Manuel Hernández, vocero de la entidad, dijo que demandaron al gobierno el rápido envío de un proyecto de ley al congreso, a tono con el reciente fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra Chile.
«El Ejecutivo tiene que enviar lo antes posible una normativa que ponga fin a la Ley de Amnistía y elimine todos los efectos que son los que han posibilitado que muchos de los violadores se paseen libremente y no tengan ningún tipo de responsabilidad penal», apuntó Hernández.
Varios miembros de esa agrupación, presidida por Hernández, se entrevistaron hoy con la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, quien compartió con los visitantes la necesidad de eliminar los efectos de esta ley.
«Es indispensable, como un gesto de reparación del Estado de Chile, que el Ejecutivo envíe lo antes posible un proyecto de ley que ponga fin a la Ley de Amnistía», apuntó Hernández, tras resaltar que la sociedad no puede seguir esperando eternamente por esa decisión.
El vocero agregó que la Asamblea Nacional de Derechos Humanos está en «estado de alerta» y proseguirá con movilizaciones y manifestaciones para informar a los chilenos sobre los alcances de la repudiada legislación, uno de los últimos reductos de la dictadura militar.
Según Hernández, Pinochet utilizó la normativa como una forma de encubrir sus delitos, y no se puede seguir tolerando en la sociedad una legislación de esta naturaleza, «que lo único que hace es mantener permanentemente amenazada a la sociedad».
Las fuerzas que integran la coalición gobernante están divididas en cuanto a la formulada a aplicar para acatar el fallo de la CIDH, entre las cuales está derogarla, dictar una ley de interpretación, declararla nula o pedir la intervención del Tribunal Constitucional.
Santiago de Chile, 26 de octubre 2006
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