Marcos Parga, abogado de la entidad, hizo entrega al juez que investiga el origen de la fortuna de Pinochet una respuesta en inglés llegada desde Estados Unidos, cuya traducción señala que no se pueden entregar esos antecedentes salvo al titular de la cuenta.
También expresa que para revelarlos, la justicia chilena debería usar «otra vía», refiriéndose al envío de un exhorto internacional, o al dictamen de un juez competente de Nueva York.
En la investigación del caso Riggs existe una relación paralela de los vínculos de la Fundación Pinochet con la oficina nacional del Banco de Chile, entidad que también estuvo involucrada en las cuentas secretas y empresas ficticias que el ex militar tuvo en el extranjero.
Por esta razón el juez Carlos Cerda -inhabilitado temporalmente del proceso- pidió también las transacciones de las cuentas en Chile. La institución financiera, en un segundo oficio, accedió a entregar documentos con esos movimientos y depósitos.
La línea investigativa busca determinar si en las cuentas, tanto de Chile como de Nueva York, existen depósitos de Pinochet o de civiles para la defensa jurídica del ex dictador cuando estuvo preso en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón.
Fuentes allegadas al proceso estiman que Pinochet podría haber lavado sus activos a través de estas operaciones, usando dinero propio para depositarlos en el extranjero y darles existencia legal.
También se investiga si civiles del entorno de Pinochet o empresarios aportaran dinero que no fue declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que configuraría un delito.
La jueza a cargo provisional del proceso María Eugenia Campo decretó una diligencia de «extrema premura» que involucra a los bancos Santander Santiago, BankBoston, ABN Amro y Security, relacionadas con las cuentas del general (R) Luis Irazabal Lobos.
La magistrada recibió un informe del Banco del Desarrollo sobre los activos de la Fundación Mi Casa, cuyo directorio estuvo presidido por el ex auditor del Ejército general (R) Juan Romero.
Mientras tanto, luego de escuchar los alegatos de la defensa de Pinochet y de los querellantes, un tribunal capitalino dejó pendiente de acuerdo la apelación al procesamiento que se dictó en diciembre de 2005 contra el ex dictador.
La causa, que además de Pinochet involucra a todos su familiares y colaboradores cercanos, incluye delitos tributarios, confección y utilización de pasaportes falsos, declaración jurada falsa y la adulteración de un certificado con el membrete de la Subsecretaría de Guerra.
Santiago de Chile, 16 de marzo 2006
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