Esto es un anhelo de miles de compatriotas que por diversas razones no se inscribieron hace dos años y que hoy la Cámara Alta entendió que debía hacerse justicia, señaló a Crónica Digital el dirigente nacional.
La semana pasada, la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear anunció que el Senado en pleno aprobó solicitar a Bachelet reabrir la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.
Alvear, dijo en la oportunidad que la Comisión Valech, como se le conoció, funcionó durante algunos meses y se entregaron muchos testimonios, más de 30 mil. Sin embargo, muchos chilenos y chilenas no se atrevieron a ello, porque revivir experiencias dolorosas de hace 30 años o tener que compartirlas con sus hijos, hacerlas públicas, les daba vergüenza relatar aquellos sufrimientos que vivieron.
La Comisión sobre Prisión Política y Tortura, tuvo por objeto determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presentaron, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La Comisión debía también proponer medidas de reparación al ex presidente Ricardo Lagos, para las víctimas que identificara y elaborar un informe de todo ello.
Al final del proceso, fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura 28 mil 459 personas, que corresponden a 34 mil 690 detenciones. Del total de personas, mil 244 eran menores de 18 años y de éstas 176 eran menores de 13 años. El 12,72 por ciento, que equivale a tres mil 621 personas, son mujeres.
Un primer informe, con los nombres de 27 mil 255 víctimas, fue entregado a Ricardo Lagos en noviembre de 2004. El ex presidente solicitó hacer una nueva revisión de los testimonios presentados a través de la dictación del Decreto Supremo N° 1.086 de Interior de 2004. Luego de revisar todas las solicitudes de reconsideración la Comisión presentó un Informe Complementario en mayo de 2005, en el que se reconocen otras mil 204 personas.
El dirigente recordó que por parte del Estado chileno hubo transgresiones las cuales no se respetaron, como son todos aquellos que fueron detenidos en manifestaciones, allanamientos masivos y que fueron juzgados por tribunales ordinarios, pero que no fueron catalogados como presos de conciencia.
El presidente de la ANEXPP, reiteró que el gobierno debería tomar en cuenta que miles de chilenos fueron detenidos y que sus familiares interpusieron ante la justicia recursos de amparos. Pero existen otros miles que fueron detenidos, pero no fueron denunciadas sus detenciones y torturas, a ellos también se les debe reconocer.
Al ser consultado como se comprueba que fueron torturados y que pasaron por las cárceles y que no tienen como comprobar sus detenciones, Retamal apuntó que eso se puede comprobar con exámenes médicos y psicológicos.
Para ello, el dirigente propuso que las propias organizaciones sociales y políticas puedan acreditar cuales fueron los detenidos ya que muchos de ellos militaban o siguen militando en todas las fuerzas democráticas y que en esos años eran opositoras al régimen de Pinochet.
Retamal, subrayó que no quieren solo una ley de reapertura, la ley debe resolver todos los aspecto de la legislación internacional contempla como es la reparación integral.
La comisión que presidió el señor Valech recomendó al ex presidente Lagos, que los montos fueron iguales a los que reciben los reconocidos por el informe Rettig. Los presos políticos de la dictadura fueron personas que en su gran mayoría estuvieron durante mucho tiempo en las cárceles. Un ejemplo de ello es la situación de los exonerados políticos y que además fueron presos, pero debieron decidir cual pensión tomar, señaló Retamal.
Recordó que la reparación a los presos políticos en argentina son mucho mayores a los de los chilenos, el Estado debería tomar ese ejemplo para solucionar el problema de fondo.
Por último, exigió del Estado chileno reparar a los familiares de aquellos que hoy no están vivos y que fueron torturados y que la ley 19.992 no los tomo en cuenta. Muchos de los familiares todavía viven el trauma de recordar como fueron llevados desde sus hogares a lugares desconocidos y posteriormente verlos detenidos y torturados.
Santiago de Chile, 10 de julio 2006
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