Sabemos del largo legado de injusticia en que se incuba la rebeldía del pueblo mapuche y su lucha incansable por recuperar la dignidad, indicó un comunicado público de la organización de izquierda.
El médico mapuche Juan Carlos Reinao advirtió ayer que debido a la grave situación medica de los huelguistas, evaluarían la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante los tribunales que los liberen de la tortura física y psicológica que enfrentan en el penal regional.
«En las condiciones que están, luego de tanto tiempo sin ingerir alimentos sólidos, si ahora se niegan a tomar líquidos no durarán más de seis días», aseguró el especialista después de haberlos visitado en el nuevo lugar de reclusión.
Patricia Troncoso, Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao y Florencio Marileo tomaron la extrema decisión luego de que fueran trasladados engañados el pasado fin de semana desde la cárcel de Angol, donde se encontraban, y fueron llevados hasta Temuco, capital de la Novena Región.
La IC Reconoce, en su declaración, que en el pueblo mapuche la raíz más profunda del pueblo mestizo que es Chile y, por ello, nos duele la situación en que actualmente se encuentra sumido por efecto de la represión vivida bajo la dictadura militar y la mezquindad de las políticas de la Concertación, que ha sido incapaz y no ha tenido la voluntad política de resolver las demandas de los pueblos originarios.
Apoyamos decididamente las demandas de reconocimiento constitucional a todos los pueblos originarios y la recuperación de sus tierras ancestrales. Sin embargo, sostiene el partido de raíz cristiana que hoy es de primera prioridad dar los pasos necesarios para lograr poner fin a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche en la cárcel de Temuco y para ello demandamos al gobierno dar los pasos que se requieran para lograr este objetivo. La deuda histórica del estado y los compromisos internacionales así lo exigen.
Los cuatro fueron juzgados por una ley antiterrorista heredada de la dictadura militar y condenados a 10 años de prisión y el pago de una indemnización de 800 mil dólares por presuntamente haber dado fuego a los predios de una firma forestal extranjera en el sur del país.
Los líderes indígenas reclaman ser sometidos a un nuevo juicio en tribunales civiles, en los cuales se les permita demostrar su inocencia, y ser trasladados mientras tanto a un centro penitenciario donde tengan mejores condiciones y puedan permanecer juntos.
Pese a fuertes presiones de organizaciones indígenas, sectores políticos y organismos internacionales el gobierno sólo se comprometió a no invocar en futuros conflictos con comuneros la repudiada ley antiterrorista, aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet.
Familiares y amigos advirtieron que de los cuatro, la que peor condiciones enfrenta es Patricia, la única mujer del grupo, que pese a su precario estado de salud se halla encadenada a la cama, separada de sus compañeros y bajo constantes amenazas y presiones sicológicas.
Santiago de Chile, 4 de Mayo 2006
Crónica Digital , 0, 85, 13
