Optimista por una mínima recuperación tras los discursos pronunciados en las últimas dos semanas acerca de Iraq, la noticia de su autorización para espiar a miles de sus compatriotas sin contar con una orden judicial significa un retroceso dentro de su gestión.
Después de las elecciones parlamentarias celebradas el jueves en ese país árabe, la Casa Blanca pensaba contar con el apoyo de los norteamericanos, especialmente en el tema iraquí.
Sin embargo, la semana terminó con la duda de los estadounidenses de si el presidente hace lo posible para protegerlos y si, al hacerlo, su gobierno preserva las libertades civiles.
Según el diario californiano La Opinión, el Congreso debe dilucidar la cuestión del espionaje, aclarar quién estaba al tanto, quién lo aprobó y quién se perjudicó.
Las acusaciones son graves, pues este tipo de infracciones a la intimidad y violaciones de la Primera Enmienda se creían hasta ahora estrictamente limitadas.
Antes que Bush desatara su llamada guerra contra el terrorismo, tales pasos requerían de una solicitud de la Oficina Federal de Investigaciones a un tribunal especial reunido ex profeso y en secreto en el Departamento de Justicia.
Además, los dos discursos pronunciados por Bush el fin de semana, considerados de emergencia, demuestran la preocupación de la administración, que en los últimos días experimentó duros reveses.
No sólo la revelación del diario The New York Times el viernes pasado sobre las actividades de espionaje, ilegalmente permitidas por el mandatario, ocupó un lugar en el caos político del gobierno.
Ese mismo día, y motivado por la noticia, el Senado rechazó la aprobación final acerca de la renovación del Acta Patriota, sancionada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 como parte de la guerra antiterrorista.
Esta legislación, que había pasado ya la Cámara de Representantes, hubiese hecho permanente una serie de poderes ejecutivos sin precedentes.
De esa manera, el Acta queda en el limbo, mientras una docena de sus provisiones fundamentales expiran el próximo 31 de diciembre.
Previamente, el miércoles, más de 100 miembros de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes decidió unirse a los demócratas para apoyar la legislación del senador republicano John McCain para prohibir el uso de la tortura contra prisioneros.
Por 308 votos a favor y 122 en contra fue respaldada la propuesta de McCain, que la Casa Blanca se negaba a aceptar, pero luego llegó a un acuerdo con el legislador.
Tantos contratiempos deja claro que Bush atraviesa por el momento político más difícil en sus casi cinco años en el poder, consideraron varios analistas.
Washington, 19 diciciembre 2005
Prensa Latina , 0, 76, 2
