“CHILE NO AGUANTA UN CANDIDATO PRESIDENCIAL INVESTIGADO Y EVENTUALMENTE FORMALIZADO”

“Piñera pecó de codicioso. Al contrario a lo que muchos piensan, si hay alguien que hizo un diseño para pasar el sombrero fue el ex presidente, quien de hecho creó una empresa especial para estos fines, administrada por Valdés, quien además gestionaba las platas de campaña como administrador electoral”.

Hoy será formalizado Santiago Valdés, ex administrador electoral de la campaña presidencial de 2009 de Sebastián Piñera y quien además fue gerente de Bancard, empresa ligada al ex mandatario que es investigada por aportes irregulares por más de 665 millones de pesos.

Para el senador Alejandro Navarro “se le van agotando los subterfugios y los lugares donde esconderse al ex presidente Piñera; un millón de dólares en aportes irregulares no es algo que se pueda echar bajo la alfombra tan fácilmente”.

A juicio de Navarro “aquí deben establecerse todas las responsabilidades penales. Valdés no tiene por qué pagar todos los platos rotos, él solo era el administrador de Bancard, empresa controlada por Sebastián Piñera y que estuvo encargada de reunir, ordenar, destinar y ejecutar las platas para campañas políticas que recolectaba el ex presidente”.

Para Navarro “Piñera pecó de codicioso. Al contrario a lo que muchos piensan, si hay alguien que hizo un diseño para pasar el sombrero fue el ex presidente, quien de hecho creó una empresa especial para estos fines, administrada por Valdés, quien además gestionaba las platas de campaña como administrador electoral”.

En este sentido el congresista señaló “seamos claros, cuando Valdés emitía facturas a SQM, Aguas Andinas, Penta y otras empresas, no era porque era rubiecito o porque era ingeniero civil de la Católica, sino porque había un mandato, una orden, un autor intelectual, una persona con la influencia necesaria para pasar el sombrero y ese no es otro que el controlador de Bancard, Sebastián Piñera”.

Finalmente el parlamentario sostuvo que “de lo que diga Valdés ante el Ministerio Público depende que Piñera salga comprometido judicialmente, y por cierto, el futuro de su campaña presidencial. Chile no aguanta un candidato presidencial investigado y eventualmente formalizado. Ese sería la señal más clara de la crisis terminal que vive una casta política que está haciendo agua”.

“La derecha debe evaluar si va seguir apoyando a un candidato investigado. Ya cayó Longuiera por depresión, lo mismo ocurrió con Golborne, cuando salió a la luz pública su rol como gerente de Cencosud en los cobros abusivos de sus tarjetas de crédito, creer que Piñera es intocable, es un error”,  sentenció.

Santiago de Chile, 2 de octubre 2015
Crónica Digital

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Por Sergio Reyes: LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Vie Oct 2 , 2015
El mes de septiembre del 2015 ha estado cargado de noticias relacionadas con los derechos humanos en Chile. A 42 años del golpe civico-militar que destituyó al presidente electo democráticamente en 1973, Salvador Allende, por medio del magnicidio y una feroz represión contra el pueblo, aun no se cierran las heridas provocadas. Muchos de los actores directos de la represión han ido muriendo, al igual que las víctimas de los torturadores que sobrevivieron. Y se siguen destapando y procesando crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto el gobierno de la Nueva Mayoría actuó y sigue actuando vergonzosamente frente a una huelga de hambre de ex-prisioneros políticos que demandaron una mejoría de sus pensiones, reparación e indemnización. El gobierno de la Presidente Bachelet respondió con una Mesa de Alto Nivel que no llegó a acuerdo, excepto por un bono único de un millón de pesos que se encuentra entrabado con poca urgencia en el Senado. La Corte Suprema, en un fallo histórico (ver nuestra sección Documentos) del que poco hablan los medios de des-información, afirmó un fallo de dos instancias en el caso presentado por 31 ex-presos magallánicos, junto a su abogado Víctor Rosas, otorgando indemnización de $150 millones de pesos a cada uno de los demandantes. Afirmó también la Suprema que los crímenes de tortura no prescriben y que de acuerdo a los tratados internacionales firmados por Chile, el Estado debe indemnizar a las víctimas de dichas violaciones. Valga aclarar que estos 31 demandantes, ex prisioneros de la Isla Dawson, no fueron los funcionarios del gobierno de la Unidad Popular encarcelados allí, sino trabajadores y profesionales de la región. Este fallo sienta un precedente muy importante. Desde la bancada demócrata cristiana de la Cámara surgió un proyecto de ley que busca persuadir al Estado para actuar decentemente en el área de los derechos humanos, con medidas de reparación y justicia. Este proyecto (ver nuestra sección Documentos) igualmente rescata legislación internacional con la cual el Estado chileno debería de cumplir. Lo vergonzoso de este proyecto es que no son los partidos de la Nueva Mayoría, muchos de ellos como el Partido Socialista, Comunista, PPDs, Radical, etc. cuyos militantes fueron directamente reprimidos durante el periodo 1973-1989, los que presentaron esta propuesta de legislación. Parece que los nuevos legisladores de dichas organizaciones se olvidaron de esa generación de luchadores reprimidos y asesinados, y los mas viejos, prefieren callar y usufructar de los millonarios sueldos que les ofrenda el Estado. Curiosamente, la misma Democracia Cristiana, podía haber usado esta oportunidad para revelar el rol que jugó dicho partido en el golpe militar que dió lugar a estos crímenes de lesa humanidad que ahora necesitan ser reparados. Finalmente, la Unión Nacional de Ex-Prisioneros Políticos, que ya ha presentado una serie de demandas contra el Estado, muchas de ellas rechazadas y llevadas ante la Corte Interamericana de Justicia, se prepara ahora con el precedente establecido por la Suprema para abrir nuevas querellas contra el Estado y comienza un refichaje de ex-presos políticos y víctimas de la dictadura […]

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