El presidente de la Comisión de Defensa de la instancia parlamentaria, Patricio Hales, informó que la solicitud ya fue cursada a fin de detener la operación en curso con el consorcio espacial EADS, valorado en 38 millones de euros.
Según la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, la compra de esta sonda fue inicialmente decidida a mediados del año pasado durante la administración del presidente Ricardo Lagos, cuando incluso se firmó un convenio de intención.
Fuentes oficiales indicaron durante la visita del presidente francés Jacques Chirac a Santiago a fines de mayo pasado que el nuevo Gobierno se tomará hasta mitad de julio para decidir si ratifica o no la decisión.
El satélite, con cámaras de alta resolución, tendrá uso militar y civil y será operado por personal de la Fuerza Aérea en instalaciones que serán financiadas, a su vez, por las compensaciones económicas derivadas de la compra de 10 aviones F-16 en Estados Unidos.
«Quiero decir que hace más de un mes manifestamos a la titular de Defensa que no queríamos más decisiones unilaterales del Gobierno en la compra de armamentos, sin información directa a la Cámara de Diputados», subrayó el diputado del Partido por la Democracia (PPD).
Hales se sumó, de esta forma, a las dudas planteadas por el también diputado oficialista Jorge Burgos, quien ha subrayado que aún existen muchos temas que deben ser aclarados, más allá del costo de la inversión, antes de tomar una decisión importante.
El legislador sostuvo que no se puede repetir lo sucedido con la compra de un centenar de tanques Leopard 2 en Alemania, cuando los integrantes del Congreso se enteraron por la prensa de su llegada al Ejército chileno.
Recalcó que la discusión de estas materias en todos los países democráticos se tiene que hacer con plena transparencia y con involucramiento de todos los sectores ciudadanos, en especial los elegidos por el pueblo.
«Además, me parece contradictorio que por un lado el Ministerio de Defensa anuncie su desacuerdo con la actual Ley Reservada del Cobre y, por otra parte, se acepte utilizar la misma ley para comprar el satélite», explicó.
La Ley Reservada del Cobre otorga a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento del total de las exportaciones del metal rojo que el país realice para la compra de armamentos, una asignación adicional al presupuesto normal que el Estado le asigna.
Con los altos precios del cobre, las instituciones castrenses han acumulado millonarios ingresos en los dos últimos años por ese concepto, una parte de los cuales ya fue invertida en una completa modernización de las tres ramas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
La compra del satélite ha despertado suspicacias en sectores políticos que critican el excesivo «secretismo» de las Fuerzas Armadas en la compra de armamentos sofisticados y el manejo de estos fondos.
Ello obligó a la ministra de Defensa a reunirse la semana pasada con los integrantes de la comisión de la Cámara en Valparaíso, donde entregó información sobre el proyecto que, según se informó, entregaría una serie de ventajas al país.
El satélite que podría adquirir Chile es de tamaño mediano y tiene equipos fotográficos de alta resolución. El modelo fue seleccionado tras analizar ofertas de Canadá, Israel y Corea de Sur, desechadas por su costo o uso.
Santiago de Chile, 13 de junio 2006
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