La determinación fue adoptada ayer en una reunión de autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana y que lideró el ministro del Interior, Belisario Velasco, en funciones de presidente interino ante la ausencia de Michelle Bachelet, de visita en Naciones Unidas.
Velasco precisó que si bien no se autorizarán marchas masivas, sí se entregarán permisos para grupos pequeños.
Explicó que la medida busca evitar situaciones como la ocurrida el 10 de septiembre, cuando personas encapuchadas que protestaban contra el golpe militar lanzaron una bomba casera contra una ventada de La Moneda.
Velasco subrayó que la medida no implica un retroceso y añadió que en el caso de puntos emblemáticos como la puerta de Morandé 80 (del Palacio de Gobierno) o la estatua del ex presidente Salvador Allende se aplicarán las mismas restricciones.
«No se va a permitir marchas en ese sector, porque la manifestación del día 10 de septiembre era una marcha convocada por los familiares de las personas que habían desaparecido o habían sido muertos durante la dictadura, pero fue infiltrada por grupos vándalo», sostuvo.
El mandatario interino señaló que «el país pide y espera que un emblema como La Moneda sea preservado de situaciones de esta naturaleza, y para ello se adoptarán todas las medidas que correspondan.
Indicó, por otra parte, que se conformó una comisión -compuesta por el ministro del Interior (s), Felipe Harboe, el general director de Carabineros, José Bernales y el Intendente Metropolitano, Víctor Barrueto- para revisar que otros puntos deben restringirse.
Este comité se reunió por primera vez el pasado 13 de septiembre y determinó impulsar la iniciativa legal que penaliza a las personas que cubren sus rostros durante las manifestaciones y hacer un seguimiento de sus actividades mediante una labor de inteligencia policial.
También decidió actualizar la normativa para restringir las manifestaciones a espacios públicos apropiados, y asignar responsabilidades civiles a sus organizadores por los eventuales heridos y daños a la propiedad pública y privada.
Santiago de Chile, 22 de septiembre 2006
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