La violencia generada por siglos de negación a los derechos del pueblo Mapuche, y también la ejercida en su expresión extrema contra la mujer, acapararon la atención en Chile en la semana que hoy finaliza.
El histórico conflicto mapuche escaló el nivel de violencia el fin de semana pasado cuando serios disturbios ocurrieron en los municipios de Ercilla, Curacautín, Traiguén y Victoria, en la región de La Araucanía, donde fueron incendiadas dos alcaldías y civiles armados, en pleno toque de queda y sin intervención policial arremetieron contra comuneros mapuches.
Desde la oposición se ha insistido en que declaraciones previas del ministro del Interior, Víctor Pérez, incitaron a esos sucesos, al llamar a los alcaldes a desalojar de cualquier forma edificios que durante esa semana habían sido ocupados en apoyo a una huelga de hambre que realizan 27 presos mapuches desde hace tres meses.
Asimismo la falta de disposición real del gobierno para solucionar el largo conflicto es señalada por muchos como causa fundamental de la recurrente violencia en La Araucanía.
En la oposición, desde el centrista Partido Por la Democracia, hasta el conglomerado del Frente Amplio y el Partido Comunista, emitieron declaraciones en las cuales todos coinciden en llamar al Gobierno a buscar una solución dialogada que atienda los reclamos del pueblo mapuche y conjure la violencia.
Lo mismo hicieron agrupaciones religiosas, organizaciones de juristas y académicos, entre otros, mientras se producían nuevas tomas de alcaldías durante la semana, que fueron desalojadas por carabineros, y acciones de resistencia con la quema de maquinaria, vehículos y cortes de carreteras.
Finalmente, este viernes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo una reunión tcon voceros del machi Celestino Córdova, la que calificó de «muy buena», aunque no se llegó a acuerdo para que el líder espiritual mapuche deponga su huelga de hambre.
Durante la semana, el país estuvo igualmente atento a los hechos vinculados al asesinato de Ambar Cornejo, de solo 16 años, a manos del compañero de su madre.
El crimen generó una explosión de indignación por este nuevo feminicidio, en un país donde la violencia de género, a pesar de lo avanzado gracias al empuje del movimiento feminista, se expresa en todas las esferas de la vida social, laboral y familiar.
Pero también generó duros señalamientos a la gestión de justicia, pues Hugo Bustamante, el asesino, había sido ya condenado en 2005 a 27 años de cárcel por el homicidio de su expareja, en otro suceso que conmocionó al país en su momento, pero solo cumplió 11, pues en 2016 salió en libertad condicional, según decidió un tribunal, a pesar de que un informe de Gendarmería recomendaba que no debía recibir ese beneficio.
Santiago de Chile, 9 de agosto 2020
Crónica Digital/PL
