Con ese objetivo está en Ginebra Mathew Waxman, subsecretario asistente del Departamento de Defensa, quien se integró a la delegación estadounidense, presidida por el senador Rudy Borschwitz y el embajador Kevin Moley.
Desde la víspera la comitiva está convocando a los grupos regionales de países, a cuyos representantes entregan un documento que refrenda la postura de la Casa Blanca de negar la condición de prisioneros de guerra a los detenidos en la alegada cruzada antiterrorista.
Con esa posición el gobierno del presidente George W. Bush se desentiende de convenios internacionales como las convenciones de Ginebra para la protección y derechos legales a esas personas.
El miércoles tuvo lugar la convocatoria al Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) ante el que el alto funcionario del Pentágono no pudo menos que reconocer «determinadas irregularidades sobre las que el gobierno ya tomó medidas».
Por esta vía Estados Unidos busca atajar cualquier intento de presentar en la CDH el escándalo de las torturas, como ocurrió el pasado año cuando Cuba propuso la designación de un relator para investigar las numerosas denuncias de maltratos y vejaciones a los detenidos en Guantánamo.
Tanto Waxman como el embajador Mosley insistieron en que la comunidad internacional no debe pronunciarse sobre algo que Washington considera una cuestión de su propia jurisdicción, por cuanto ocurre como parte de su guerra global antiterrorista.
A muchos de los delegados latinoamericanos pudo haber sorprendido la comparación entre tales prácticas cometidas en la cárcel de Abu Ghraib con acciones de la resistencia francesa contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, tal y como pretendieron los convocantes estadounidenses.
Preocupaciones expresadas en el encuentro sobre las detenciones indefinidas recibieron como respuesta que la Casa Blanca mantiene esa política para impedir que los prisioneros vuelvan al campo de batalla.
Para el gobierno norteamericano, los encarcelados en la base que ocupa en el oriente de Cuba no tienen derechos legales, aunque afirmaron que sus casos son revisados anualmente.
El diplomático cubano Rodolfo Reyes llamó la atención sobre el carácter ilegal de esa prisión en el territorio de la isla. La contraparte estadounidense evadió el asunto al considerarlo un tema bilateral entre La Habana y Washington.
Los funcionarios norteamericanos dijeron que estudian las peticiones de relatores de la CDH como el de la tortura, de detenciones arbitrarias y sobre la independencia de jueces y abogados para investigar las torturas, las cuales han sido denegadas.
En la reunión México refirió el carácter indefinido de las detenciones y Brasil subrayó que había hecho llegar a Washington sus observaciones al respecto.
Argentina, a su vez, alertó que tales precedentes pueden repetirse en otros escenarios de conflicto y Chile subrayó el carácter inderogable de la convención contra la tortura y el reconocimiento de la condición jurídica y la protección ante los tribunales de los detenidos en condiciones de guerra.
«Estados Unidos está dando estas reuniones porque siente una fuerte presión de la comunidad internacional. Fue importante la iniciativa de Cuba sobre Guantánamo y temen verse compelidos ante la CDH», dijo a Prensa Latina el diplomático cubano.
Por: Orlando Oramas León, enviado especial
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