Sandoval, quien se desempeñaba como jefe de seguridad vecinal de Providencia, fue conducido a las dependencias del Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde cumplen condena la mayor parte de los ex militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
El retirado oficial fue encargado reo la semana pasada por el juez Jorge Zepeda, luego de acreditar que en ese entonces estaba al mando de la compañía «cazadores», en la Comuna de San Felipe, en esta capital.
Fariña fue secuestrado desde su domicilio en la población La Pincoya, el 13 de octubre de 1973, por un contingente integrado por dos carabineros, cuatro militares y dos civiles.
Fue llevado hasta una cancha de fútbol, cercana a su casa, donde se reunía a todos los detenidos en el allanamiento y se seleccionaban a quienes iban presos. El menor fue sacado luego desde allí en un camión militar con destino desconocido.
Después de 27 años, el 30 de julio del año 2000, obreros que efectuaban trabajos en los terrenos de una construcción, cercana al aeropuerto Pudahuel, dieron con un pequeño esqueleto, que se encontraba sepultado a unos 60 centímetros.
Tras los exámenes de rigor por un equipo de peritos del Servicio Médico Legal, los restos fueron identificados como los de Fariñas, quien pasó entonces a formar parte de la lista de los más de 79 menores víctimas del régimen dictatorial.
Este encausamiento se suma a uno anterior dictado por el juez Zepeda, en agosto del 2004, en el que había procesado al comandante del regimiento, Donato López Almaza.
Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso, «esta resolución viene a demostrar «las dotes excepcionales del magistrado en la investigación, de un caso muy complejo, puesto que ubicar al autor material del asesinato era buscar una aguja en el pajar».
Santiago de Chile, 27 de diicembre 2005
Crónica Digital / Prensa Latina , 0, 52, 3
