo ahora como excusa la necesidad de “adaptarse” a las transformaciones que está sufriendo el mundo del Trabajo -producto de factores tales como la creciente automatización de los puestos de trabajo- el Gobierno de Sebastián Piñera está empeñado en sus  contrarreformas laborales para, según él, los trabajadores y trabajadoras se “adapten” a estos cambios, hincando el diente, una vez más, a la flexibilización de las jornadas laborales (horarios) asegurando además que así los trabajadores y trabajadoras serán más felices con más tiempo para la familia, el ocio o el estudio sin perder, asegura el Gobierno, ningún derecho laboral aunque voces de expertos disienten asegurando que esta es una especulación del más alto nivel. Pero ¿qué hay detrás, cuál es la letra chica en los proyectos de ley de Piñera como el del Teletrabajo? (Trabajo a distancia y que es una propuesta legislativa con un algunos matices pero que tiene su matriz en uno que presentó en el 2010 y que no prosperó); ¿qué se esconde en el proyecto Estatuto Laboral para Estudiantes de Educación Superior?…¿por qué son majaderos en insistir en lo bueno que es para una persona trabajar desde su casa, aislado sin contacto con el resto de los compañeros de pega o que ensalcen  los pactos individuales de horario de jornada como la panacea para un mundo feliz?. “Las condiciones de flexibilidad cuando se intentan imponer, siempre significan menores condiciones en la calidad del empleo de los trabajadores. Cuando hablamos de precarizar laboralmente, estamos planteando por ejemplo, preguntas que no responde el ministro: Que trabaje desde su casa, ¿significa que no va  a haber más bono de colación ni de locomoción; que trabaje desde su casa ¿significa que no va a tener cobertura de ley que los proteja en el trayecto a su trabajo; ¿significa que le van a dividir la jornada en tres, cuatro, y en cinco (parceladas) durante ocho horas? Esas son solo algunas de las interrogantes que cabe plantearse asegura el consejero nacional de la CUT y vicepresidente de Comunicaciones, Eric Campos ante esta nueva arremetida de la Derecha política y empresarial. Desde el punto de vista meramente de condiciones laborales, el proyecto como el del Teletrabajo (tramitando en el Congreso) abre grandes incertidumbres respecto a cómo se materializaría en la práctica (y no en el papel solamente) trabajar, por ejemplo, desde la casa. Temas como el seguro de protección, en casos de accidentes en la casa mientras está en su horario de trabajo o de cobertura para enfermedades profesionales: ¿cómo se fiscalizarían en terreno o cómo se determinarían?;  ¿tendrán efectivamente los mismos derechos a beneficios que puedan recibir los otros trabajadores de la empresa?; ¿será siempre con debida protección social y de salud?; ¿cómo efectivamente se harán  cargo de las mínimas condiciones de infraestructura y seguridad que deben tener para trabajar en sus casas?; ¿a quién le cargarán los gastos básicos de luz, teléfono, agua, papel higiénico, etcétera en los que se incurran durante el mes laboral…serán incluidos en los salarios…habría merma de los mismos o se darían […]