Las propuestas fueron entregadas por el presidente de la Comisión de Economistas Socialistas, Humberto Vega, junto con los miembros de la Mesa Directiva del partido, Marcelo Schilling, secretario general; Sadi Melo, vicepresidente y Carmen Gloria Allende, vicepresidenta de la Mujer.
Estimamos que el gobierno debe formular una política clara respecto del tipo de cambio y de los criterios para utilizar los excedentes extraordinarios, de modo de recuperar y aumentar el ritmo de crecimiento económico y aumentar los niveles de empleo y satisfacción de las necesidades sociales de la población. El sector privado y los demás agentes económicos requieren de señales fuertes y precisas por parte del gobierno. A estos objetivos queremos contribuir con el siguiente conjunto de propuestas, afirmó Vega.
Propuestas
Nuestras propuestas suponen que el actual ciclo de altos precios del cobre se mantendrá por dos o tres años más como máximo, y por tanto, los mayores recursos no pueden orientarse al aumento del gasto público corriente, sino al gasto de inversión pública, agregó.
También supone satisfacer la urgente necesidad de actualizar las bases de cálculo sobre las cuáles se estimaron el superávit estructural para el año 2006 y siguientes, de modo de recalcular los ingresos y gastos públicos sobre una base más realista, y poder así recuperar el impulso del crecimiento económico que se está deteriorando en la actual coyuntura. Se debiera citar a la brevedad a la Comisión de Expertos para adelantar la corrección del precio del cobre y volver a estimar el PIB tendencial, de modo de iniciar el segundo semestre sobre nuevas bases y una ley complementaria de presupuestos para el año 2006, sostuvo.
El mayor gasto público en inversión, compatible con el nuevo escenario y manteniendo la regla del superávit estructural del 1%, permite avanzar en varias tareas del propio programa de gobierno, al realizar los siguientes programas y proyectos que requieren de un financiamiento en divisas o moneda extranjera, sin expandir la demanda interna. Estos son:
1.- Expandir la infraestructura de investigación científica y tecnológica, pública y privada, otorgando créditos de largo plazo a Universidades, empresas privadas y a las instituciones del sector público. Todas estas entidades deben ampliar y modernizar los equipos y laboratorios que hacen posible la investigación pura y la aplicada, así como la investigación y desarrollo. Estamos en condiciones de alcanzar la meta de elevar los gastos en I+D al 2% del PIB, por los próximos dos o tres años.
2.- Modernización tecnológica de los establecimientos hospitalarios y de las instituciones educacionales que, en el caso de ser privadas, deberán contar con acceso a créditos de largo plazo para su financiamiento.
3.- Crear un Fondo de Garantías crediticias para mejorar las condiciones de ventas de las PYMES en el exterior, como crédito de proveedores, de un 0,5% del PIB, equivalente a un monto cercano a los US$ 600 millones.
4.- Un Programa extraordinario de becas al extranjero, sobre la base del actual Programa de Becas Presidente de la República.
5.- Un programa amplio y diversificado de apoyos crediticios a los productores medianos y pequeños, afectados por la caída del tipo de cambio, con operación descentralizada por regiones y sectores productivos.
6.- Desarrollar una nueva institucionalidad que erradique e impida la operación de las actuales prácticas comerciales expoliatorias entre los grandes y las pequeñas y medianas empresas. Estas prácticas se originan en la grandes asimetrías de poder de mercado existentes, explicando gran parte de la concentración económica y de la injusta distribución del ingreso de la economía chilena.. Este nuevo modelo de negocios contribuirá a distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico y a un mejor aprovechamiento del potencial productivo de las pequeñas y medianas empresas, con un impacto positivo sobre el empleo.
7.- Generar un Fondo de Capitalización para CODELCO que le permita realizar las inversiones necesarias para darle sustentabilidad de largo plazo, asegurar así la estabilidad del financiamiento público en moneda extranjera y no comprometer la clasificación de riesgo de la empresa y del país, Este fondo debiera ascender a unos US$ 600 millones anuales.
8.- Desarrollar un programa de promoción y financiamiento de energías alternativas y no convencionales, capaces de reducir nuestra dependencia energética, suprimir una de las principales restricciones a nuestra expansión productiva y asegurar una alta tasa de crecimiento económico de largo plazo.
9.- Desarrollo de Centros de Transferencia Tecnológica a niveles sectoriales, regionales y comunales, especializados de acuerdo a las vocaciones productivas y ventajas comparativas de cada región y sector, y con capacidad de apoyar las iniciativas productivas de los gobiernos municipales.
10.- Establecer un Fondo de Cooperación Financiera Internacional que contribuya al desarrollo económico y social de los países más pobres de América Latina, con facultades para operar en forma bilateral y de triangular la ayuda al desarrollo con otros países y organismos internacionales. Esta cooperación es una responsabilidad moral del país y una contribución a la construcción de un mundo globalizado más solidario, justo y capaz de asegurar una paz estable entre las naciones, que también beneficia a nuestro país.
Al respecto, Humberto Vega señaló que los países que podrían recibir esta ayuda del Fondo de Cooperación Financiera Internacional propuesto por el PS serían Haití, Ecuador y Bolivia.
11.- Apoyo decidido al proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que considera el Fondo de Estabilización Económica, las Normas para la Operación del Fondo de Reserva de Pensiones, los criterios de inversión de ambos recursos y los Aportes de Capital al Banco Central. Recomendamos enfatizar su urgencia y tratar de que empiece a operar en plenitud el 30 de junio próximo. Es fundamental que los intereses que genere el Fondo refuercen la Política de Protección Social y sus programas prioritarios, asegurando así que los más pobres y marginados se beneficien con la actual bonanza del cobre.
Todas estas propuestas deben inscribirse en una definición estratégica que considere una nueva política cambiaria, una política de inversión pública más ambiciosa en su orientación del crecimiento económico, el compromiso de largo plazo con el desarrollo exportador y una clara voluntad de erradicar las injustas desigualdades de la economía chilena.
Santiago de Chile, 18 de mayo 2006
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