Los máximos dirigentes del PC transmitieron su posición a la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, según explicó hoy el presidente de la agrupación Guillermo Teillier en una rueda de prensa.
La decisión fue adoptada ayer por autoridades vinculadas a la seguridad pública, que encabeza el ministro del Interior Belisario Velasco, y está dirigida a evitar actos de violencia como los ocurridos el pasado 11 de septiembre cuando encapuchados lanzaron una bomba casera contra La Moneda.
La medida prohíbe marchas y actos masivas en los alrededores de Morande 80, puerta lateral por donde entraba y salía el presidente Salvador Allende de sus oficinas ejecutivas, y en las proximidades del monumento del ex mandatario en la Plaza Constitución.
Los dirigentes del PC expresaron a Veloso su molestia por la limitación en el marco de un encuentro donde también trataron aspectos relativos al sistema electoral binominal y las demandas sociales pendientes, como la de los trabajadores de la salud.
«Quiero plantear responsablemente que nosotros el día martes, vamos a presentar un recurso de amparo ante esta determinación del ministro del Interior», dijo Teillier, quien calificó la prohibición como «un retroceso muy grande».
«Creo que hay un abuso porque se trata de igualar un hecho terrible, que fue el bombardeo de los militares golpistas contra La Moneda, con una molotov que se tira a una ventana, un hecho que repudiamos, pero que no da para tomar esta medida tan drástica», dijo.
Destacó que la medida impide el libre tránsito de las personas y acercarse a lugares que son simbólicos, sobre todo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los simpatizantes de Salvador Allende, expresó.
Además de las restricciones alrededor del Palacio de Gobierno, la comisión de seguridad estudia otras medidas restrictivas como parte de un plan para contrarrestar la creciente violencia que afecta el país.
Los actos de protesta por el aniversario del sangriento golpe militar de 1973 y la muerte del presidente Allende dejaron este año un centenar de heridos, casi medio millar de detenidos y pérdidas cuantiosas en virtualmente todas las comunas de esta capital.
Mientras el gobierno y los partidos políticos conservadores atribuyen la violencia a la delincuencia, la izquierda y sectores progresistas advierten que el fenómeno responde en gran medida a la discriminación y exclusión que sufren amplias capas de la sociedad.
Santiago de Chile, 23 de septiembre 2006
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