Han sido innumerables las ocasiones en que el Senado y la Cámara de Diputados se han apresurado a adoptar sendos proyectos de acuerdo, condenando la situación que existiría en materia de derechos humanos en esos países. El libreto siempre ha sido idéntico y ya es bien conocido: son aprobados, siempre, con el respaldo en bloque de las bancadas de la derecha, con el apoyo también invariable de la Democracia Cristiana, más un puñado menor de congresistas socialistas y PPD.
En una de estas circunstancias, el Presidente Hugo Chávez habló de Senado fascista, para referirse a la Cámara Alta chilena, lo cual provocó un temporal de declaraciones de la horrorizada clase política local, impactada por la inusual virulencia de las palabras del Mandatario bolivariano. Como si hubiera estado mintiendo.
No ha transcurrido tiempo significativo desde ese recordado incidente, luego del cual se aprobaron otras tantas resoluciones de ese tenor en el Parlamento.
Y ocurrió la fuga de Iturriaga Neumann, un sujeto que perteneció al Estado Mayor de la DINA, que estuvo al mando de su División de Operaciones Exteriores y de sus unidades de exterminio en el interior del país, que se encuentra procesado en incontables causas por crímenes de lesa humanidad y que ahora fue condenado, en última instancia, por la Corte Suprema en uno de esos procesos: el secuestro de Luis San Martín Vergara, que tenía 21 años cuando fue secuestrado por la DINA en 1974 y desapareció para siempre.
Luego de conocerse su decisión de transformarse en prófugo de la justicia, ocurrió que el diputado de la UDI, Jorge Ulloa Aguillón, manifestó con total desparpajo que esta rebeldía de Iturriaga era consecuencia de una justicia altamente politizada y presionada por los gobiernos de la Concertación, arguyendo que el fallo judicial se sustentaba en mentiras jurídicas y de hecho.
No es todo. En un tono de directa amenaza a los jueces, hizo un llamado al Senado para que examinara con particular cuidado los nombres de los jueces que sean propuestos para integrar la Corte Suprema, porque no es posible que la integren aquellos jueces que sigan fundando que impartir justicia sobre la base de mentiras.
Su colega Iván Moreira, también diputado de la UDI, coincidió en la politización de la justicia, afirmando que hemos visto en la justicia un doble estándar, porque pareciera que aquellos que condenan a los militares, aquellos que metieron preso a Pinochet, esos jueces reciben un galardón y un premio del Gobierno, porque los incluye en las ternas para la Corte Suprema. Entonces eso pasa a ser verdaderamente un estímulo perverso. Y agregó: Yo creo que la justicia se ha politizado.
En forma simultánea, el senador de la UDI, Jorge Arancibia, dijo que la decisión del ex jerarca de la DINA representa un sentimiento que existe en toda la familia militar, y dijo que hay una sensación de injusticia, de indignación de los ex generales.
A continuación, otro senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, respaldó los dichos de sus correligionarios y dijo que hay escenarios, hay delitos, hay aplicaciones de algunos jueces particularmente con el secuestro permanentemente, que obviamente tienen un enfoque político (…) y eso no es lo que enseñan en las Escuelas de Derecho.
El también senador de la UDI, Jovino Novoa, se refirió a la fuga de Iturriaga señalando que no se puede hacer justicia sobre la base de la falsedad.
Yo considero una vergüenza lo que está pasando con 500 o 600 uniformados que están sometidos a proceso. Los jueces aplican decretos que no existen, hablan de secuestros permanentes y resulta que por treinta años se supone que el secuestrador ha tenido a una persona secuestrada lo que es una mentira, indicó. Agregó: Cuando las personas son puestas en situaciones extremas, muchas ocasiones reaccionan de la forma en que ha reaccionado el general Iturriaga.
Por cierto, a nadie pasó desapercibido que todas esas afirmaciones carecen por completo de asidero jurídico, como lo han fundamentado todas las contundentes resoluciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando se ha pronunciado respecto de la figura del secuestro como ilícito de carácter permanente.
En el fondo, era demasiado obvio que era una nostálgica defensa del viejo jerarca de la DINA, el aparato de represión y exterminio de la dictadura militar en la que participaron los antes citados honorables.
En efecto.
El diputado Jorge Ulloa Aguillón inició su carrera política cuando fue designado por la autoridad militar interventora de la Universidad de Concepción como secretario general del Centro de Estudiantes. En 1980, fue nombrado Secretario Provincial de Ñuble de la Secretaría Nacional de la Juventud, el aparato de control político de la dictadura en el mundo juvenil. Posteriormente, el régimen lo colocó como director comunal del sistema de educación de Curanilahue y, por fin, en 1988 fue alcalde designado de Lebu.
El diputado Iván Moreira Barros fue, entre 1978 y 1981, un directivo provincial de la Secretaría Nacional de la Juventud en Magallanes; entre ese último año y 1989 trabajó como jefe de gabinete del edil designado de Punta Arenas, asesor político del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y asesor de comunicaciones del director de TVN, en el ámbito de la censura. En 1987, se transformó en jefe de relaciones públicas del alcalde designado de La Cisterna y luego, en 1989, fue nombrado en ese cargo, a partir del que se construyó la plataforma para saltar a la Cámara Baja en 1994.
El senador Juan Antonio Coloma Correa fue presidente designado de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) en 1977 y luego miembro del Consejo de Estado de la tiranía hasta 1989. Por su parte, el senador Jovino Novoa Vásquez fue el subsecretario General de Gobierno durante la dictadura, entre 1979 y 1982.
Por último, el senador Jorge Patricio Arancibia Reyes, entre 1980 y 1982 y con el grado de capitán de Fragata, ejerció el cargo de edecán del propio Augusto Pinochet Ugarte, siendo destinado posteriormente, entre 1984 y 1985, como Agregado Naval en Buenos Aires. En 1997 llegó a la comandancia en jefe de la Armada y cuatro años después llegó al Senado.
Estos son algunos de los congresistas que se encuentran tan profundamente preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela y Cuba. Y son parte de los aliados de parte de los parlamentarios oficialistas, en sus entusiastas afanes frente a esos países.
Una de las singularidades de la transición pactada a la democracia ha sido el fenómeno de que no pocos viejos sirvientes del dictador fueron pasados por el bálsamo del olvido y se reconvirtieron en honorables demócratas. Habría que estar agradecidos, entonces, a Iturriaga Neumann por esta coyuntura propicia para el ejercicio de la memoria.
Por Victor Osorio Reyes. El autor es periodista y Director Periodístico de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 27 de junio 2007
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