Codelco es y seguirá siendo una empresa del Estado y bajo ese supuesto el directorio va a analizar las distintas opciones de financiamiento para los diversos proyectos de inversión que se están evaluando, afirmó la ministra de Minería, Karen Poniachik.
Valorada en unos 27 mil millones de dólares, la estatal minera ha resistido presiones de sectores conservadores dentro y fuera de tres gobiernos de la Concertación (1990-2000) para privatizarla o aceptar participación de capital privado con presuntos fines de desarrollo.
La empresa, con 30 por ciento de la producción nacional, entregó al fisco el pasado año un cifra récord de utilidades próximas a los cinco mil millones de dólares, contra poco más de 500 que pagaron las grandes transnacionales por concepto de impuestos.
El cobre, principal recurso natural no renovable del país, fue nacionalizado por el extinto presidente Salvador Allende en 1971, un año después de ganar las elecciones presidenciales con una coalición de partidos de izquierda en 1970.
Tras el sangriento golpe militar de 1973, el ex dictador Augusto Pinochet comenzó un paulatino proceso de privatizaciones, que fue sensiblemente ampliado por los tres gobiernos civiles que le sucedieron.
Del 85 por ciento que permanecía en poder del Estado en 1990, poco más de 30 por ciento queda aún en manos de Codelco, considerada una de las empresas más grandes y eficientes del mundo en el sector de la minería.
Como todo el dinero que ingresa debe entregarlo al fisco, según las regulaciones establecidas, la empresa ha tenido dificultades para disponer de los recursos que necesita para inversiones, en un período, en el cual los precios del cobre han alcanzados cifras históricas.
La ministra del ramo puso «paños fríos» a presiones de sectores interesados en aumentar el papel del sector privado en la empresa con estos fines mediante la integración de capital proveniente de los fondos de pensiones (AFP) o institucionales.
Aunque la titular no cerró del todo las puertas a esa posibilidad, indicó que una vez confirmado el nombramiento del directorio por Bachelet, la empresa analizará fórmulas de financiamiento para sus proyectos.
Por su parte, Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, aseguró que el gremio «defenderá en todas sus consecuencias» el carácter estatal de la empresa y se opondrá enérgicamente a su apertura al capital privado.
«Tenemos una posición clara frente a esto. No tenemos ninguna duda y no vamos a titubear en defender esta empresa y no permitir que se abra a capitales privados. Podemos conversar todos los temas, pero no vamos a permitir que sea vendida y menos a privados», advirtió Espinoza.
Santiago de Chile, 16 de marzo 2006
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