Aunque no nos percatemos, los gritos de Feliz Fin de Año demorarán en estallar ese corto período debido a la necesidad de añadir un segundo adicional al tiempo atómico para que concuerde con el universal, basado en la rotación de la Tierra, que se desacelera. De acuerdo con los científicos, el tiempo atómico es un sistema internacional de tiempo, utilizado desde 1972 y viene dado por la lectura de relojes atómicos. Cada seis meses, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS, por sus siglas en inglés) basado en el Observatorio de París, determina si se debe añadir o quitar un segundo a los relojes atómicos. París, 28 diciciembre 2005 Prensa Latina , 0, 63, 10
El jurista así lo planteo tras participar en los alegatos de la solicitud de desafuero del otrora gobernante de facto, a quien se le responsabiliza de haber utilizado recursos públicos para cimentar su cuantiosa fortuna, avaluada en 27 millones de dólares. El profesional afirmó que existen «fondos que fueron depositados en las cuentas de la Casa Militar, los que siendo propiedad del ex jefe castrense, nunca le fueron restituidos debido a las medidas precautorias financieras decretadas por el tribunal cuando se iniciaron las indagaciones». Al término de la audiencia desarrollada en el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rodríguez Grez sostuvo que no «hay duda que existe una persecución en contra del general Pinochet, puesto que el ministro llegó a conclusiones con informes de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos (Brilac)». En tanto, la procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Maria Teresa Muñoz, afirmó que los argumentos esgrimidos por Rodríguez Grez «son erróneos», puesto que hizo una mala interpretación del documento que preparó la Policía de Investigaciones. La abogada dijo que cada uno de los «antecedentes contenidos en el expediente está probado y cuenta con un respaldo que avala el trabajo que desarrolló en su oportunidad el ministro Sergio Muñoz y posteriormente, Carlos Cerda». Santiago de Chile, 28 de diciembre 2005 Crónica Digital , 0, 46, 3
Aucán Huilcamán, líder mapuche, cuya postulación presidencial fue rechazada el pasado octubre por no poder avalar ante notario más de 35 mil firmas recogidas en todo el país, se reunirá con ambos candidatos para entregarles las prioridades de las distintas comunidades del país. «Ninguna de las propuestas de gobierno conocidas de los candidatos presidenciales del oficialismo y la oposición toman en cuenta los legítimos derechos de los pueblos originarios», afirmó el dirigente indígena en declaraciones a Prensa Latina. Haciendo notar su descontento por la falta de una política integradora de las fuerzas que desde 1990 comparten el poder político en Chile, Huilcamán informó que esta tarde se acordará la propuesta que harán los indígenas como condición para acudir a las urnas. Cerca de 40 dirigentes nacionales redactarán el documento que sería entregado este miércoles a los representantes de la opositora Alianza por Chile, y a la candidata de gobierno, quienes han manifestado su interés por contar con ese apoyo. El anuncio lo hizo Huilcamán luego de llevar el saludo de los pueblos originarios chilenos al recién elegido presidente de Bolivia, el también indígena Evo Morales, líder del izquierdista Movimiento por el Socialismo (MAS). Según el dirigente, lo que acaba de ocurrir en el país altiplánico demuestra que «los indígenas están preparados para gobernar en cualquiera de los países de los que forman parte». Además del saludo, los representantes de los pueblos originarios de la nación sudamericana pidieron a Morales un compromiso concreto con la aprobación de los proyectos de defensa y reconocimiento que en este momento son discutidos en la OEA y en Naciones Unidas. El pasado octubre, pese a promesas de apoyo del gobierno y políticos chilenos, el líder indígena no logró que su candidatura presidencial fuera registrada en el Servicio Electoral, aún cuando era respaldada por cerca de 40 mil firmas recogidas en todo el país. La ley electoral exige que para validar una candidatura se requieren al menos 35 mil, pero avaladas en notarias que exigían más de 130 mil dólares para certificarlas, monto inalcanzable para el dirigente popular que carecía de respaldo económico. Intensas gestiones desplegadas por Huilcamán y el apoyo brindado desde diversos sectores políticos y sociales, fundamentalmente de la izquierda, llevaron al gobierno a presentar el proyecto de ley que extendía el plazo para darle tiempo de legalizar las firmas requeridas. Sin embargo, cuando se presentó a votación en la Cámara de Diputados la normativa no logró el quórum requerido y la iniciativa abortó por falta apoyo, especialmente de los legisladores de la extrema derecha opositora. El jefe indígena representa a varios de los grupos de mapuches más radicalizados que demandan la devolución de las tierras que pertenecieron a sus antepasados a la llegada de los conquistadores españoles. La política agraria y, en especial, de apoyo a los pueblos originarios iniciada por el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973) fue truncada por la dictadura militar primero, y los gobiernos neoliberales que han gobernado Chile en los últimos 15 años. De los 15,1 millones de […]
La petición la hizo el jurista luego de que, transcurrido un mes, dicho trámite no se haya realizado debido a la presentación de diversas acciones legales tendientes anular la encargatorias de reo por nueve desapariciones de disidentes al régimen castrense en 1975, que pesan sobre el ex gobernante. Por esta misma causa, el juez Montiglio debe resolver hoy si concede o rechaza la petición de libertad provisional formulada por el abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez Grez. Pinochet se encuentra sujeto a arresto domiciliario desde fines de noviembre pasado. Santiago de Chile, 28 de diciembre 2005 Crónica Digital , 0, 45, 3
Para Acción por los Cisnes es importante conocer más detalles de la investigación que pidieron las autoridades argentinas por la existencia de un ducto clandestino en Alto paraná, que quedó en evidencia luego de la muerte de dos trabajadores al interior de esta industria el pasado 7 de octubre, cuyos cuerpos llegaron al río Paraná a través de este ducto ilegal. «Aprovecharemos este viaje para conocer las denuncias de contaminación contra la planta de Alto Paraná y conversar con los parlamentarios que pidieron la investigación por el accidente ocurrido en esta industria», señaló el vocero de Acción por los Cisnes, José Araya. Cabe destacar que este viaje se efectuará luego de una invitación realizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (noroeste de Argentina), organización que ha desarrollado múltiples protestas en la Provincia Entre Ríos por la instalación de planta de celulosa en Fray Bentos, Uruguay, para manifestar su rechazo ante la eventual catástrofe ambiental en el río Uruguay, que cruza ambos países. «De confirmar esta información, se convierte en un dato muy relevante para las investigaciones judiciales en marcha contra Celco en Valdivia. Nosotros siempre hemos sostenido que la contaminación del río y la destrucción del Santuario no fue un accidente, sino que la insensibilidad ambiental de Celco que los llevó a cometer delitos para lo que usó entre otras cosas, un ducto ilegal como al parecer existe también en esta planta del grupo Arauco en Argentina», indicó Araya. INVESTIGAN TRASCENDENCIA DE DUCTO ILEGAL DE VALDIVIA Actualmente, Celulosa Arauco y su planta Valdivia tiene dos acciones judiciales en su contra. Una de ellas esta a cargo de la Fiscalía Local que investiga varias querellas por delitos de contaminación del patrimonio natural del Río Cruces. La otra es una demanda por daño ambiental que el Consejo de Defensa del Estado presentó contra Celco por la contaminación del Santuario de la Naturaleza. No está de más recordar que la planta Valdivia fue cerrada por la Corema de la Décima Región el 18 de enero de 2005, siendo uno de los motivos el reconocimiento de la existencia de un ducto ilegal que usó esta industria el año 2004. El ducto se selló con una reja y una película de fibra de vidrio, pero nunca se investigó su incidencia en la contaminación y la muerte de la flora y fauna del río cruces. Por todas las irregularidades descubiertas, la Corema de la Décima Región, en su Resolución 182 de marzo del 2005, sólo aplicó una multa de 1300 UTM, monto que Acción por los Cisnes considera irrelevante para una industria que genera 250 mil dólares de ganancias diarias. Santiago de Chile, 27 de diciembre 2005 Crónica Digital , 0, 56, 16
Fundación Oceana respalda el cierre total de los puertos chilenos para barcos pesqueros chinos, tras conocerse que la disminución del recurso jurel, se debe en parte a la actividad pesquera de éstos en el límite de las 200 millas marítimas. Así lo dio a conocer el Director Ejecutivo de esta organización, Marcel Claude, quien agregó que la reciente reducción en 75 mil toneladas de las cuotas máximas de captura de jurel, es una medida consistente pero insuficiente para detener la sobreexplotación de este recurso. En ese sentido, el economista recordó que aquí el tema de fondo para el Estado debe ser impedir la depredación de los mares. Por eso tampoco corresponde que arbitre ante Sonapesca o acepte presiones, puesto que este gremio es el responsable político de los mismos que están pidiendo que los barcos chinos dejen de operar, son los que antes sobreexplotaronla sobreexplotación el jurel con capturas que superaban las cuatro millones de toneladas anuales en la década de los noventa. Claude indicó que concuerda con Sonapesca en que hay que evitar que los pesqueros chinos operen justo en las 200 millas, porque no existen regulaciones ni límites de captura en aguas internacionales, pero que esta postura sólo será coherente si los pesqueros nacionales entienden que la prioridad es la protección del recurso y no quién lucra con los pocos jureles que nos van quedando. Alejandro Buschmann, biólogo marino y asesor de Oceana, señaló por su parte que la Subsecretaría de Pesca debe aplicar el principio precautorio para el recurso jurel, y no ceder a presiones de ningún tipo, ni nacionales ni internacionales, tendientes a aumentar las cuotas de captura, hasta no tener datos fehacientes respecto a cuál es el estado real del principal recurso pesquero del país. Santiago de Chile, 27 de diciembre 2005 Crónica Digital , 0, 99, 16
lo denunció el Presidente Nacional (s) del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, quien comentó que estos hechos no sólo son un duro golpe para los maestros, sino que también afecta a la formación de los niños. «La educación no es un ámbito más de la sociedad, porque el docente genera una relación de afecto con los estudiantes y situaciones como esa las autoridades no quieren entenderlas», comentó Vásquez. El dirigente manifestó su deseo de que los responsables de educación del próximo gobierno decidan poner regulaciones para el ámbito de la educación particular subvencionada, ya que pese a las innumerables denuncias que se realizan por las irregularidades que cometen, nunca se toman las medidas necesarias. Por su parte, el dirigente nacional del Magisterio encargado del área de educación particular subvencionada, Carlos Cifuentes, recalcó que los maestros despedidos, en su gran mayoría, eran dirigentes sindicales del establecimiento, del Colegio de Profesores o habían participado de movilizaciones. Ante todas estas situaciones arbitrarias, los dirigentes magisteriales anunciaron que se reunirán con la Inspección Nacional del Trabajo y con el Subsecretario de Educación para buscar una solución a este tema que se repite con tanta insistencia. Al respecto, Cifuentes agregó que uno de los intereses del Colegio es sumar el área particular subvencionada la negociación con el gobierno, porque no puede ser que ese sector se encuentre tan desprotegido legalmente para hacer valer sus derechos. Finalmente, ambos representantes del Magisterio reiteraron la necesidad de una de sus demandas más sentidas: la creación de una Superintendencia de Educación que controle los recursos y fiscalice de una manera efectiva el correcto desempeño de los establecimientos particulares subvencionados. Por:Andrés Figueroa Santiago de Chile, 27 de diciembre 2005 Crónica Digital , 0, 95, 3
Fundada al sur del país por un grupo de colonos germanos en 1961, el fundo sirvió de base a una secta que sometió a decenas de niños de esa procedencia a «tratos crueles e inhumanos» mediante la aplicación brutal de electroshock y el uso indiscriminado de sicofármacos. Según antecedentes recopilados en las pesquisas, el horroroso tratamiento tenía como fin controlar las conductas sexuales de los adolescentes, en el marco del régimen de segregación impuesto por su jefe, Paul Schaefer, que impedía el contacto entre hombres y mujeres. Gissela Seewald, de 74 años, fue acusada de haber aplicado este tipo de tortura a varios menores entre 1973 y 1978, cuando se desempeñó como jefa de la clínica que funcionaba al interior del enclave alemán. Su trabajo en el recinto hospitalario se hizo, incluso, sin que su título de medicina fuera validado en Chile, desde que llegara al país con su esposo y otros ex militares fascistas a inicios de la década de los años 60. En ese lugar y bajo las órdenes de Schaefer, quien fue capturado por la policía argentina y trasladado a Santiago luego de permanecer prófugo de la justicia desde 1996, fueron torturados adolescentes que eran castigados por intentar tener contactos considerados sexuales. «Se trataba de una práctica aplicada para controlar las conductas sexuales de los jóvenes, para castigar a quienes se rebelaban contra el régimen interno y, sobre todo, aquellos que intentaban fugarse y eran capturados, indicaron fuentes vinculadas a la investigación. Entre quienes sufrieron estos apremios se encuentran los colonos Hugo Baar y Wolfang Müller, a los que se le aplicó electroshock y medicamentos por la doctora Seewald y dos enfermeras. Las mismas fuentes indicaron que al momento de ser interrogada por el magistrado, la doctora reconoció estas prácticas e intento defenderse señalando que todas ellas eran ordenadas por el ex cabo nazi Paul Schaefer. Gissela Grulhke (nombre de soltera) es esposa de Gerd Seewald, uno de los jerarcas de la ex Colonia Dignidad y estrecho colaborador de Schaefer. Casi todos los abusos sexuales contra menores cometidos por el jefe de la hoy Villa Baviera, se hicieron con niños que estudiaron en la escuela que era dirigida por Seewald. Por ello, fue condenado a cinco años y un día. El abogado Hernán Fernández, que representa a siete colonos alemanes víctimas de torturas, afirmó que desde junio pasado venían solicitando que se indagara las acciones realizadas al interior del hospital, denunciado por algunas de las víctimas y testigos. El profesional sostuvo que «es una pretensión consignada en las querellas interpuestas hace tres años y creemos que no sólo se debe establecer la responsabilidad de ella sino de otros querellados identificados por al víctimas». La ex Colonia Dignidad funcionó también durante la dictadura militar como centro de tortura y desaparición de opositores políticos. Schaefer fue de hecho un estrecho colaborador de los órganos represivos del régimen y amigo personal del general Augusto Pinochet. Santiago de Chile, 27 de diciembre 2005 Crónica Digital/PL , 0, 55, 3
Sandoval, quien se desempeñaba como jefe de seguridad vecinal de Providencia, fue conducido a las dependencias del Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde cumplen condena la mayor parte de los ex militares procesados por violaciones a los derechos humanos. El retirado oficial fue encargado reo la semana pasada por el juez Jorge Zepeda, luego de acreditar que en ese entonces estaba al mando de la compañía «cazadores», en la Comuna de San Felipe, en esta capital. Fariña fue secuestrado desde su domicilio en la población La Pincoya, el 13 de octubre de 1973, por un contingente integrado por dos carabineros, cuatro militares y dos civiles. Fue llevado hasta una cancha de fútbol, cercana a su casa, donde se reunía a todos los detenidos en el allanamiento y se seleccionaban a quienes iban presos. El menor fue sacado luego desde allí en un camión militar con destino desconocido. Después de 27 años, el 30 de julio del año 2000, obreros que efectuaban trabajos en los terrenos de una construcción, cercana al aeropuerto Pudahuel, dieron con un pequeño esqueleto, que se encontraba sepultado a unos 60 centímetros. Tras los exámenes de rigor por un equipo de peritos del Servicio Médico Legal, los restos fueron identificados como los de Fariñas, quien pasó entonces a formar parte de la lista de los más de 79 menores víctimas del régimen dictatorial. Este encausamiento se suma a uno anterior dictado por el juez Zepeda, en agosto del 2004, en el que había procesado al comandante del regimiento, Donato López Almaza. Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso, «esta resolución viene a demostrar «las dotes excepcionales del magistrado en la investigación, de un caso muy complejo, puesto que ubicar al autor material del asesinato era buscar una aguja en el pajar». Santiago de Chile, 27 de diicembre 2005 Crónica Digital / Prensa Latina , 0, 52, 3
