Una exclusión y una ilegalidad al cual las autoridades a cargo del sistema ya nos han acostumbrado. Así se expresan impotentes los usuarios con discapacidad y sus familias, un enorme segmento de la población que al quedar fuera del servicio, sigue viendo severamente pasados a llevar sus derechos, efecto-causa de las innumerables fallas técnicas y humanas del sistema.
El 13 de Abril pasado, la Fundación Nacional de Discapacitados, entregó al Gobierno un paquete de cinco medidas a implementar con urgencia. Las propuestas fueron entregadas en reunión privada a la actual Ministra de Planificación Nacional Clarisa Hardy para ayudar a hacer un sistema de transportes accesible e integrador para más de 2 millones y medio de personas con discapacidad que viven en el país.
No ha habido respuesta oficial del gobierno y lo que es peor, la ausencia de un diseño accesible e integral en el transporte público, sigue excluyendo a los discapacitados de norte a sur del país, impidiéndoles ejercer el legítimo derecho humano de transportarse en sus ciudades. Existe omisión y desinterés de las autoridades, en cuanto a respetar las leyes nacionales e internacionales que señalan la gravedad de hacer funcionar sistemas de transportes que excluyan a los discapacitados.
La realidad es que las propuestas no han sido escuchadas y son infinitas las vallas que deben sortear por ejemplo, las personas en silla de ruedas o sin visión. Tacos de personas al momento de querer abordar los buses y el tren subterráneo, que no cuenta con accesos especiales en las líneas 1 y 2 (los trazos más importantes del recorrido) por una razón corporativa inaceptable: falta de recursos.
El broche de oro lo constituyen torniquetes del todo incómodos y un sistema de pago que una persona sin brazos, espástica o sin visión simplemente no puede utilizar.
La empresa Metro S.A. administradora del ferrocarril metropolitano, nos ha mal acostumbrado a un estilo de transporte segregario, ilegal, excluyente y discriminador. Bancarse interminables filas para comprar un boleto en las horas punta, pasillos y vagones subterráneos saturados y carentes de oxigeno -los cuales ya han cobrado la vida de varios usuarios- son otros capítulos de esta teleserie política que podríamos llamar dulce condena.
No basta con tener buen estado físico, sino que además hay que tener nervios de acero para ir como ovejas de rebaño campestre, subiendo y bajando escaleras, ordenados y en filitas, a veces obligados por los señores vestidos de amarillo que vociferan exigiendo orden a los peatones subterráneos. ¿Para que?.
Para que No pasen la línea amarilla, sigan la flecha roja, para que paren, para que sigan caminando, caminen por la derecha, no aborden el tren de frente, para que tengan cuidado a la hora de bajar y un sin número de paraqués que si no los cumples, te ganas la mirada condenatoria de más de un usuario, que más allá de la mala atención del servicio, a veces se pone la camiseta de la empresa metro. Es lo que hay pareciera ser la máxima de todo servicio público, mientras el sentimiento de abnegación e impotencia citadina arrasa. No podemos conformarnos con esta respuesta cliché e inerte.
Los usuarios con discapacidad y sus familias exigimos a la administración de la Empresa Metro S.A. y a las autoridades del Transantiago (como ciudadanos y clientes que somos del servicio) algunos requisitos básicos para atreverse a trasladar personas: Para que mejore la atención, construya accesos para personas con discapacidad, antes de poner en funcionamiento una estación-, construya urgente accesos especiales para discapacitados en las estaciones 1 y 2, aumente la frecuencia de los carros, amplíe los pasillos, ¡no somos ovejas!, respete la diferencia.
Aumente las cajas de venta de boletos, no sea prepotente, insolente e ilegal, no pinte de blanco los antiguos buses amarillos, no nos engañe, no pase a llevar la ley de la discapacidad ni nuestros derechos humanos, camine por el lado de la legalidad, estudie los derechos de las personas con discapacidad, escuche y responda sus propuestas, sea respetuoso.
¿Será necesario que un usuario con discapacidad demande al Estado por discriminación, publicidad engañosa e ilegalidad?. Varias organizaciones han recibido propuestas de abogados dispuestos a demandar al Estado Chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por flagrante discriminación.
Por Alejandro Hernández, es Presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados.
Mail: director@fnd.cl / Web Site www.fnd.cl
Santiago de Chile, 3 de agosto 2007
Crónica Digital , 0, 51, 20
