La entidad es objeto de airadas críticas luego de reconocer que de cerca de un centenar de cuerpos identificados hace 15 años y entregados a presuntos familiares, 48 estaban equivocados y en otros 37 no pueden asegurar que efectivamente correspondan a sus seres queridos.
Denuncias de la iglesia forzaron en 1991 a realizar excavaciones en el Patio 29 del Cementerio General que llevaron al descubrimiento de 107 tumbas con 126 personas enterradas, en su mayoría víctimas de la dictadura militar que habían sido detenidas tras el golpe de 1973.
Luego de un penoso proceso de identificación, los restos de 97 de ellas fueron entregadas a presuntos familiares que les dieron sepultura en distintos lugares del país y los lloraron durante 15 años como si fueran sus seres queridos.
Pese a que desde 1994 existían evidencias de que se habían cometido errores garrafales en la identificación, sólo el pasado miércoles el SML y autoridades del gobierno reconocieron el hecho, en medio de una conmoción nacional.
Ante las fuertes protestas de los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, Jiménez indicó que solicitará el martes 2 de mayo la creación de un grupo de legisladores que investigue lo sucedido y determine las responsabilidades que le caben al SML.
«Nosotros no buscamos ensañamiento de nadie (…) Lo primero es saber la verdad, que exista justicia, pero que tampoco se juzgue a nadie a priori», afirmó ayer el parlamentario durante una conferencia de prensa.
Jiménez, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, respaldó también una solicitud de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para que los restos sean ahora analizados en laboratorios extranjeros.
La investigación legislativa había sido demandada por la abogada de derechos humanos Pamela Pereira, hija de una de las víctimas, quien ya en 2002 había interpuesto una demanda en los tribunales para que se aclarara los trascendidos.
Pamela pidió además la renuncia del director del SML, Oscar Vargas, pero Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, fue más allá y exigió que se investigue también la responsabilidad de ministros y autoridades del gobierno que no escucharon las demandas de los familiares.
«No quisiéramos que la solución que se encuentre para esta tremenda y brutal tragedia sea que se despide el director del SML y aquí todo concluyó», explicó la dirigenta.
Santiago de Chile, 23 de abril 2006
Crónica Digital/PL , 0, 49, 3
