Se trata de un reconocimiento extraordinario que el sistema de AFP no está en condiciones de ofrecer pensiones, pues proviene del propio sector político que inventó y aún controla esta industria un miembro de la comisión política de la UDI es dueño de una AFP y 17 ex ministros de Pinochet, todos militantes de ese partido han sido directores de estas empresas, cuya Asociación es actualmente presidida por uno de ellos.
Por su parte, la candidata Michelle Bachelet ha recibido un «Manifiesto Político Programático de la Concertación» importante documento, que estima necesaria una reforma del actual sistema previsional, para resolver «su inadecuada cobertura, que deja fuera de sus beneficios a un 40% de la población; la discriminación contra las mujeres que no logran cotizar por el numero de años necesarios para acceder a la pensión mínima, situación que también es aplicable a los trabajadores temporales o independientes; el alto costo de administración del sistema y su tendencia a la concentración en pocas Administradoras con un poderoso peso en el mercado.» Tomás Hirsch, candidato de Juntos Podemos, se ha pronunciado asimismo categóricamente por una reforma a fondo del actual sistema, del cual dice que es un mecanismo cuyo objetivo principal no es otorgar pensiones, sino canalizar el ahorro forzoso de los trabajadores hacia las empresas.
De esta manera, el tema de una urgente reforma al sistema chileno de AFP se ha puesto en el centro del debate político nacional y muy posiblemente será abordado por el gobierno venidero como una de sus preocupaciones centrales. Ello habría sido impensable hasta hace muy poco, cuando escasas voces críticas apuntaban hacia las falencias del sistema, mientras sus voceros se pavoneaban por el mundo esparciendo la buena nueva de la privatización de los sistemas de pensiones. Sus corifeos incluían en forma prominente hasta el mismísimo Superintendente de AFP de los dos primeros gobiernos de la Concertación, quien terminó como jefe de una AFP fraudulenta. Incluso hoy, las AFP permanecen sordas ante la necesidad de reforma y muy por el contrario, gastan los recursos de sus cotizantes en una campaña millonaria que trata de convencer al país que todo anda bien en la materia y que sus afiliados obtendrán pensiones superiores a sus sueldos. Se trata a todas luces de una mentira, de una campaña evidentemente maliciosa, que repite las monsergas que el «gurú» del sistema, José Piñera, predica por todo el mundo desde hace un cuarto de siglo. Sólo busca defender la muy rentable posición de esta industria. Adicionalmente, aspira a mantener su control sobre los cerca de 2,500 millones de dólares anuales de ahorro forzoso de los trabajadores, que anualmente fluyen a través de este sistema.
Puede ser útil al debate público que se inicia, discutir críticamente algunos mitos ampliamente difundidos acerca del sistema previsional chileno.
Mito 1: «Los problemas del sistema previsional se originan en que los chilenos envejecemos cada vez más.»
Al 2005, hay en Chile 1.594.403 adultos mayores (mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65). Dos de cada tres de ellos son mujeres. Representan el 10% de la población total. Por otra parte, los menores de 15 años son un cuarto de la población total. Ello significa que Chile es todavía un país muy joven. Hasta mediados del siglo, van a crecer a una tasa de 2.6% anual promedio. Eso es más que el crecimiento de la población total, la que crecerá un 0.5% anual en promedio, durante el mismo período. Sin embargo, el producto interno bruto (PIB) crecerá más rápido que los adultos mayores, por lo cual cada año el país cuenta con más recursos para atenderlos.
La tasa de dependencia (población pasiva/población activa) de hecho está bajando en Chile, puesto que incluye tanto a los adultos mayores como a los menores de 15 años, quienes están disminuyendo. Este fenómeno, denominado «Bono Demográfico,» por el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas, CELADE, que continuará hasta el 2020, hace todavía más favorable la situación previsional, desde el punto de vista demográfico.
En resumen, Chile no presenta ninguna crisis a este respecto. El problema previsional no se origina en que los chilenos vivan más años, lo cual es muy bueno, sino en las deficiencias del sistema de AFP. Quienes argumentan lo contrario para aumentar la edad de jubilación o las cotizaciones, están en un error, o simplemente no están diciendo la verdad.
Mito 2: «Chile tiene un sistema privado de pensiones, basado en la capitalización individual.»
Actualmente (2005), un total de 1,178,185 adultos mayores perciben pensiones públicas de algún tipo, incluyendo 744,605 pensiones no asistenciales (sistema antiguo) y 235,433 pensiones asistenciales, ambas pagadas por el INP. Adicionalmente se otorgan 65,000 pensiones mínimas garantizadas a afiliados a las AFP. Finalmente, se pagan 133.147 pensiones CAPREDENA y DIPRECA. Dos tercios de las pensiones públicas las perciben mujeres.
Las pensiones públicas cubren a un 73.9% de los adultos mayores. Es decir, actualmente, tres de cada cuatro recibe una pensión pública. Si se consideran los mayores de 70 años, más del 90% percibe una pensión pública de algún tipo.
Por su parte, el sistema de AFP, otorga pensiones a 69,207 adultos mayores (2004), financiadas íntegramente con los fondos acumulados en las cuentas individuales. Ello equivale sólo a un 4.3% de los adultos mayores. Adicionalmente, las AFP financian una quinta parte de 65.000 pensiones mínimas garantizadas, debiendo el Estado aportar los cuatro quintos restantes. Ello da un total de 134.207 pensiones de vejez otorgadas por las AFP.
Por otra parte, tanto el sistema público como las AFP, entregan varios cientos de miles de prestaciones previsionales a personas que no son todavía adultos mayores. El total de beneficiarios de la previsión pública alcanza a 1,544,480 (2005), mientras el total de beneficiarios de las AFP alcanza a 475,324 (2004). Adicionalmente, como se ha mencionado, 65,000 afiliados AFP perciben garantía estatal de pensión mínima.
Por lo tanto, la cobertura actual del sistema previsional chileno alcanza a un 78.3% de los adultos de mayores y a más del 90% de los mayores de 70 años. Sin embargo, casi todas las pensiones son públicas.
El promedio de las pensiones públicas percibidas por adultos mayores (2005) es de $147,293 mensuales. Aproximadamente la mitad de las pensiones públicas no asistenciales del INP (2004) están entre $77,000 y $120,000. Las pensiones de los empleados públicos tienen un promedio de $359,332. En el caso de CAPREDENA y DIPRECA el promedio de dichas pensiones asciende a $411,823 mensuales. Un 14% de las pensiones públicas son asistenciales, de un monto promedio de $41,000.
En tanto, el promedio aportado por las AFP a las pensiones de vejez otorgadas por dicho sistema es $95,928 mensuales por pensionado. Ello que se complementa con un aporte fiscal de garantías de pensión mínima, para dar el promedio de $124,988 que alcanzan las pensiones de vejez del sistema de AFP.
De los anteriores, se concluye que el sistema previsional chileno en la actualidad es un sistema mixto, cuyo principal componente, de lejos, es el pilar público. Este todavía logra entregar, a la mayor parte de los adultos mayores, pensiones modestas, pero dignas por lo general y desde luego muy superiores a las ofrecidas por las AFP.
Mito 3: «Los cotizantes en las AFP obtendrán una jubilación superior a su salario.»
Los cotizantes son los afiliados a las AFP que cotizan en un mes determinado. A diciembre del 2004 fueron 3.571,864, un 50% de los afiliados totales. Sin embargo, los cotizantes en las AFP no son los mismos de un mes al siguiente. Como se ha visto, solo alrededor de una décima parte de los afiliados cotiza los doce meses del año. La enorme mayoría de los afiliados a las AFP cotizan en algún momento, pero lo hacen en forma muy irregular, solo cuando acceden a un trabajo asalariado. Adicionalmente, lo hacen por remuneraciones muy bajas. La situación real es la siguiente:
Más de la mitad de los afiliados (diciembre 2004):
– Son mayores de 37 años.
– Cotizan menos de 4.2 meses por año.
– A ese ritmo, van a acumular menos de 184 cotizaciones al cumplir la edad de jubilar, por lo tanto no van a tener derecho a pensión mínima estatal (requiere 240 cotizaciones).
– Tienen acumulado menos de $1.362.673 en su cuenta de capitalización.
– Tienen sueldos inferiores a $202.094.
– Con esos datos, van a acumular al jubilar menos de $8.317.482. Lo que les arroja una pensión inferior a $48.844 mensuales (suponiendo una rentabilidad del fondo de 4.5% real anual).
Por tanto, en las condiciones actuales, más de la mitad de la fuerza de trabajo, más de tres millones y medio de chilenas y chilenos, no tienen cobertura de parte del sistema de AFP, como no sea retirar los magros ahorros logrados en el sistema.
Esta conclusión ha sido confirmada por estudios recientes publicados por la Superintendencia de AFP y por la propia Asociación de AFP. Ambas han llegado a la conclusión que alrededor de la mitad de los afiliados no contarán ni con fondos suficientes para financiar una pensión mínima ni tampoco cumplirán los requisitos para obtener la garantía estatal correspondiente.
La propaganda de las AFP le dice a los trabajadores que si cotizan todos los meses obtendrán una buena jubilación al final. Lo que no les dice, es que en el inestable mercado laboral chileno no van a lograr encontrar trabajo todos los meses, aunque lo deseen. Por ese motivo, más de la mitad de ellos llegarán al final de su vida laboral sin los fondos necesarios ni siquiera para la pensión mínima ni tampoco alcanzarán los requisitos de la garantía estatal. Es decir, no están cubiertos por el sistema de AFP.
Mito 4: «Los afiliados a las AFP no constituyen una estadística relevante, porque son más numerosos que la fuerza de trabajo estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).»
Muy por el contrario, los afiliados a las AFP constituyen quizás la mejor representación estadística de la fuerza de trabajo chilena real y concreta, puesto que los identifican con nombre, apellido y RUT. Todos ellos están vivos y activos. El 80% de las mujeres y el 90% de los hombres han movido su cuenta en los últimos 5 años. A diciembre del 2004 sumaban 7,080,646 personas, 3.116.285 (44%) de ellas mujeres. Adicionalmente, 158 mil personas cotizan en el INP y 103,000 en CAPREDENA (defensa) y DIPRECA (policía).
El INE subestima seriamente la fuerza de trabajo femenina, puesto que el número de mujeres afiliadas a las AFP son aproximadamente un 38% más numerosas (2004) que la fuerza de trabajo femenina que estima el INE. Durante los años recientes el INE ha venido corrigiendo gradualmente esta subestimación, incrementando mes a mes el número de la fuerza de trabajo femenina. Ello explica en parte el misterio estadístico que, al mismo tiempo que la ocupación ha venido creciendo rápidamente en los dos últimos años, la tasa de cesantía no baja o lo hace muy lentamente.
El 96.5% de los afiliados a las AFP se declaran asalariados dependientes. Sin embargo, en promedio cotizan 5 meses por año y 4.5 en el caso de las mujeres. Más de la mitad de ellos cotiza menos de 4.2 meses y menos de 3.6 en el caso de las mujeres. Los asalariados estables, que cotizan todo el año, son menos del 11% del total. Por otra parte, los independientes estables, afiliados como tales, son el 3.5% del total.
Es decir, las estadísticas de afiliados a las AFP muestran que la fuerza de trabajo chilena rota constantemente entre períodos de trabajo asalariado de corta duración, trabajos informales y períodos de desempleo. Ello es confirmado por las estadísticas del nuevo seguro de desempleo, que muestran que el 2004 se creó cerca de un millón de empleos y se perdieron 800 mil y la duración de más de la mitad de ellos fue de menos de cuatro meses.
La encuesta mensual de ocupación del INE muestra que aproximadamente un 10% está desocupado, pero que quienes trabajan están contratados como asalariados en dos tercios de los casos y trabajan por cuenta propia en el tercio restante. Ello probablemente se ajusta a la realidad en un momento dado, sin embargo, al mes siguiente, muchos de los asalariados habrán perdido su empleo y estarán trabajando por cuenta propia mientras encuentran otro. En otras palabras, los asalariados y trabajadores por cuenta propia no conforman compartimentos estancos, sino transitan de una a otra categoría constantemente, con períodos de desocupación en el ínter tanto.
Mito 5: «El daño previsional afecta sólo a los empleados públicos.»
Adicionalmente, un serio daño previsional afecta a las personas que pertenecían al sistema antiguo y se cambiaron al sistema de AFP. Ello fue reconocido por el Presidente Lagos en su mensaje anual al parlamento el 2005, al menos en el caso de alrededor de 200.000 EE.PP.. Sin embargo, el número total de personas afectadas son todos los ex cotizantes del sistema antiguo que tienen bono de reconocimiento emitido y por lo tanto no pueden volver, los que suman 1.471.952 personas. Todas ellas fueron forzadas en mayor o menor medida a cambiarse, estimulados además por una propaganda engañosa que les prometía mejores pensiones, promesa que no se ha cumplido, ni mucho menos.
Aquellos que están alcanzando la edad de jubilar, en la mayoría de los casos, se encuentran con que sus pensiones AFP son menos de la mitad de las que obtienen sus colegas de similar edad y remuneración, que lograron permanecer en el sistema antiguo.
El motivo principal es que en el sistema de AFP, la jubilación depende del fondo acumulado en la cuenta de cada trabajador. ste, a su vez, depende principalmente de las cotizaciones de los primeros años, puesto que son esas las que acumulan intereses durante más años.
Ocurre, sin embargo, que el bono de reconocimiento (BR), que reconoce las cotizaciones previas a 1981, fue calculado en base a remuneraciones de 1978, 79 y 80, las que fueron históricamente bajas – como es sabido, después del golpe militar, los salarios reales se redujeron aproximadamente a la mitad. Las remuneraciones se mantuvieron asimismo muy deprimidas durante los años 1980, cuando casi un tercio de la fuerza de trabajo estuvo cesante durante la crisis de esos años. Por consiguiente, el BR y todas las cotizaciones de estos primeros años fueron muy bajas. Sólo a partir de mediados de los años 1990, las remuneraciones empezaron a repuntar y recién en diciembre de 1999, recuperaron su poder adquisitivo de principios de los años 1970.
En el caso de los empleados públicos, la situación descrita se agrava por dos motivos. Primeramente porque sus remuneraciones se redujeron todavía más, a alrededor de la tercera parte, después de 1973. Adicionalmente, el Estado les calculó los BR y les cotizó durante buena parte de los años 1980, por sólo parte de sus salarios. En su caso, las jubilaciones AFP son muchas veces la tercera parte de sus colegas del sistema antiguo.
Mito 6: «Las AFP son más eficientes que el sistema público.»
Las AFP se han reducido a sólo seis empresas, la mayor de las cuales administra los fondos de más de un 40% de los afiliados, y las tres mayores superan el 80%.
Representan un costo elevadísimo para sus afiliados. Las comisiones netas cobradas a sus cotizantes fueron 199,857 millones de pesos (2004). A ello hay que agregar el cobro de comisiones por 134.942 millones, destinadas al seguro de invalidez y sobrevivencia, el que las AFP contratan con empresas relacionadas, en casi todos los casos.
Las AFP presentan gastos de operación elevadísimos, que incluyen 855 millones de pesos en remuneraciones al directorio y 30,542 millones en gastos de comercialización (2004).
Aún despus de descontar los gastos señalados y otros, las utilidades de las AFP son de 112,314 millones de pesos (2004). Su rentabilidad promedio sobre activos fue de 50% al año, en promedio, entre 1998 y 2003, según la Universidad Católica.
Como contraste, el costo de operación del INP, que administra el grueso de las pensiones públicas, fue de 57,330 millones de pesos (2004). En otras palabras, el sistema público atiende a la abrumadora mayoría de los adultos mayores, con un costo de operación que equivale a un poco más de la cuarta parte de las comisiones netas cobradas por las AFP. Esta últimas, como se ha mencionado, atienden actualmente a poco más del 4% de los adultos mayores y el futuro tampoco estarán en condiciones de financiar las pensiones de la mayoría de sus afiliados.
Las comisiones AFP no tienen topes establecidos por ley, a pesar que se trata de una industria en la cual todos los asalariados están forzados por ley a cotizar. Otras industrias de servicio público, en cambio, como la electricidad, las sanitarias y los teléfonos, entre otras, tienen tarifas topes fijadas por ley.
Las AFP mantienen una estrecha red de empresas relacionadas, los bancos que son sus propietarios exigen a sus vendedores comercializar otros productos suyos, con lo cual los cotizantes pagan la fuerza de venta de los bancos. Influyen en las empresas en las cuales invierten los fondos de los cotizantes, muchas veces por intereses de grupo y aún políticos. Por ejemplo, los directores nombrados por las AFP en Enersis, ya bajo control de Endesa España, intentaron vender su filial Endesa Chile a una firma estadounidense como represalia de la detención de Pinochet en Londres.
Una tercera parte de los fondos de pensiones están invertidos en el exterior y en algunos fondos cerca del 80% está en acciones de bolsa, lo que en algún momento puede redundar en fuertes perdidas para los cotizantes.
Mito 7: «El problema es que los independientes no cotizan. La solución es estimularlos a ello.»
Los trabajadores independientes propiamente tales profesionales independientes, pequeños empresarios, comerciantes, transportistas independientes, campesinos, etc. -, no son muchos más que aquellos que están afiliados como tales en las AFP, y que a diciembre del 2004 eran 246.452 personas.
El grueso de quienes se declaran «trabajadores por cuenta propia» en las estadísticas del INE están afiliados como «dependientes» en las AFP. En otras palabras prácticamente no existe nadie en Chile que no tenga una cuenta en las AFP, pero la gran mayoría cotiza sólo cuando encuentra trabajo asalariado, lo que ocurre menos de la mitad de los meses, en promedio, y todavía menos en la mayoría de los casos, y mucho menos en el caso de las mujeres.
Es muy difícil obligar a los afiliados a cotizar cuando no es un empleador el que les descuenta en forma obligatoria. De hecho, los incentivos para que los trabajadores coticen por su cuenta cuando no tienen trabajo asalariado son en este momento brutales, por decirlo de alguna manera. Si no cotizan en una AFP, corren el riesgo de perder la garantía estatal de pensión mínima. Adicionalmente, pierden el derecho a seguro de invalidez y sobrevivencia en caso de accidentes. Finalmente, pierden el derecho a que se les paguen las licencias médicas.
El problema es que, si tienen la opción, prefieren atender urgencias aún más apremiantes, como pagar cuentas, la educación de sus hijos o cuotas de prestamos atrasadas, por ejemplo.
Mito 8: «Hay que exigir un mínimo de cotizaciones para otorgar pensión pública.»
El sistema previsional chileno actual, somete a todos los trabajadores, incluso a los más modestos, a ahorrar forzosamente un 10% de su salario, cada vez que logra acceder a un trabajo asalariado. Es decir, en el caso chileno existe ya una enorme obligación de ahorro impuesta sobre la fuerza de trabajo.
No es el caso de los antiguos sistemas de pensiones, donde el destino solidario de dichas contribuciones era pagar las jubilaciones de los adultos mayores. En el sistema actual, más de tres cuartas partes de dichos fondos se canalizan directa o indirectamente hacia las grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras.
La promesa de retribuir este enorme esfuerzo de ahorro de los trabajadores con pensiones dignas, no se ha cumplido hasta el momento. Tampoco se cumplirá en el futuro. Si se comprende lo anterior, parece francamente indignante que, cuando se busca compensar dicha carencia con pensiones públicas de algún tipo, se pretenda poner requisitos adicionales de ahorro para concederlas en plenitud.
Mito 9: «No hay plata.»
Actualmente (2005), el gasto público en pensiones alcanza a 3.219.790 millones de pesos, que equivalen aproximadamente a US$5,550 millones de dólares.
Un 45.8% se destina a pensiones no asistenciales (sistema antiguo) y un 6.1% a pensiones asistenciales, ambas pagadas por el INP. Un 22.3% se destina a bonos de reconocimiento y un 1.5% a garantías estatales de pensión mínima, ambos montos traspasados a las AFP. Finalmente, otro 24.3% se destina a pensiones CAPREDENA y DIPRECA (defensa). En números gruesos, poco menos de la mitad se destina a pensiones del sistema antiguo, poco menos de un cuarto a pensiones de los uniformados, poco menos de un cuarto se traspasa a las AFP como bonos de reconocimiento y garantías de pensión mínima y el saldo, 6.1%, se gasta en pensiones asistenciales.
El gasto público en pensiones equivale aproximadamente al 6% del PIB, a un tercio del presupuesto público total y a más del 40% del gasto público social (aproximadamente igual a lo que se gasta en salud y educación, juntos). Este elevado nivel de gasto público en previsión se ha mantenido por casi un cuarto de siglo. Antes de 1981, en cambio, el sistema antiguo dejaba superávit, es decir, las contribuciones a la seguridad social eran mayores que el gasto en pensiones. Aproximadamente, dos tercios del gasto en pensiones se destinan a adultos mayores y el resto a otros beneficiarios.
Manteniendo el actual nivel de gasto público previsional (6% del PIB), es posible:
– Al 2010, entregar pensiones públicas a un 85% de los adultos mayores, por un monto mínimo de $100,000 al mes. Además, desde luego, continuar atendiendo todos los demás compromisos previsionales públicos, es decir, pensiones del sistema antiguo, pensiones de los uniformados, bonos de reconocimiento, etc. Adicionalmente, pueden crecer proporcionalmente los beneficios previsionales a personas que no son adultos mayores.
– Al 2025, manteniendo una cobertura del 85% de los adultos mayores, el monto de la pensión básica puede elevarse a más de $170,000 mensuales. En ese momento se habrán extinguido el grueso de los bonos de reconocimiento y buena parte de las pensiones del sistema antiguo.
– Al 2045, con la misma cobertura del 85%, el monto de la pensión básica puede elevarse a más de $250,000 mensuales. En ese punto se han extinguido buena parte de los compromisos previsionales del sistema antiguo.
En caso de reformarse el sistema de previsión de los uniformados (por ejemplo, incorporándolos al sistema general), los montos anteriores de las pensiones básicas pueden subir sustancialmente.
Mito 10: «La crisis del sistema de pensiones no se manifestará antes del 2010.»
En la actualidad, alrededor de 100 mil personas alcanzan anualmente la edad de jubilar. De ellos, aproximadamente 50 mil logran todavía ser atendidos por el sistema público.
Las restantes 50 mil personas, sin embargo, en su gran mayoría, descubren que los fondos acumulados en las AFP no les alcanzan ni para una fracción de la pensión mínima y tampoco tienen los meses cotizados requeridos para optar a la garantía estatal.
Incluso aquellos que logran una pensión superior a la mínima, en su gran mayoría, son objeto de un enorme daño previsional. Reformar el sistema de pensiones no es tema para dejar para mañana, hay que actuar hoy.
En síntesis, las AFP no son capaces de dar pensiones dignas a la mayoría de sus afiliados. Es un drama que están experimentando hoy día la mitad de quienes alcanzan la edad de jubilar. En el futuro, al igual que en la actualidad, la mayor parte de las pensiones de la mayoría de los chilenos va a depender del sistema previsional público. Una reforma intégral del sistema es urgente.
Por: Manuel Riesco. El autor es economista de CENDA. Candidato a Senador por Santiago Oriente por el Pacto Juntos Podemoas Más y Colaborador de Crónica Digital y Rebelión.org.
Santiago de Chile, 27 de noviembre 2005
Crónica Digital
