Cerca de dos mil trabajadores, que iniciaron sus protestas el pasado 29 de diciembre, ocuparon esta madrugada la carretera del Cobre, que da acceso a la división de El Teniente, a unos 80 kilómetros de esta capital, para bloquear la llegada de los mineros a esa instalación.
Colocados en cuatro puntos de la ruta, los manifestantes impiden el paso de los buses con trabajadores hacia la mina, mientras cientos de efectivos policiales han sido movilizados en prevención de disturbios.
El General Jefe de la Sexta Zona, Raúl Retamales, destacó que hasta el momento las movilizaciones de los contratistas de El Teniente se han mantenido en un clima de tranquilidad. No obstante, ya dispuso reforzar los servicios preventivos en torno al paro convocado.
Los integrantes del gremio reclaman el pago de 500 mil pesos (cerca de mil dólares) a cada uno de sus 28 mil afiliados para compensarlos por las grandes utilidades obtenidas por la empresa como resultado de los altos precios alcanzados por el cobre en el mercado internacional.
El paro se inició en dos de las cuatro divisiones el pasado 29 de diciembre, en medio de la actual campaña presidencial, luego que las autoridades rechazaron de plano la demanda, que dicen no está al alcance de la empresa, la más grande del mundo en el sector minero.
Dirigentes gremiales indicaron que extenderán las paralizaciones en las faenas, además de El Teniente, a Codelco Norte, La Andina y Ventana, en protesta por el rechazo del gobierno a cumplir sus demandas.
Danilo Jorquera, dirigente nacional del sindicato, dijo que casi todos los contratistas iniciaron la huelga a las 05:30 hora local (08:30 GMT) en las cuatros divisiones de Codelco, que produce alrededor de 1,8 millones de toneladas de cobre al año.
«Iniciamos un proceso de asambleas, movilizaciones y paralizaciones que van a ir en ascenso», aseguró Jorquera, tras valorar como «un avance» un conjunto de reuniones realizadas ayer con ejecutivos de la empresa, representantes del gobierno y los empresarios privados.
El presidente Ricardo Lagos afirmó categóricamente ayer que «bajo ninguna circunstancias se pagará el bono», que costaría a la empresa estatal unos 28 millones de dólares, aunque no se ha cerrado a la discusión de un acuerdo.
Como resultado de la movilización, el tema de los contratistas o terceristas, una modalidad extendida por el sector privado en Chile para burlar sus obligaciones con los trabajadores, ha pasado al primer plano de la campaña electoral.
El candidato de la extrema derecha, Sebastián Piñera, un acaudalado empresario que se ha negado en el pasado a regular el papel de las empresas privadas que dedican a subcontratar trabajadores para ser ofrecidos en servicio a terceros, expresó su apoyo a la huelga.
Lagos no sólo lo acusó de oportunista, sino que lo retó a aprobar un proyecto de ley que está bloqueado por la oposición en el Congreso y que busca proteger el derecho de los trabajadores que son contratados bajo esta modalidad por empresas privadas.
Los contratistas, que se desempeñan en áreas que van desde servicios de alimentación hasta transporte, protestaron la semana pasada fuera de las minas, quemando neumáticos y basura y se enfrentaron con la policía, pero no lograron afectar la producción.
De lograr sus objetivos ahora, fuentes de la empresa afirman que las perdidas serían enormes, a razón de 10 millones de dólares diarios, a juzgar por el volumen de producción y el valor del metal rojo que exportan, que la semana pasada sobrepasó los 2,10 dólares la libra.
Santiago de Chile, 4 de enero 2006
Crónica Digital/PL
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