La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) culpó al gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-20006) como responsable de ocultar los errores en la identificación de los 48 cuerpos que fueron exhumados en el patio 29 del Cementerio General en 1991.
Aunque desde 1994 se tenían indicios de que existían, fue en el 2002, a dos años de asumir su administración, que las autoridades tuvieron conocimiento de que restos de opositores ejecutados que habían sido entregados a familias equivocadas y no tomaron medidas.
El vocero del ejecutivo, Ricardo Lagos Weber -hijo del ex mandatario- llamó a no prejuzgar respecto a si hubo o no ocultamiento de información y a actuar con prudencia.
El secretario de Estado descartó que el error de identificación sea la peor herencia política que dejaron los antiguos gobiernos de la Concertación a Bachelet, como afirman sectores políticos de izquierda y organizaciones de derechos humanos.
A su juicio, «no es la peor herencia política, es un drama de magnitudes de lo que ocurrió en Chile hace 17 años y lo que ha hecho la Concertación es enfrentar esto con decisión, haciendo justicia en la medida de lo posible y reparaciones».
Lagos Weber aseguró que lo relevante es que el gobierno actuó decididamente ante lo ocurrido y dio garantías para que se realicen los mejores esfuerzos a fin de identificar correctamente a las víctimas y ayudar a los familiares.
La Moneda pidió no adelantarse al trabajo encomendado a la asistente social María Luisa Sepúlveda y por ello desechó la posibilidad de solicitar un juez de dedicación exclusiva para que investigue lo ocurrido.
Dijo además que apoya plenamente la labor que realizará la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia que para el gobierno indagará finalmente sobre las eventuales responsabilidades políticas.
Las principales responsabilidades en este plano apuntan a los ex ministros de justicia de los gobiernos de Lagos, Luis Bates y José Antonio Gómez.
La Moneda dice desconocer si ellos estaban al tanto de los antecedentes que luego pesaron en el error de identificación de los cuerpos.
Santiago de Chile, 26 de abril 2006
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