Las declaraciones, formuladas por Tapia al asumir sus funciones como nuevo titular, echan por tierra un presunto acuerdo firmado con ex militares por el comando del candidato derechista Sebastián Piñera para agilizar los juicios en detrimento de la justicia.
El compromiso, anunciado por representantes de uniformados en retiro, se habría logrado a cambio del voto de la familia militar, que involucraría a cerca del 10 por ciento de los 8,2 millones de electores inscritos en los registros.
El tema ha sido objeto de fuertes presiones en el pasado por parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y sectores del gobierno interesados con terminar con el desfile por los tribunales de ex represores acusados de violar derechos humanos durante la dictadura.
Tapia precisó que no es la Corte Suprema la encargada de fijar plazos y dijo que «son los jueces, los que están en la investigación, los que pueden saber cuándo van a terminar sus pesquisas».
Evitando entrar de lleno a la polémica que ha sacudido al mundo político y que ha involucrado también a La Moneda, el magistrado apuntó que, en el caso de la Corte Suprema, «no nos corresponde a nosotros como tal fijar esos plazos».
«Ojalá no demoren eternamente, yo creo que ése es el deseo de todos nosotros, pero deben terminarse como corresponda», precisó el titular, descartando cualquier posibilidad de que el Ejecutivo o el máximo tribunal adopten medidas que contribuyan a cerrar procesos en curso.
Tapia asumió el cargo hasta el 2008, luego de sostener encuentros con el presidente Ricardo Lagos -quien termina su mandato en marzo próximo- y el líder del Senado Sergio Romero.
El senador institucional y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Martínez Busch, precisó detalles ayer de la controvertida misiva con que el comando de campaña del abanderado de la derecha asume compromisos con los ex uniformados.
Si bien el texto no menciona poner punto final a los juicios, si alude a los plazos que ha sido por años el mayor temor de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de la víctimas de las dictadura militar.
Martínez explicó que ellos comprometieron su respaldo a Piñera por una serie de aspectos, entre ellos, su posición sobre el controvertido cierre de los procesos.
Santiago de Chile, 6 de enero 2006
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