La Fundación ha monitoreado las calles y observado con impotencia la total ausencia de accesos especiales y espacios para que las personas con discapacidad y sus familias puedan trasladarse con normalidad en el transporte público.
Son cientos de miles la cantidad de niños, mujeres y hombres con discapacidad que han quedado excluidos de un sistema de transportes que al parecer no fue planeado para trasladar personas. Cuando el transporte es inhumano y no respeta los derechos básicos, resulta del todo atentatorio contra la salud mental y física de las personas. Cuando el transporte tiene rasgos despiadados, resulta un caldo de cultivo que genera aun más estrés, ansiedad, crisis de pánico, desmayos y dolencias físicas a causa de las condiciones infrahumanas que se deben soportar.
La Convención Internacional por los derechos de las personas con discapacidad firmada por el Estado de Chile en Marzo pasado, hace hincapié de que los Estados firmantes tienen la obligación de respetar la Dignidad inherente a todo ser humano, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas con discapacidad.
El Estado debe velar por la no discriminación; La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; La igualdad de oportunidades; La accesibilidad; La igualdad entre el hombre y la mujer y El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, entre otras.
El sistema de transportes Transantiago sufre de discapacidad empática y atropella literalmente todos los derechos internacionalmente estipulados. Cuando el transporte de la ciudad resulta del todo inaccesible para las personas con discapacidad, denota un estilo político lamentable, que aun en Chile sigue resultando inoficioso y reactivo a la hora de integrar a este enorme segmento de la población.
La Fundación Nacional de Discapacitados, ONG cuyo fin es educar y promover los derechos de todas las personas con discapacidad que viven en el país, ha sido la única organización que ha difundido y concientizado proponiendo medidas concretas al ejecutivo para que en Chile exista un transporte de pasajeros respetuoso, accesible e integral.
Es por eso que desde la Fundación reflexionamos y abogamos para que exista respeto por la diferencia. Para que las autoridades paren, miren y escuchen nuestra realidad y pongan en práctica cuanto antes las propuestas que entregamos en Abril pasado a la Ministra de Planificación Nacional Clarisa Hardy.
Nos referimos a la implementación de una tarjeta accesible y gratuita para que las personas con necesidades especiales puedan utilizar el transporte público en Chile de norte al sur del país (al igual que en Argentina la instalación de rampas hidráulicas en todos los buses; la habilitación urgente de rampas y ascensores para discapacitados en la línea 1 y 2 del Metro de Santiago; semáforos con sonido para personas con discapacidad visual y mejora definitiva de pavimento de calles y veredas.
Seguimos recibiendo denuncias a diario de personas con discapacidad que al intentar abordar los buses o el Metro urbano de santiago, han sufrido crisis de pánico, mareos, golpes y llantos estrepitosos, empujones y una profunda sensación de impotencia al vivir en carne propia la exclusión, la discriminación y en el mejor de los casos, el hacinamiento que transforma a los buses y a los carros del ferrocarril metropolitano (Metro) en latas rodantes.
Ni hablar de los andenes del metro, cada vez más peligrosos, debido al atochamiento humano que a diario pone en jaque la vida de los usuarios.
La inaccesibilidad y la mala calidad del transporte configura por un lado una grave exclusión y por otro, maltrato psicológico y físico hacia la población, especialmente contra las personas con discapacidad y sus familias. De no mediar una intervención inmediata, se augura como resultante, mayor hacinamiento en los consultorios y hospitales públicos (que a esta altura ya no dan abasto) por estrés, depresión y/o angustia en el transporte, todas causas generadoras de discapacidad en la actualidad.
Resulta urgente prestar atención al cuidado de la salud de la población. Más que preocuparnos por dotar de más camas en los hospitales y de abrir más cadenas de farmacias o expendedoras de drogas legales, está el desafío país de trabajar previniendo las causas generadoras de estrés y discapacidad.
Me refiero a los factores sociales y ambientales como la pobreza, la mala calidad del aire y especialmente la grave falencia en el transporte, que está mermando diariamente la salud mental, emocional y física de la población.
* Alejandro Hernández, es Presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados. Trabaja desde 1985 por la integración social de las personas con discapacidad / Mail: director@fnd.cl www.fnd.cl
Santiago de Chile, 7 de septiembre 2007
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