JUNTOS PODEMOS MÁS DE MAGALLANES RETOMA ACTIVIDADES POLÍTICAS

En un comunicado público, la agrupación política señaló que pese a las “diferencias de opinión en el marco de las últimas elecciones presidenciales, hoy nos encontramos trabajando en la construcción de un amplio frente antineoliberal”.

Los dirigentes Tamara Avendaño y Jaime Ponce sostienen que es necesario seguir actuando en conjunto para sumar fuerzas y entregar nuestra opinión, y aportes en esta dirección de tal manera que vayan en beneficio siempre de las grandes mayorías, y no perdiendo de vista que nos definimos como opositores al gobierno actual, estamos de acuerdo en que nuestra voz debe ser incluida y no excluida.

”Nos asiste el derecho de ser proposititos y actores válidos- para producir los cambios que este país requiere, y no meros espectadores de lo que acontece, nuestra lectura desde la izquierda siempre llevará el Norte de la certeza de que un Chile mejor es posible y junto a ello, un Magallanes más justo y solidario. En ese camino adherimos la convocatoria de la CUT en la formación de un gran movimiento por más democracia y justicia social”, apunta el comunicado.

En cuanto a los temas contingentes de la Región, los principales temas que abordaran las organizaciones políticas y sociales de Magallanes, serán las Leyes de Excepción, el destino y uso del gas, de Lago Mercedes, el problema de la locomoción colectiva dentro de la ciudad de Punta Arenas.

Los sectores de la izquierda de la zona austral chilena, apoyaron la demanda de la CUT es político social; “se trata de poner fin al binominalismo, fin a la exclusión de los dirigentes, reforma solidaria a las pensiones, ley de sub contratación efectiva, y negociación colectiva de verdad”.

Por último, los dirigentes llamaron a apoyar la realización de una gran marcha, el 1º de mayo en Santiago, que partirá, a las 10ºº hrs. desde la Plaza Estación Los Héroes hasta el edifico Diego Portales, y que en Punta Arenas “nos sumamos al Acto conmemorativo ese mismo día a las 10,30 hrs. en el Teatro Municipal de Punta Arenas, actividad organizada por la CUT Provincial de Magallanes”.

Punta Arenas, 26 de abril 2006
Crónica Digital , 0, 102, 3

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SUBE DE TONO POLÉMICA SOBRE IDENTIFICACIÓN DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Mié Abr 26 , 2006
Fuerzas políticas dentro y fuera del gobierno, así como organizaciones de derechos humanos exigen con mayor fuerza la designación de un juez de dedicación exclusiva para que investigue las causas de la tragedia que vive un centenar de familias. «Lo que ha ocurrido nos complica como sociedad, porque está de por medio la fe pública ante el drama que han tenido por años estas familias», afirmó el senador Adolfo Zaldívar, presidente de la Democracia Cristiana, principal partido de la coalición gobernante. Subrayó que golpeadas ya por la desaparición de sus seres queridos, muchas familias vuelven a sufrir la angustia, la inseguridad y la falta de confianza en las autoridades y las instituciones que han manejado con mucha irresponsabilidad y falta de sensibilidad este proceso. El drama tuvo su origen en 1991 cuando por informaciones de la Iglesia católica fueron descubiertos en fosas comunes y exhumados en el Patio 29 del Cementerio General más de 120 restos humanos presuntamente víctimas de la dictadura militar (1973-1990). De ellos, cerca de un centenar fueron legalmente identificados como detenidos-desaparecidos y tras un proceso dirigido por el Servicio Médico Legal (SML) entregados a presuntos familiares, que le dieron sepultura y cuidaron por más de 15 años. A pesar que desde 1994 ya existían fuertes indicios de que varios de los restos fueron mal identificados, y en 2002 las autoridades tuvieron la certeza de los errores, no fue hasta la semana pasada que el SML lo reconoció oficialmente. De casi un centenar de restos entregados a familiares, al menos 48 está confirmado que fueron mal identificadas y de un número indeterminado de ellos aún no pueden dar fe de que correspondan a la identidades otorgadas en la época. Agrupaciones de derechos humanos y sectores políticos apuntan sus darnos no sólo sobre el SML -dependiente del Ministerio de Justicia- sino también contra los ex titulares del ramo Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Luis Bates, y ahora el ex presidente Ricardo Lagos. Todos habrían tenido conocimiento -en sus respectivos períodos- de la identificación equivocada de cuerpos, y en ningún caso hicieron algo por aclarar el problema. En 2002, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira -hija de una de las víctimas erróneamente identificadas- advirtió discrepancias entre el SML y un informe elaborado por la Universidad de Glasgow (Escocia). La jurista también entregó al presidente Lagos la información, ocasión en que solicitó la renuncia del entonces ministro Bates y del todavía director del SML, Oscar Vargas, por la «enorme responsabilidad» que les cabría en los hechos. «Me gustaría recibir en este momento un llamado telefónico del compañero Lagos (actualmente en España) y escuchar una explicación de por qué en su gobierno no tomó decisiones para haber despejado este tema desde el punto de vista institucional», afirmó Pereira. La abogada, de militancia socialista como el ex mandatario y la actual gobernante Michelle Bachelet, se sumó a una petición del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda y progresistas para la designación de un juez que instruya penalmente el caso. También […]

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