Los magistrados presentaron un documento de 220 páginas ante la Fiscal General federal alemana, Monika Harms, cuyas oficinas se encuentran en la oriental ciudad de Karlsruhe, indicaron medios de prensa locales.
Esa demanda llama a Harms a abrir una investigación y luego un proceso penal contra altos funcionarios del gobierno del presidente republicano George W. Bush por crímenes de guerra perpetrados en el marco de la declarada guerra antiterrorista.
La acusación esta relacionada con torturas recibidas por al menos 11 ex prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, en las afueras de Bagdad, y por un detenido en la base militar estadounidense en la ilegalmente ocupada bahía de Guantánamo.
El influyente diario The Washington Post destapó en abril del pasado año el escándalo por los abusos a que fuerzas ocupantes sometieron a los encarcelados en esa instalación, en medio de la tolerancia en Washington respecto a las torturas.
Los métodos violentos para obtener información en los interrogatorios fueron admitidos indirectamente por la Casa Blanca al reconocer la existencia del programa conocido como Rendition.
Mediante ese plan, Estados Unidos secuestró a personas sospechas de actividades terroristas para llevarlas en vuelos secretos a instalaciones furtivas en terceras naciones, donde eran torturadas. Muchos de los arrestados fueron enviados a la citada base militar.
Abogados germanos presentaron con anterioridad acusaciones contra altos funcionarios de la administración Bush, pero en esta ocasión esperan tener éxito, tras la renuncia de Rumsfeld, en medio del desastre electoral republicano en recientes comicios parciales.
La oposición demócrata ganó la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término, en las cuales uno de los principales temas de campaña fue la situación en Iraq, agredida por Estados Unidos y Gran Bretaña, en marzo de 2003.
Esa acción bélica, lanzada bajo el pretexto de incautar armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, careció del visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y fue rechazada por Alemania, Francia y Bélgica, entre otras naciones europeas.
Berlín, 14 noviembre 2006
Prensa Latina , 0, 51, 2
