El gobierno está preocupado por el impacto que esto tendrá en el suministro y las tarifas a los clientes residenciales, y la presidenta Michelle Bachelet enviará el próximo viernes a Buenos Aires una delegación de alto nivel para negociar los nuevos valores.
La voz de alerta la dio el martes el canciller Alejandro Foxley al asegurar que el gobierno argentino «debe comprender que tenemos que llegar a una solución ecuánime que asegure el abastecimiento domiciliario, pero que sea razonable en términos de precios».
El nuevo tributo argentino busca neutralizar el impacto en su mercado interno del mayor precio del gas que ahora pagará a Bolivia -de 3,2 a 5,0 dólares el millón de BTU-, a través de una retención (tributo) a los productores argentinos exportadores del combustible.
El representante de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), Rubén Etcheverry, dijo ayer en La Paz que el gobierno de su país no subirá el precio del gas directamente a Chile y aclaró que cualquier modificación debía ser discutida entre las empresas privadas.
«El gobierno argentino no ha incrementado el precio del gas a Chile, tampoco podría hacerlo, porque quienes tienen el compromiso de suministrar, de vender, y quien tiene contratos, son empresas privadas con productores o consumidores privados chilenos», explicó.
Sin embargo, La Moneda insiste que el problema es político y no técnico y decidió que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, acompañe a la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, a la reunión que sostendrán ambos países el próximo viernes.
El objetivo es «que se dé una conversación no sólo a nivel técnico, sino que a nivel político, porque es obvio que lo que se decida en esa reunión va a influir e incluso afectar el presupuesto familiar de muchas personas en Chile», señaló Foxley.
Bachelet, que ha hecho de sus relaciones con Argentina una piedra de toque en su política exterior, está sometida a fuertes presiones del sector privado y congresistas de la derecha, que piden «mano dura» en las negociaciones a nivel de gobierno.
Según el presidente de la comisión de Minería y Energía del Senado, Jaime Orpis, «estamos vulnerables», por lo que la autoridad debe «administrar la crisis», pero sin dejar de «hacer sentir molestia» al presidente Néstor Kirchner, a quien culpan directamente de la crisis.
De concretarse el nuevo tributo argentino, los importadores chilenos pasarían a pagar unos 3,8 dólares por millón de BTU, más los costos del transporte, que podrían llegar a un tope de 5,0 dólares por unidad de venta.
Como el sector privado que controla el estratégico rubro de la producción y distribución de energía en el país no está dispuesto a disminuir sus millonarias utilidades, cualquier aumento -por razonable que sea- tendrá que salir del bolsillo de los consumidores.
El diario ultraconservador El Mercurio asegura hoy que lo que más preocupa a Bachelet es que Argentina desconozca el compromiso de abastecer al menos a los clientes residenciales, por la mala señal que se daría a la población y su alto costo político.
El problema está dado porque al contrario de lo que sucede con el suministro a las centrales eléctricas y a las industrias -que deben pagar un mayor costo para operar con diésel-, para el abastecimiento residencial no existe alternativa al gas argentino.
Según indicó Foxley la víspera, el gobierno chileno aspira a lograr una solución equitativa, que no signifique un alza desmedida de los precios del gas natural a raíz del incremento de 56 por ciento que han experimentado las importaciones argentinas desde Bolivia.
Por: Angel Pino. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile
Santiago de Chile, 6 de julio 2006
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