Así lo manifestó en un diálogo exclusivo con la agencia de noticias Prensa Latina, durante el cual habló sobre los obstáculos a su gestión y otros temas.
En realidad, dijo, solamente un 40 por ciento de los problemas sociales y políticos que tenemos tienen que ver directamente con el gobierno, el resto corresponde a otras instancias, como las prefecturas (gobiernos reginales).
El mandatario citó una reciente encuesta que le asignó 67 por ciento de aprobación ciudadana y 72 por ciento de aval a su gobierno, y advirtió que, con tal apoyo «no podrán amedrentarnos».
Ese respaldo, mayor al 53 por ciento que en 2005 lo ungió como el primer presidente con mayoría absoluta de votos en décadas, determina que Evo Morales vea las dificultades con mayor tranquilidad.
El pasado 20 de julio, además, dos millones de manifestantes de La Paz y el vecino municipio de El Alto rechazaron una campaña regionalista y conservadora para trasladar la sede del gobierno a la sureña ciudad de Sucre, capital histórica de Bolivia.
Esa pretensión, según diversas denuncias, forma parte de una ofensiva para debilitar al gobierno y frustrar la Asamblea Constituyente instalada el año pasado.
En la agenda de conflictos, Morales mencionó la campaña para bloquear la Constituyente, con maniobras y presiones -dijo- para que no se amplíe su vigencia hasta diciembre y termine en agosto sin elaborar una nueva Carta Magna de sello transformador.
También refirió las presiones para mantener el Código de Minería -que el gobierno quiere cambiar para recuperar esas riquezas- y las acciones de algunas prefecturas dirigidas por elementos opositores y derechistas contra la administración gubernamental.
Esos gobiernos regionales -opinó- promueven el regionalismo y hasta amagan con amenazas secesionistas, pero, paradójicamente, acusan al gobierno de dividir al país por llevar adelante un proyecto transformador antineoliberal.
«Hay un conspiración en marcha y es una conspiración interna y externa», aseguró el presidente boliviano, quien forjó el Movimiento al Socialismo (MAS) desde el liderazgo de las organizaciones campesinas de cultivadores de hoja de coca.
Entre los indicios de la conspiración apuntó que el embajador norteamercano pasa 12 días al mes en Santa Cruz, ciudad del oriente del país cuya élite política encabeza la oposición, reemplazando a los partidos de derecha.
«Habría que preguntarse qué hace allí», precisó el mandatario, tras recordar que durante la Cumbre Sudamericana de 2006 dos falsos periodistas norteamericanos fueron sorprendidos haciendo fotografías y dando seguimiento a él y a otros presidentes invitados.
Más recientemente, una joven norteamericana, ligada a la embajada de ese país, fue detenida cuando ingresaba a Bolivia con 500 proyectiles en su valija.
Ante ello, Morales insiste: «Tenemos sin embargo el apoyo del pueblo, la gente nos brinda su cariño y nos aplaude, quiere justicia y paz».
Parte de la llamada conspiración contra el gobierno del MAS se expresa a través de medios privados de difusión, pese a lo cual «la libertad de prensa se mantiene, y no solo eso, pues hay libertinaje», dijo el jefe de Estado.
Ante la ofensiva de esos medios, destacó la instalación de la red Patria Nueva, de la radioemisora estatal del mismo nombre, con 30 estaciones en todo el país.
En realidad -acotó- la gente ya no cree en los medios privados opositores, «así que no nos interesa que sigan sus campañas».
Morales se refirió con orgullo de la medida insignia de su administración, la nacionalización de los hidrocarburos, reclamada por grandes movilizaciones populares que desde el año 2000 abrieron el camino al cambio, tras derrotar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.
Esa iniciativa, dijo, «está en proceso de consolidación», tras la llamada protocolización de nuevos contratos con empresas extranjeras, ajustados a las nuevas condiciones, en las que el Estado ha vuelto a ser el dueño de los yacimientos de gas y petróleo, y refinerías.
Ahora, anunció Morales, deben ejecutarse los planes de inversión de los socios (las empresas), que ya no son dueños de los recursos bolivianos.
Avanzaremos a la industrialización y esperamos que también a la exploración de nuevos campos, indico.
Gracias a la nacionalización -informó- nuestros ingresos por los hidrocarburos han aumentado de 300 millones a mil 600 millones de dólares anuales, y ese dinero lo vamos a usar en obras públicas y otras acciones de beneficio popular.
La Paz, 25 de julio 2007
Prensa Latina , 0, 39, 11
