La prevision es analizada ante el peligro de fuga del ex gobernante, acusado aquí de graves violaciones de derechos humanos y corrupción y quien no descarta la posibilidad de regresar a Japón, desde donde llegó a Chile hace un año.
El jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Omar Chehade, precisó que este organismo coordina con el abogado de Perú en el juicio de extradición, medidas para evitar el del ex mandatario peruano-japonés.
Entre esas acciones mencionó un pedido de que el juzgado chileno que atiende el caso revoque la libertad provisional concedida a Fujimori y la cambie por prisión efectiva.
La justicia chilena anunció hoy el fin de la etapa de investigación del caso y el inicio de la etapa de alegatos de las partes, previéndose la sentencia para las primeras semanas de 2007.
El primer secretario de la embajada de Japón en Perú, Yasushi Sato, aseguró que su gobierno, que se ha interesado en el proceso de extradición, respetará la sentencia judicial y no hará nada para evitar su entrega.
Sato dijo, sin embargo, no saber que pasaría si Fujimori, que tiene también nacionalidad japonesa, se presenta a la embajada de la nación asiática a pedir asilo.
El abogado del Estado peruano en el proceso, Alfredo Etcheberry, expresó su preocupación ante la posibilidad de que Fujimori se fugue y pida asilo en la representación nipona.
Chehade se declaró confiado en la extradición del ex jefe de Estado porque hay abundantes indicios de su culpabilidad.
Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo el régimen de Fujimori (1990-2000) dijeron desconfiar de la justicia chilena por haber esta demorado excesivamente el caso.
No hay señales confiables para pensar que el ex presidente será entregado, según, Gissela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes asesinados en 1992 en una operación del Grupo Colina, comando ilegal de exterminio.
Agregó que la confiabilidad de la justicia chilena se ha desdibujado por presiones del gobierno japonés y de los abogados de Fujimori y por su falta de rigor en casos internos, como el del impune ex dictador Augusto Pinochet.
Raida Cóndor, madre de Armando Amaro, otro de los asesinados por el Grupo Colina, dijo que los jueces chilenos atienden a los allegados a Fujimori, pero se niegan a recibir a los familiares de las víctimas del ex gobernante.
Lima, 6 de noviembre 2006
Prensa Latina , 0, 120, 11
