La primera de las acciones, hacia el puente internacional General San Martín que une a Guleguaychú con la vecina Fray Bentos por encima del río Uruguay, consitió en una caravana de automóviles que alcanzó los 25 kilómetros de extensión, según las autoridades.
En Colón, unas tres mil personas se dieron cita en el puente general José Artigas, vínculo entre esa ciudad y la vecina Paysandú.
En ambos casos, los ambientalistas expresaron su júbilo por la decisión de la firma española ENCE de retirar la papelera que construye en Fray Bentos y trasladarla a otra zona y demandaron a la finesa Botnia que haga lo mismo con sus instalaciones.
Un documento leído en ambos puntos reitera la decisión de los defensores del medio ambiente de continuar la lucha y de negar cualquier licencia social para la edificación de las plantas, debido a su comprobada acción contaminante del suelo, el aire y las aguas.
En Colón la acción popular tuvo un matiz especial, pues corrieron rumores de que la ENCE trasladaría su proyecto para Paysandú.
El gobernador provincial, Jorge Busti, declaró a una emisora radial que la relocalización debería hacerse hacía el sur de Fray Bentos y el norte de Punta del Este, en dirección al mar, en referencia a algún punto de la costa atlántica uruguaya.
El gobierno argentino celebró el viernes la decisión de la empresa española y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que ese paso indica lo correcto del planteamiento del país contra las papeleras.
Uno de los actores está dando un paso al costado y eso evidencia que el plantemiento argentino no era errado, insistió Fernández.
El traslado fue anunciado el jueves por el titular de ENCE, Juan Luis Arregui, quien subrayó, además, que ello traerá aparejado un incremento en la producción.
Con fuertes lazos históricos, los dos países mantienen una prolongada controversia a raíz de la decisión uruguaya de instalar esas procesadoras de pulpa de madera a orillas del rio que les sirve de frontera natural y cuya explotación y manejo comparten por un tratado de 1975.
Argentina denunció que el proyecto dañará el ecosistema en la región, pero Uruguay aseguró que las industrias, con una inversión estimada en mil 800 millones de dólares, se construyen bajo las más estrictas normas de protección a la naturaleza.
Por el diferendo, la administración de Néstor Kirchner demandó a la República Oriental ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya, mientras que su par uruguayo, Tabaré Vázquez, sometió el caso al Tribunal Arbitral del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Buenos Aires, 25 de septiembre 2006
Prensa Latina , 0, 66, 16
