Las irregularidades verificadas, sistemáticamente denunciadas por la Central Unitaria de Trabajadores y los partidos de la izquierda chilena, tienden a confirmar el fracaso de la política laboral del gobierno del presidente Ricardo Lagos, a punto de concluir su mandato.
La comisión investigadora concluye que la reforma laboral aplicada por la administración «ha sido como menos insuficiente» para terminar con los graves problemas detectados en un estudio similar realizado hace cuatro años por el legislativo.
A juzgar por los resultados, adelantados parcialmente por el semioficialista diario La Nación, el gobierno del presidente Lagos poco o nada ha hecho para cambiar la situación laboral de los chilenos, que en nada se han beneficiado del crecimiento económico.
«Mientras el país ha tenido altas tasas de crecimiento con resultados cada vez más favorables a las grandes empresas (privadas), los trabajadores de éstas se sienten sistemáticamente al margen de los beneficios que con su trabajo diario contribuyen a producir», apunta.
Los antecedentes recogidos por los diputados permiten también decir que en Chile se mantienen las discriminaciones por sexo u opción sexual, edad y condición social, y que persisten las prácticas antisindicales en muchos sectores.
Entre las irregularidades citadas se destacan abusos en el pago de imposiciones y en el respeto de la jornada de trabajo y turnos, además que faltan recursos para la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, punto que alarma a las autoridades.
Se espera que la comisión proponga hacer varios cambios a la ley de Reforma Laboral, insistiendo en temas como la eliminación del concepto de empresa, mejor reglamentación de la subcontratación, y nuevas interpretaciones a las normas contra prácticas antisindicales.
Los legisladores se refieren igualmente a la necesidad de que el gobierno destine mayores recursos a la fiscalización de las empresas, para hacer cumplir los derechos fundamentales de los trabajadores y el respeto de la jornada laboral.
Hasta comienzos de este año, que entró en vigor una ley aprobada desde el 2001 y que reduce de 48 a 45 las horas laborables en la semana, las jornadas de trabajo en Chile eran de las más largas del mundo (hasta 12 horas diarias).
En contraste con sistemáticas denuncia de los gremios, la Dirección del Trabajo anunció en un informe reciente que la nueva ley se estaba cumpliendo en más de un 90 por ciento de las empresas, afirmación que pone seriamente en duda la investigación legislativa.
En las grandes empresas privadas de servicios, como cadenas de supermercados, tiendas y farmacias es donde más irregularidades se detectan. «Existe una sensación de inseguridad para quienes se atreven a formar sindicatos y a afiliarse a uno de ellos», afirma el informe.
La fuerza asalariada en Chile corresponde a 3,5 millones de trabajadores y sólo el cinco por ciento está cubierto por instrumentos colectivos.
Aunque la última reforma reforzó este tema y la tasa de sindicalización se ha incrementado ligeramente, la comisión detectó «un sinnúmero de prácticas antisindicales», según la versión adelantada por La Nación.
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