Berrios, ex agente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, fue asesinado en Uruguay luego que presuntamente fuera sacado del país a principios de la década de 1990, para impedir que delatara el uso de gas sarín por los cuerpos represivos de la dictadura.
El canciller valorar la independencia de los tribunales uruguayos y precisó que el paso siguiente es coordinar con Montevideo para determinar los mejores procedimientos en pos de un normal proceso de extradición.
«El gobierno de Chile está muy satisfecho con este fallo, que demuestra la independencia de los tribunales uruguayos», subrayó Foxley tras resaltar que «es un paso adelante en clarificar materias pendientes de derechos humanos».
El secretario de Estado agradeció asimismo «la actitud del gobierno de Montevideo que en estas materias nos ha manifestado su plena cooperación para que el proceso de extradición cuando corresponda ocurra con plena normalidad».
Foxley explicó que aún existen otros pasos procesales antes de que los ex militares lleguen a Chile, «los que en todo caso -agregó- debieran ser bastante breves ya que el fallo fundamental ya fue comunicado y resuelto por unanimidad».
Berrios se presume estuvo involucrado en la muerte del ex presidente democristiano chileno Eduardo Frei Montalva (1966-1970), ocurrida por una extraña infección cuando se recuperaba de una operación de hernia en una clínica de Santiago, en 1982.
La familia del ex gobernante y el juez Alejandro Madrid, a cargo de la investigación del caso, se mostraron hoy también satisfechos por la decisión de la justicia uruguaya que -dijeron- permitirá finiquitar las indagatorias sobre la participación de ex militares en estos hechos.
Según Madrid, los uniformados uruguayos pueden dar luz sobre la asociación ilícita que existió en el Ejército de Chile para ocultar a quienes estaban vinculados a casos de violaciones de derechos humanos y que debían declarar ante tribunales a principio de los años 90.
Añadió que está a la espera de la notificación oficial del juez uruguayo Gustavo Mirabal -que en septiembre de 2004 aceptó el pedido de extradición- quien a su parecer ya decretó la detención de los tres militares para su notificación.
Santiago de Chile, 26 de marzo 2006
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