Monsalve dijo que se trata de trabajadores humildes, que laboran en una empresa contratista que prestaba servicios a la mina de Trongol, propiedad de Enacar, que cerró hace algunos meses por decisión del Gobierno, lo que determinará que, a partir del 30 de noviembre, queden cesantes.
Agregó que los más de doscientos mineros que trabajaban en forma directa para Enacar desarrollaron una lucha justa y valiente que permitió una negociación con el directorio de la empresa, que finalizó en un acuerdo que garantizó indemnizaciones y un puente de protección social para ellos y para sus familias.
«Felicito ese acuerdo, porque dio cuenta de una sociedad y un gobierno que efectivamente busca resguardar socialmente a quienes el mercado no les entrega la protección social a que tienen derecho», indicó el legislador.
Sin embargo, los cincuenta trabajadores que prestaban servicios a través de contratistas y sus familias quedaron abandonados. «El cierre de la mina los condena a la cesantía. Se dice que no hay nada que hacer porque éste es un problema entre privados, entre la empresa contratista y los trabajadores», subrayó Monsalve.
«No estoy dispuesto a aceptar esta explicación. Jamás el futuro de los trabajadores y de sus familias será una cuestión entre privados. Tengo la convicción de que nuestro país puede y debe dar protección social, especialmente a los más débiles, quienes necesitan de un Estado que garantice el respeto de sus derechos», enfatizó.
Asimismo, el legislador sostuvo que el cierre de la mina de Trongol fue una decisión del Gobierno. «Así se cerró una de las fuentes productivas más importantes de la comuna de Curanilahue, en una de las zonas más pobres de Chile, con las más altas tasas de desempleo, y no se consideraron las repercusiones negativas en su entorno social».
Finalmente, el diputado ofició al ministro del Interior para que el Gobierno intervenga, a fin de que los cincuenta trabajadores indirectos de Enacar que quedaron cesantes puedan ser escuchados y se establezca un compromiso para darles protección social, a través de una indemnización, o se establezca un programa de reinserción laboral, señaló al finalizar su intervención.
Valparaíso, 9 de noivembre 2006
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