Hemos dicho ya anteriormente -y lo reiteramos hoy- que nos parece muy acertado y oportuno el llamado que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores a los partidos políticos de inspiración democrática y diferentes organizaciones sociales para sumar fuerzas en un gran movimiento por la democracia y la justicia social.
Hemos valorado igualmente la acogida que este llamado ha tenido.
La confluencia de diversas organizaciones que se ha producido constituye una señal muy positiva, en el sentido de que es posible unir, tras objetivos específicos y de evidente beneficio para el país -como lo es el del cambio del actual sistema electoral- a fuerzas políticas que sostienen posiciones ideológicas y estratégicas muy diferentes u opuestas.
Esto tiende a viabilizar, por otra parte, demandas como las que nos han reunido hoy. Lo que no es nada fácil.
Sabemos, de partida, que las ventajas que la derecha ha logrado precisamente con este sistema electoral le otorgan un poder en el Congreso que se convierte en una traba para la aprobación de un proyecto de ley que realmente represente un cambio de sistema y no una ligera corrección del mismo, como lo proponen algunos personeros políticos.
Ahora bien, ante una dificultad como ésa, la movilización social y política se impone como una necesidad ineludible. Incluso, las pocas posibilidades que uno puede prever de que se logre un acuerdo con al menos un sector de la derecha para un cambio de verdad en esta materia, se podrían ver ampliadas con una gran movilización social.
Pero esa necesidad es todavía mayor para el caso aun más probable- de que la derecha toda se oponga en definitiva a un proyecto de ese tipo. Porque entonces lo que habría que demandar con mayor fuerza es un plebiscito, de modo que sea el propio pueblo el que se pronuncie directamente sobre este tema y cree así una nueva situación en la política nacional.
Esta no es una cuestión que sólo haya que promover para que la izquierda esté presente en el parlamento conforme a su votación. Se trata de algo que forma parte de una lucha que reviste un significado más amplio: avanzar hacia una mayor democratización y una mayor justicia social en Chile.
En este sentido -y aun dentro del mismo terreno del sistema electoral- importa por ejemplo que cada zona geográfica del país esté también proporcionalmente representada, cosa que hoy no ocurre; que los dirigentes sindicales no estén impedidos de ser parlamentarios; que también puedan serlo los mayores de 18 años. Con esta última y otras medidas, nos parece particularmente importante asegurar que los jóvenes tengan una real participación en las entidades democráticas del país. Igualmente, deberían democratizarse los gobiernos regionales y las demás instituciones del país.
Tras objetivos como ésos, la Izquierda Cristiana ha buscado constantemente fortalecer y ampliar los espacios de participación del mundo social y político, para lograr una mayor democratización y mejorar las condiciones de vida de las personas. En ello nos hemos encontrado con muchas otras organizaciones. Con algunas, compartimos no solo una mirada común con respecto a los temas de país. Además, hemos sido afectados permanentes por la profunda brecha que separa a los que pueden participar en la toma de decisiones relevantes y aquellos que no tienen ese derecho.
Muchos somos los que no sólo estamos impedidos de tener representantes en el parlamento, sino que además debemos superar múltiples trabas que tienden obstaculizar nuestra existencia legal como organización política. La ley de partidos políticos es, en efecto, un poderoso obstáculo para que la diversidad de la ciudadanía pueda tener una expresión política formal y organizada más amplia. Esta ley, junto al sistema binominal, constituyen los principales factores que deslegitiman el conjunto total de la institucionalidad democrática, fomentando e incentivando la exclusión y la pérdida de sentido de la participación ciudadana.
Creemos que ninguna sociedad que reclame para sí la calificación de democrática puede estar sostenida por un modelo institucional cuyo diseño de representación excluya a importantes sectores de dicha sociedad.
Es el caso de Chile. Y no es extraño entonces que exista un gran malestar en diversos sectores de la ciudadanía que no están representados o que no se sienten interpretados por sus elegidos, en sus vivencias, sus necesidades y menos aún- en sus demandas. Es cosa de observar cómo aumentan día a día las protestas relacionadas con educación, salud, vivienda, medio ambiente, etc., etc.
Este es un malestar que durante mucho tiempo no se manifestaba y que ahora empieza a expresarse como irrupción de frustraciones contenidas, derivadas de permanentes promesas incumplidas. No se trata sólo de situaciones críticas derivadas de sentimientos de disconformidad, sino de la pérdida de legitimidad de las bases mismas del sistema, en tanto cuanto las personas y la sociedad civil no se sienten interpretadas ni garantizadas en sus derechos por el discurso de la ley, que esconde, tras la ilusión de una igualdad formal, profundas inequidades y desigualdades, y que ubican a Chile como el segundo país en el continente de peor distribución del ingreso.
Por eso mismo, consideramos que nuestra plataforma de convergencia debe ampliarse efectivamente a otros asuntos que interesan a nuestro pueblo. Proponemos la elaboración de una agenda temática que incluya también asuntos de ese tipo.
Hoy está aflorando en nuestra sociedad una crisis, una tensión, entre democracia representativa y democracia participativa. La gente, los grupos sociales, las diversas organizaciones, quieren sentirse no sólo escuchados, porque ya no creen en el otro que decide…; quieren participar de la decisión, estar presentes en el ejercicio del poder. La brecha entre lo que hacen quienes deciden y lo que siente y experimentan quienes viven los problemas es muy grande. Por esto, cada vez más se lucha -tal vez no explicita ni concientemente- por una nueva distribución social del poder.
Hoy las personas, tal como lo ha dicho recientemente un informe del PNUD, han experimentado una creciente capacidad para expresar sus molestias y ejercer el legítimo derecho de reclamo.
Esto plantea la exigencia de avanzar progresivamente hacia diseños que combinen la democracia representativa con formas y espacios de democracia participativa. De lo contrario, emergerán inevitablemente brotes de crisis, que producirán un efecto escalonado. De allí la necesidad de impulsar iniciativas que vayan en el sentido de presupuestas participativas a nivel local, formas de contraloría ciudadana, etc., etc.
Un freno para esta crisis o un detonante si no se resuelve…lo constituye el sistema binominal vigente. El cambio del sistema abrirá compuertas sociales y permitirá instalar acuerdos políticos amplios de mayorías a nivel nacional y facilitará la instalación de mecanismos que, como este parlamento social y político, generarán espacios plurales de expresión y de creciente participación ciudadana.
Por: Carlos Donoso. El autor es periodista y acádemico universitario. Secretario General de la Izquierda Cristiana y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 26 de julio 2006
Crónica Digital , 0, 96, 3
