Las redes del terror que operaron con total impunidad en los años 70 y 80 del siglo pasado, al amparo de los organismos de seguridad de las dictaduras militares vuelven a hacer noticias en estos días en espacial cuando nos informamos del secuestro y desaparición del ciudadano argentino Jorge Julio López
La fallida implementación de leyes de auto perdón como fue la ley de Obediencia Debida y de Punto Final en Argentina, o de Caducidad en Uruguay o, de Amnistía en Chile (bajo la actual doctrina del secuestro permanente) han provocado que cientos de militares y agentes de seguridad estén comenzando a llenar las cárceles del continente por sus responsabilidades en crímenes en contra de la humanidad.
Pese a que por años los represores han utilizado legalismos y silencios cómplices para detener la acción de los tribunales no han podido lograr su objetivo y el brazo de la ley los está atrapando con éxito.
La justicia tarda pero llega dice el refrán popular. Sin embargo, lo preocupante es la seguidilla de noticias y denuncias de amenazas de muerte, secuestros y seguimientos que están siendo objeto periodistas, testigos y jueces vinculados a la defensa de los derechos humanos y, en el caso de Chile las denuncias de seguimientos que por años han sufrido detectives que investigan causas en contra de militares.
El hecho más violento y que recuerda los episodios más obscuros de la represión continental se registró a fines de septiembre cuando Jorge Julio López desapareció de su casa sin dejar rastro. El albañil de 77 años fue el principal testigo en contra del jefe de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, hoy procesado crímenes ocurridos en 1976.
Pero, las amenazas de ex agentes de seguridad de la dictadura argentina recien se comienzan a conocer tras la desaparición del albañil. A la fecha suman más de 20 los casos -entre testigos, jueces y fiscales que han participado en la búsqueda de la verdad en investigaciones de violaciones a los derechos humanos en la nación trasandina- lo que ha obligado a las autoridades judiciales a tomar medidas especiales de protección. Las amenazas en contra de María Isabel Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de Irma Eloy, otras de las testigos del caso Etchecolatz, que como López fue secuestrada y luego liberada, son una muestra de lo que sucede en el vecino país..
En Uruguay, producto de las primeras condenas a represores se ha comenzado a repetir estas prácticas terroristas. Hace algunos días el periodista Alfonso Lessa denunció haber sido objeto de amenazas de muerte a través de correos electrónicos de presuntos militares activos, justo en momentos cuando se inician procesos y condenas en contra de mandos de las Fuerzas Armadas y del general en retiro Gregorio Goyo Álvarez, uno de los principales represores charruas.
En el caso de nuestro país, en los últimos 16 años de democracia los servicios de seguridad de la Dictadura han continuado funcionando con total impunidad. Según datos de tribunales se han presentado varias denuncias por amenazas de muerte, lanzamiento de perros muertos a los jardines de hogares de los afectados, espionajes telefónicos y seguimientos por parte de ex agentes de la CNI, del DINE o del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). Sólo por nombrar algunos casos:
1992, caso Letelier, vigilancia del DINE al inspector Nelson Jofré.
1992, caso Tucapel Jiménez, amenaza de civiles en contra del detective Osmán Arellano.
1993, Caso Prats, seguimiento CNI-DINE en Argentina de los inspectores Castillo y Jofré.
1996, espionaje telefónico, casa del Director General de Investigaciones.
1998, caso Albania, amenaza contra el inspector Douglas Rodríguez
2001, caso Cutufa-CNI, seguimiento a
testigo por parte del DINE.
Esta cronología de hechos abarca un período de diez años y es lo que apenas se sabe. Además hay que sumar las últimas revelaciones de espionaje político que publicó la revista Qué Pasa donde sindica al general Jorge Ballerino, ex miembro del Comité Asesor de Pinochet y quien negociará con Enrique Correa la transición democrática en 1989, como responsable de las grabaciones a personeros políticos.
En lo concreto, los organismos de seguridad de las dictaduras latinoamericanas siguen funcionando y sus gobiernos no han sido capaces de desarticular esta cofradía de la muerte.
Respecto a lo que sucede en Chile los organismos civiles de inteligencia y las policías de Investigaciones y Carabineros al parecer- no han tenido la capacidad para detectar ni mucho menos desarticular a estas redes de ex agentes que siguen operando desde las sombras.
Es de esperar que lo que esta sucediendo en Argentina con Jorge Julio López o en Uruguay con el periodista Alfonso Lessa no se repita en nuestro país. El gobierno y el Ministro del Interior tienen la responsabilidad de evitarlo. El país de estar seguro que la democracia funciona y que los represores deben estar donde les corresponde, en la cárcel.
Por: Roberto Portilla. El autor es periodista y Editor general de Crónica Digital
Santiago de Chile, 12 de octubre de 2006.
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