La iniciativa que tiene como objetivo fundamental terminar con los resquicios que utilizan los padres o alimentantes para no cumplir con el pago alimentos, fue despachada a la Cámara de Diputados a cumplir su tercer trámite legislativo.
En la sesión, en la que participó la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, intervinieron los senadores Soledad Alvear, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo, Guillermo Vásquez, Juan Pablo Letelier, Hernán Larraín, José Antonio Gómez, Baldo Prokurica y Pablo Longueira.
En lo fundamental, el texto legal permite que las madres, cualquiera sea su edad, puedan solicitar ante los tribunales el pago de pensiones para sus hijos y los que están por nacer.
Asimismo, fija la obligatoriedad de los alimentantes (o demandados) de entregar información respecto de sus cambios de domicilio o de lugar de trabajo dentro de 30 días y aquel que no cumpla con la norma, será sancionado con una multa de 1 a 15 Unidades Tributarias Mensuales, entre $32.000 a $480.000, a beneficio fiscal.
Por otra parte, los jueces que no fijen de manera oportuna la pensión de alimentos provisorios podrán ser sometidos a sanciones disciplinarias.
También se propone suspender la licencia de conducir por un plazo de hasta seis meses, prorrogables por igual período, si el alimentante persistiere en el incumplimiento de su obligación y se permite retener las devoluciones de renta, en los mismos casos.
Además, se faculta a los tribunales para «ordenar el allanamiento y descerrajamiento en el caso de no haberse logrado que el alimentante pague la pensión».
Santiago de Chile, 18 de octubre de 2006.
Crónica Digital
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