En los años de Dictadura corría el mito urbano que el ex general Manuel Contreras había sacado de Chile, por el extremo sur del país y en barco, decenas de baúles con información secreta que daba cuenta de todo lo realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante toda su existencia como el principal organismo represivo encabezado por el general Augusto Pinochet.
El mito se fundamentaba que la decisión del ex general Contreras era resguardarse de las posibles venganzas en su contra tras la disolución de la DINA y la creación de la CNI a cargo del general Odlanier Mena quien, en esos años tenía una abierta disputa de poder con el siniestro hombre fuerte de los aparatos de seguridad del régimen.
Los archivos de la DINA, según el mismo mito, contenían no solo la información respecto de las formas de operar de la siniestra maquinaria represiva sino que también la participación de destacados personajes del régimen pinochetistas, de los organismos de inteligencia que ayudaron a la Junta Militar para dar el Golpe en contra del Presidente Salvador Allende, como la CIA y los grupos fascistas y nacionalistas que aportaron no solo con recursos económicos sino con personal especializado para aplicar la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad en contra de los chilenos opositores.
La duda quedó en el imaginario colectivo de los partidos políticos, de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la Iglesia. Hasta ahora este mito comienza a conformarse en una desbordante realidad.
La aparición del documento que establece el seguimiento previo al asesinato del ex comandante en Jefe del ejército, general Carlos Prats y su esposa en el barrio de Palermo en Argentina es una muestra que los archivos existen o, a lo menos, que no todos los documentos fueron eliminados por los militares y agentes de seguridad.
Es esta la duda que hoy plantea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo al solicitar que el Ejército hoy no existe justificación política, técnica o administrativa para que la institución castrense continué manteniendo, en su poder, los archivos que pertenecieron a la DINA y a la CNI.
Para ello, Naranjo ya anunció que presentará un proyecto de ley que obligue a los militares a traspasar al Ministerio del Interior toda la documentación que exista de los organismos de inteligencia.
No hay que olvidar que el documento presentado por el brigadier en retiro Pedro Espinoza data del año 1974 y habría estado oculto por 30 años en las bodegas del edificio de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, la Ley 18.943 que trasfiere toda la documentación e infraestructura de ambas organizaciones represivas al Ejército buscó, precisamente, ocultar el actuar y los crímenes de la DINA y posteriormente la CNI y, entregó toda esta información de inteligencia y represión a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), órgano que en democracia siguió desarrollando políticas de espionaje en contra de los partidos oficialistas y de oposición a Pinochet.
EL VALOR DE LA INFORMACIÓN
Es indudable que de comprobarse la existencia material de estos archivos del terror se abre una puerta aún no dimensionada por la clase política o, quizás sí. Nos vienen a la mente los llamados acuerdos políticos de la transición, los que se hicieron a espalda de los chilenos por el naciente gobierno de Patricio Aylwin.
El documento que involucra al seguimiento de Prats obliga también conocer dónde está la información que por años recopiló la Vicaría de la Solidaridad. No hablamos de los casos judiciales que están a buen resguardo en la fundación católica sino a los cientos de investigaciones que los equipos de la extinta Vicaría realizaron desde su creación hasta su disolución y que hasta la fecha no existe certeza de su destino o de su acceso público.
¿Qué decisiones políticas se adoptaron para asegurar la tranquilidad ciudadana y la naciente democracia?, ¿Quiénes optaron por guardar silencio?, ¿En cuantos años más Chile estará preparado para conocer toda la verdad, tanto dolor, tanto crimen?.
Conocer los archivos del terror de donde el ex brigadier Pedro Espinoza saco como el mago de su sombrero- el documento del caso Prats es fundamental en los procesos de reencuentro y paz social. Ello, porque permitiría conocer detalles de quienes participaron en el asesinato, secuestro y desaparición de miles de compatriotas durante los 16 años y seis meses que duró la Dictadura. Permitiría saber el nombre de quien violó, delato y traicionó a sus camaradas de partido.
Conocer la verdad, hacer justicia y castigar a los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos en Chile no es un signo de odio o revanchismo, significa poder reencontrar a los chilenos. De mirarse a la cara y recordar a los mártires con la dignidad de haber dado lo mejor de ellos, sus propias vidas. La reconciliación se hace a mano limpia sin secretos, sin mentiras.
Por Roberto Portilla. Editor General Crónica Digital.
Santiago de Chile, 28 de junio 2007
Crónica Digital
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