La decisión, tomada sorpresivamente luego de contar por primera vez con el apoyo en pleno de la oposición de derecha, habría respondido a presiones de Estados Unidos, que exige la firma de un pacto que otorgue inmunidad a sus soldados en el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Fuentes del congreso consultadas por Prensa Latina indicaron que como resultado de la medida, la normativa ya no podrá ser aprobada durante el mandato del presidente Ricardo Lagos, quien concluye su misión el 11 de marzo próximo.
El Estatuto de Roma fue el instrumento que creó el CPI en 1998 y era uno de los temas fuertes del mandatario, pero tras tener el acuerdo requerido para ratificarlo, se habría decidido no volver a plantear el asunto, lo que pone en duda su futura aprobación por el parlamento.
La iniciativa «quedó en tabla», según el senador socialista José Antonio Viera-Gallo, integrante de la comisión de Constitución de la Cámara alta y uno de los principales impulsores de la iniciativa, que contaba ya con la aprobación de todos los factores.
Andrés Zaldívar, senador de la también oficialista Democracia Cristiana (DC), explicó que al no existir ya la urgencia no se sabe cuando se va a reponer. «Esto es un tema que atañe directamente al presidente Lagos», puntualizó.
El 4 de octubre del 2005, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad (cinco votos contra cero) la necesidad de que Chile se incorpore a las tipificaciones que sanciona el Estatuto de Roma.
Fuentes oficiales indicaron el fin de semana al diario electrónico El Mostrador que el tema no volverá a colocarse en la agenda hasta después del 15 de enero, cuando se conozca al próximo presidente de Chile.
El senador derechista Alberto Espina, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, lamentó el retiro de la urgencia, y advirtió que la medida se habría adoptado por presiones que recibió La Moneda de parte de la Casa Blanca.
«El gobierno lo retiró porque, seguramente, recibió presiones de Estados Unidos. Es, simplemente, decirle al gobierno que si firma ese Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional la Casa Blanca va a tener ciertas represalias contra Chile», aseguró.
El congresista explicó que el retiro de la celeridad debe ser explicado por el canciller Ignacio Walker, quien le había pedido personalmente que le diera un carácter de urgencia en la agenda de ese órgano legislativo.
«El habló conmigo y me pidió urgencia al proyecto, se lo aprobé, lo puse en tabla, generamos un acuerdo, está en lista para votarse. ¿Por qué no lo aprueba si hay un acuerdo unánime? La razón es la presión americana y la debilidad del gobierno a esa presión», apuntó.
La aprobación del Estatuto de Roma no sólo implica poder juzgar crímenes de lesa humanidad, sino que también colocaría a Chile en una situación de enfrentamiento ante Estados Unidos, su principal detractor.
Según El Mostrador, el gobierno norteamericano habría ofrecido a Santiago ser aliado extra de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), a cambio de apoyo para que sus soldados no puedan ser juzgados por el TPI.
De no hacerlo, Chile podría tener represalias tanto políticas como económicas, pues los países que ya son integrantes del tribunal internacional y no subscribieron el acuerdo bilateral previo con Estados Unidos han sufrido el retiro de su ayuda militar.
Si se lograra implementar los puntos que establece el Estatuto, los tribunales chilenos estarían facultados para aplicar justicia en el caso de que los delitos sean cometidos en territorio nacional o extranjero, por un compatriota o en contra de un chileno.
Santiago de Chile, 9 de enero 2006
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