El fallo, adoptado por unanimidad en la Sexta Sala del tribunal capitalino, se encontraba pendiente desde hace tres semanas, cuando la defensa de Pinochet apeló por lo que considera faltas al debido proceso y razones de salud.
Pinochet fue procesado en noviembre pasado por el juez Víctor Montiglio, quien le atribuye responsabilidad en el secuestro calificado de nueve casos en el marco de ese operativo, montado por las fuerzas represivas para ocultar la muerte de 119 opositores políticos.
La defensa había pedido dejar sin efecto tres de los nueve encausamientos argumentando que la Corte Suprema sobreseyó definitivamente al ex dictador en julio de 2002 en el caso de la Caravana de la Muerte por una alegada demencia subcortical leve a moderada.
Las razones de salud, aludidas como causa que impediría un debido proceso, fueron desmentidas por un grupo de especialistas del Servicio Médico Legal que le hizo un peritaje médico a finales de octubre pasado y que determinó que Pinochet está mentalmente apto.
La decisión de la corte mantiene firme los procesamientos contra Pinochet en calidad de autor de los secuestros calificados de Juan Carlos Perelman y Héctor Garay, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y del socialista Antonio Cabezas.
«En los antecedentes hasta ahora reunidos queda de manifiesto que agentes del Estado privaron de libertad y torturaron a personas de las que sólo se tuvo noticia a través de informaciones falsas de su muerte publicadas en Brasil y Argentina», afirma la resolución.
Destaca además que los crímenes no hubieran podido ser cometidos sin la aceptación y el aprovechamiento de las condiciones creadas en la época por el régimen militar que encabezaba Pinochet, que ejercía un control total sobre la población.
El ex dictador fue fichado en esta causa en diciembre último, por primera vez desde que comenzaron los procesos en su contra por violación de los derechos humanos en 1998.
Mientras tanto, el juez Carlos Cerda, que lleva el caso por las cuentas secretas del Banco Riggs -donde Pinochet y sus familiares más cercanos fueron procesados por evasión tributaria y otros delitos-, realizó hoy nuevas diligencias.
El magistrado se presentó en la Intendencia de Ejército, en esta capital, donde -según trascendidos- estuvo revisando documentos clasificados que fueron solicitados a las Fuerzas Armadas, pero que por carácter reservado no pueden ser sacados de sus dependencias.
Cerda se negó a dar detalles de la diligencia, pero al ser consultado por los periodistas, afirmó que encontró total colaboración del Ejército en estas pesquisas.
Santiago de Chile, 1 de febrero 2006
Crónica Digital/PL , 0, 61, 3
